La Justicia federal hizo lugar a un amparo presentado por las dos CTA y suspendió dos resoluciones del PAMI que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. El fallo es un revés para el gobierno nacional y un alivio para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza falló a favor de una medida cautelar presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), y ordenó al PAMI dejar sin efecto dos resoluciones que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. Las resoluciones 2431 y 2537/2024 emitidas por el PAMI habían sido cuestionadas por su carácter regresivo y por violar los principios de progresividad en materia de derechos sociales.

El resolución judicial es un triunfo para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste del gobierno nacional. Las organizaciones sindicales destacaron que el fallo no solo protege a sus integrantes y afiliados incluidos en el padrón del PAMI, sino que también reafirma la legitimidad de las centrales para actuar colectivamente ante políticas que lesionan derechos fundamentales.

Los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T) expresaron que la decisión representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados por parte del gobierno de Milei. También subrayaron que el PAMI «no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte», sino que debe garantizar el acceso a la salud como un derecho humano básico.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) exige un aumento salarial del 10% y advierte que la pérdida salarial acumulada alcanza el 32%. El gremio judicial realizó un plenario nacional de delegados para debatir sobre la situación de los salarios y profundizar el plan de lucha.

La UEJN, liderada por Julio Piumato, presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para obtener un aumento salarial del 10% para abril. Según el gremio, este aumento es necesario para recuperar la pérdida salarial acumulada y equiparar la inflación del cuarto mes del presente año. La propuesta incluye un 2,8% de aumento para equiparar la inflación y un 7,2% para comenzar a recuperar lo perdido.

La lucha continúa

Los trabajadores judiciales nacionales vienen de realizar una jornada de paro el pasado 23 de mayo, y el ejecutivo solamente autorizó una suba para marzo del 2,5%, lo que deriva en una pérdida acumulada del 31,93%. El gremio judicial considera que no hay margen para seguir con esta política de ajuste y que es necesario fortalecer la lucha para obtener un aumento salarial justo.

Piumato destacó la importancia de la unidad y la lucha del gremio judicial, y aseguró que «no hay organización gremial que haya luchado lo que luchamos nosotros». El dirigente llamó a los trabajadores judiciales a mantenerse firmes y a trabajar para fortalecer la lucha y obtener justicia salarial.

En dialogo mantenido desde Mundo Laboral SJ con Jaime Barcelona, titular de ADICUS brindó detalles sobre la presentación del proyecto de ley de financiamiento universitario, impulsado por distintos sectores del ámbito educativo, representantes gremiales y presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la entrevista, Barcelona explicó que esta iniciativa fue elaborada de forma conjunta por federaciones de trabajadores docentes y no docentes, así como por la Federación Universitaria Argentina (FUA). El proyecto tiene como eje central establecer presupuestos mínimos para el funcionamiento de la educación universitaria pública, así como obligar al Gobierno nacional a convocar a paritarias, una deuda que –según explicó– se mantiene desde octubre del año pasado.

Actualmente, los aumentos salariales se están aplicando por decreto y representan apenas un 1,3% mensual, lo que ha causado una pérdida del poder adquisitivo de más del 70% frente a la inflación, señaló. A esto se suma el hecho de que las universidades continúan funcionando con el presupuesto 2023, aprobado en 2022, lo que agrava aún más el panorama.

“El gobierno se está desentendiendo totalmente de lo que es la educación superior”, afirmó dirigente gremial, y detalló que el presupuesto operativo actual depende exclusivamente de lo que el Gobierno decide enviar, sin criterios claros ni previsibilidad, lo que pone en riesgo el funcionamiento integral de las instituciones universitarias.

Barcelona destacó además que la inversión educativa cayó del 0,8% al 0,2% del PBI, en contraposición con el 2% que destinan países de la región y el 6% en países desarrollados. Frente a este escenario, remarcó la urgencia de aprobar una ley que garantice no solo el presupuesto sino también las condiciones salariales mínimas.

Respecto a la recepción del proyecto en el Congreso, informó que se logró consensuar una iniciativa unificada entre tres propuestas y que ya existe un compromiso para comenzar su tratamiento en comisiones la próxima semana, con la posibilidad de que se vote en el recinto durante el próximo 18 de junio. De concretarse esta fecha, advirtió que el movimiento universitario adelantaría la tercera marcha federal, originalmente prevista para el 23 de julio.

Jaime Barcelona concluyó asegurando que, por el momento, se apuesta al diálogo legislativo y al tratamiento formal en comisiones. No obstante, advirtió que si el oficialismo bloquea el avance del proyecto, no se descartan nuevas acciones de visibilización y fuerza por parte del movimiento universitario.