A los 88 años falleció Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa sudamericano y jesuita de la historia. Su figura, atravesada por una fe inquebrantable, un espíritu reformista y una vida entre la humildad evangélica y los recovecos del poder, marca una era de profundas transformaciones en la Iglesia y el mundo.

La madrugada del 21 de abril de 2025 cerró un capítulo mayúsculo en la historia contemporánea: murió el Papa Francisco. A las 2.35, en la residencia de Santa Marta, su corazón —el mismo que batía al ritmo de las calles porteñas— dejó de latir. Su figura, de resonancia global, generó adhesiones fervientes y críticas severas, pero jamás pasó desapercibida.

Nacido en 1936 en el barrio de Flores, Jorge Mario Bergoglio emergió de una familia trabajadora de inmigrantes italianos con un arraigo católico profundo. Su biografía, lejana de los fastos clericales tradicionales, transitó la calle, el laboratorio y el aula antes que el púlpito. Técnico químico de formación, seminarista por vocación, sacerdote por destino.

Ordenado en 1969, su carrera eclesiástica se entrelazó con los avatares de la Argentina convulsionada. En los oscuros años de la última dictadura militar, su rol como superior provincial de los jesuitas fue tan polémico como decisivo. Si bien se lo ha acusado de omisiones, también es cierto que protegió y asistió en la huida de perseguidos por el régimen. Un equilibrio complejo entre la diplomacia silenciosa y la compasión activa.

Ya en su consagración como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio se convirtió en un símbolo de austeridad y compromiso social. Renunció a los lujos del cargo, recorrió villas, habló con cartoneros y visitó enfermos. Fue este estilo pastoral, despojado y directo, el que enamoró a los cardenales que lo eligieron en 2013 como el primer Papa del hemisferio sur.

Francisco no solo rompió el molde por ser el primer pontífice latinoamericano y jesuita; también lo hizo con su agenda reformista. Promovió cambios estructurales en la Curia romana, denunció el clericalismo, abordó sin eufemismos el flagelo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia y abrió debates incómodos sobre el rol de la mujer, el celibato y la inclusión de personas LGBTIQ+. Su voz, a menudo incómoda para los sectores conservadores, también fue firme en la denuncia del capitalismo salvaje, el extractivismo y la devastación ambiental.

No obstante, su pontificado no estuvo exento de controversias. La reforma vaticana fue parcial y muchas veces frenada por los propios mecanismos internos de la institución. Su intento de equilibrar tradición y apertura generó tensiones irreconciliables con sectores ultraconservadores, mientras que los más progresistas le reprocharon tibieza en cuestiones clave.

En el plano político, Francisco fue un líder influyente. Su opinión pesó en la geopolítica internacional, aunque su relación con el gobierno argentino —de distintos signos— fue siempre ambigua. No volvió a su país como Papa, una ausencia que fue tan comentada como simbólica. Algunos vieron en ello una distancia estratégica; otros, una herida no cerrada.

El hombre que eligió llamarse Francisco en honor al santo de Asís —símbolo de pobreza, paz y ecología— encarnó un papado entre el testimonio y la contradicción, entre la renovación y la persistencia de estructuras anquilosadas.

Francisco deja un legado denso y multiforme. Será recordado como el Papa que habló el idioma del pueblo, que le devolvió al Vaticano una dimensión humana y que intentó, no sin resistencia, reformar una institución milenaria desde adentro. Su muerte cierra un ciclo histórico: el de un pontífice que vino del sur global para sacudir el trono de Pedro, con un mensaje de fraternidad universal y una mirada lúcida sobre las injusticias del mundo.

A partir de ahora, el desafío será doble: preservar sus conquistas sin idealizaciones y aprender de sus límites sin condenas. Porque en Francisco convivieron, como en todos los grandes hombres, la luz del ideal y la sombra del tiempo que le tocó vivir.

El Gobierno nacional avanza en el diseño e implementación de la reforma laboral, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para el apoyo financiero y político. La reforma busca reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal, pero genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos.

La reforma laboral es una de las principales exigencias del FMI para Argentina, y el Gobierno busca implementarla antes de abordar otras reformas, como la fiscal y la previsional. La entidad internacional insiste en que la reforma debe «mejorar el clima de inversiones» en Argentina, lo que implica avanzar en la flexibilización de los contratos de trabajo y la reducción de la carga impositiva. Esto significa que los trabajadores tendrán menos protecciones y derechos, y los empresarios podrán contratar y despedir con mayor facilidad.

El Gobierno busca implementar cambios graduales que bajen el costo laboral sin generar una ruptura social o sindical masiva. Sin embargo, esto no es más que un intento de maquillar la realidad: la reforma laboral es un ataque directo a los derechos de los trabajadores y una forma de precarizar aún más el empleo.

La reforma laboral es un tema complejo y controvertido, que genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos. La propuesta de flexibilizar los contratos de trabajo y reducir la carga impositiva puede tener un impacto positivo en la creación de empleo formal, pero también puede generar precarización y pérdida de derechos para los trabajadores.

La CGT y otros sindicatos rechazan de plano cualquier reforma que implique pérdida de derechos y exigen un consenso amplio para cualquier cambio. El Gobierno enfrenta el desafío de cumplir con las metas del FMI sin generar estallidos sociales ni confrontaciones sindicales.

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud y con salarios inferiores a los que están registrados.

La informalidad laboral es un problema crónico en el país, y los últimos datos del INDEC lo confirman. En el cuarto trimestre de 2024, el 42% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo que equivale a más de 5,7 millones de personas.

El empleo no formal es particularmente alto en ciertos sectores, como el servicio doméstico, donde el 77% de los trabajadores no están registrados. Los trabajadores por cuenta propia también se ven afectados, con una tasa de informalidad del 62,4%. Los jóvenes menores de 29 años son los más vulnerables, con una tasa de informalidad del 58,7%. Las mujeres también se ven afectadas, con una tasa de informalidad del 43,4%, lo que refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral.

El trabajo en negro tiene graves consecuencias para los trabajadores y la sociedad en general. Los trabajadores informales no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen cobertura de salud, jubilación ni protección en caso de accidentes laborales. Además, los salarios de los trabajadores informales suelen ser inferiores a los de los trabajadores formales, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. La informalidad laboral también limita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas y servicios esenciales, lo que afecta a toda la sociedad.

El trabajo no registrado es un problema complejo que requiere una solución integral. Es fundamental que el Estado tome medidas para reducir la informalidad laboral y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a los mismos derechos y beneficios. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, como la reducción de cargas impositivas y la simplificación de los trámites administrativos.