La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.

Abril llega con una serie de aumentos en servicios esenciales y combustibles que impactarán directamente en los bolsillos de los argentinos. Los servicios de luz y gas, los combustibles, los alquileres y las prepagas serán algunos de los sectores más afectados por estos ajustes.

Los servicios de luz y gas experimentarán un aumento del 2%, según fuentes del sector energético. Esto se suma a los aumentos en los combustibles, que serán impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de los ajustes solicitados por las petroleras. Se estima que la suba estará por debajo del 2%.

Alquileres y prepagas también en alza

Los contratos de alquiler que aún se rigen por la antigua ley tendrán una actualización del 116,85% en abril. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una desaceleración con respecto a marzo, cuando el incremento anual fue del 149,3%, y febrero, cuando alcanzó el 174%. Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en las cuotas, con aumentos que oscilarán entre el 1,75% y el 2,9%, dependiendo del tipo de afiliación.

Contexto de inflación creciente

Estos aumentos llegan en un contexto de inflación creciente. Mientras en febrero el índice de precios marcó un 2,4%, las proyecciones de consultoras privadas prevén que en marzo el IPC supere el 3%, acelerando la presión sobre el costo de vida. Es importante destacar que el salario mínimo, vital y móvil no tendrá aumentos en abril, lo que podría afectar aún más el poder adquisitivo de los argentinos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza este lunes en ministerios y secretarías para exigir la renovación automática y anual de los contratos de aproximadamente 50 mil trabajadores de la administración pública. El gremio de estatales, liderado por Rodolfo Aguiar, no descarta ocupar los edificios y realizar «permanencias pacíficas» para evitar los despidos masivos.

La fecha límite para la renovación de los contratos es este lunes, y el gobierno aún no dio señales de ceder a las demandas de ATE. La tensión es palpable, y los trabajadores estatales se preparan para una larga y dura lucha. «Tenemos un gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes», denunció Aguiar.

La CGT se suma a la protesta

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, en solidaridad con los trabajadores estatales. La medida es un golpe duro para el gobierno, que ya se encuentra bajo presión por la crisis económica y la inflación.

La disputa entre ATE y el gobierno nacional no es solo una cuestión laboral, sino que tiene implicaciones profundas para la sociedad argentina. La prestación de servicios esenciales, como la salud y la educación, se vería afectada si se producen despidos masivos. «El Estado no soporta más recortes», advirtió Aguiar.