Gremio de vialidad apuntala el proyecto de ley que busca la derogación del decreto que creó Corredores Viales

El gremio denuncia que el Gobierno transfirió 1500 millones de pesos a Corredores Viales SA para realizar las mismas tareas que realizan ellos.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina participo hoy de la reunión de la comisión de obras públicas de la Cámara de Diputados en donde se trato la derogación de los decretos Nº 794/2017 Y 223/2018 que crearon Corredores Viales S.A. en base al proyecto de ley presentado por Jose Luis Gioja, Presidente del PJ, por considerar a los decretos como «una maniobra ilegítima para ´achicar al Estado´, anulando las competencias que ya tiene Vialidad Nacional».

«Sin dudas esto es un avance importante en relación a las denuncias que venimos realizando desde 2017 y mucho más ante el escenario actual en el que venimos afrontando un serio problema presupuestario: A Vialidad Nacional le dieron el mismo monto de 56 mil millones de pesos que en 2018, a lo que se le suma una quita del 30% y por una decisión administrativa se le transfirieron 1500 millones de pesos a Corredores Viales S.A. para que haga exactamente las mismas tareas que ya realiza nuestro organismo», expresó Graciela Aleñá, secretaria General de la organización.

La iniciativa del proyecto de ley surge de la asamblea abierta organizada por la seccional San Juan de Vialidad, que contó con la presencia de los senadores Ruben Uñac y Cristina López y los diputados nacionales José Luis Gioja, Florencia Peñaloza, Graciela Caselles y Daniela Castro. Hoy será tratado en la comisión de obras públicas que preside el Diputado Nacional Juan José Bahillo.

«En un primer momento justificaron la creación de Corredores Viales como una empresa transitoria que únicamente iba a operar en el Acceso Riccheri, pero en la primera licitación de obra pública del año nos encontramos con que también iba a estar a cargo de obras de envergadura como el mantenimiento de la ruta nacional numero 9 de Salta» , denunció Aleñá.

«Estas preocupaciones sobre el avance de la privatización, la pérdida de nuestras fuentes laborales y el despilfarro de recursos estatales, que es aún mucho más grave en un contexto de crisis económica y social , fueron las que llevamos a distintas reuniones con diputados y que finalmente desembocaron en este proyecto de ley que pretende poner fin al negocio de unos pocos y salvar a Vialidad Nacional», sentenció Aleñá.

Por otra parte, desde el sindicato anunciaron que este miércoles por la tarde, continuarán las negociaciones paritarias del 2019, tras el rechazo del sindicato a la oferta del aumento del 28% en 5 cuotas y no descartaron adoptar medidas de fuerza, de no alcanzar un acuerdo que contemple «la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre de este año que superó al 15% más la proyección para este año que supera largamente ese techo del 28% fijado», argumentaron.