En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, calificó como «histórico» el acuerdo alcanzado en la última paritaria, pese a los obstáculos impuestos por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Solazo destacó que la demora en la homologación de la paritaria, que abarca de noviembre a marzo, perjudicó directamente a los trabajadores, quienes vieron devaluado su salario mientras se resolvía la situación.

El conflicto surgió cuando la Secretaría de Trabajo objetó el acuerdo firmado por las cámaras industriales y el sindicato, argumentando la ausencia de una firma entre los representantes de una de las siete cámaras. Esta situación, según Solazo, nunca había ocurrido antes y generó una demora de más de dos meses en la homologación.

A pesar de las dificultades, algunas empresas decidieron adelantar los pagos confiando en que la homologación eventualmente se concretaría. Sin embargo, muchas otras se negaron a hacerlo, lo que obligó al gremio a intervenir y negociar con los empleadores para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con la homologación finalmente confirmada, las empresas deben abonar los retroactivos correspondientes a noviembre, aguinaldos y vacaciones, lo que representa un desafío financiero para aquellas que postergaron el pago.

Además del conflicto salarial, Solazo resaltó el trabajo que la UOM San Juan viene realizando en la ampliación de su base de afiliados. Desde la nueva gestión, iniciada en marzo de 2023, el sindicato pasó de contar con aproximadamente 920 afiliados a 1.540, con 600 trabajadores aún sin afiliarse formalmente. Este crecimiento se debe, en parte, a la insistencia del gremio en que las empresas cumplan con su obligación de inscribirse y realizar los aportes correspondientes.

Entre las mejoras implementadas por el sindicato, destacan la expansión de la cartilla de beneficios para los afiliados, incluyendo descuentos en servicios y productos, y la renovación del camping sindical, que había estado abandonado durante tres años. La reciente inauguración de un playón polideportivo también forma parte de las iniciativas para fomentar el deporte y el esparcimiento entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, por primera vez, la UOM extendió la ayuda escolar a niveles secundario y de jardín, en reconocimiento de la importancia de apoyar a los afiliados en todos los niveles educativos.

Martín Solazo también destacó el desafío que enfrenta el sector en la lucha contra los talleres clandestinos y las empresas que operan fuera de la ley, lo que impacta negativamente tanto en la industria como en los derechos laborales. La estrategia del gremio es dialogar con los empleadores para regularizar estas situaciones y proteger a los trabajadores afectados.

Para concluir, el dirigente sindical mencionó la convocatoria de la CGT a un tercer paro nacional el próximo 10 de abril, con el objetivo de apoyar la medida y exigir al gobierno nocional una política salarial más equitativa y la apertura de paritarias libres. Con estos avances y desafíos en el horizonte, la UOM San Juan reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos.

En el marco de un conflicto salarial que se agudiza, la negociación entre los gremios docentes y el Gobierno provincial se mantiene en una instancia de alta tensión. Mientras la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo busca evitar medidas de fuerza, las posturas continúan alejadas y el desenlace es incierto. La falta de acuerdo sobre los aumentos y la estructura salarial genera preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre las condiciones laborales del sector.

En la antesala de una nueva reunión paritaria, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, reafirmó la postura de los sindicatos en rechazo a la oferta gubernamental. Según la dirigente, la propuesta de un pago extraordinario de $100.000 en dos cuotas no resuelve el problema de fondo, ya que no impacta en los haberes jubilatorios ni en la escala salarial básica. «La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros, como parte sindical, proponemos una negociación abierta gracias a la movilización de la docencia sanjuanina», sentenció Navarro.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, reconoció su inquietud ante la negativa gremial. «Seguimos dialogando con los sindicatos y veremos qué ocurre en el marco de la conciliación obligatoria», sostuvo. No obstante, ratificó que el Gobierno no modificará su oferta inicial y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán descuentos por días de paro y no se abonará el plus salarial propuesto.

Un reclamo que va más allá del salario

Los sindicatos exigen no solo una recomposición económica, sino también modificaciones estructurales en el esquema de remuneraciones. Desde UDA, UDAP y AMET insisten en la necesidad de incrementar el sueldo básico para que las mejoras salariales beneficien también a los jubilados, quienes han visto sus ingresos desfasados respecto de la inflación. Además, plantean que la actualización de haberes no debe estar atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que debe ajustarse según las particularidades del sector educativo.

Otro de los reclamos sindicales apunta a la diferenciación del salario docente del resto de los empleados estatales. Argumentan que el régimen laboral de los maestros y profesores presenta características específicas que requieren una negociación independiente, con criterios propios que contemplen la complejidad del trabajo pedagógico y su impacto en la formación de futuras generaciones.

El gobierno provincial, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dejó entrever que no habrá margen para una nueva propuesta. «Es poco probable que podamos realizar otra oferta. La última propuesta fue de un aporte no remunerativo de $100.000 en dos tramos», explicó. Esta postura deja en evidencia la rigidez del Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de una resolución consensuada.

La discusión salarial docente no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema educativo. La falta de acuerdos no solo impacta en el bolsillo de los trabajadores de la educación, sino que también pone en riesgo la normalidad del ciclo lectivo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.