La tensión entre el sindicalismo y el gobierno nacional vuelve a tomar fuerza con dos convocatorias clave en la agenda gremial: la movilización de jubilados del 9 de abril y el paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril. En este contexto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan confirmó su adhesión activa a ambas medidas de fuerza, tal como lo aseguró su titular, José “Pepe” Villa, en declaraciones a Mundo Laboral San Juan.

Villa destacó que, si bien el paro del día 10 cuenta con un fuerte respaldo gremial a nivel nacional, es probable que la movilización de jubilados tenga una participación aún más contundente, dado que representa un reclamo particularmente sensible en el actual contexto socioeconómico. “El acto del día 9 será por la tarde y creemos que puede tener un mayor impacto. Hay muchas limitaciones en los lugares de trabajo: si bien no son restricciones formales, hay temores concretos sobre posibles descuentos salariales por adherir a la huelga del 10, sumado a cuestiones como la extensión horaria y otras presiones internas que dificultan la inasistencia”, explicó el dirigente.

En ese sentido, adelantó que desde UPCN se organizarán asambleas en cada repartición estatal como mecanismo de acompañamiento a la jornada de lucha, buscando visibilizar la problemática sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. “Con esas asambleas buscamos cubrir el problema que implica dejar el puesto de trabajo, pero sin quedarnos en silencio”, sostuvo.

La decisión de acompañar ambas convocatorias no fue tomada de manera aislada: Villa dejó en claro que responde a una resolución adoptada en el seno del Consejo Directivo Nacional de UPCN. “La medida fue acordada en conjunto por todas las delegaciones del país. Somos una unión federal y, cuando se toma una decisión en el Consejo, se respeta y se ejecuta en cada provincia”, señaló con firmeza.

Consultado sobre la profundidad de la crisis que atraviesa el país, Villa fue categórico. “Estamos en medio de una crisis estructural. Las provincias están subsumidas, sin recursos suficientes para mejorar salarios o garantizar condiciones dignas. San Juan no es la excepción. Incluso el propio Estado nacional está lejos de estar en una buena situación”, indicó. Esta falta de respuestas concretas por parte del gobierno solo agrava la relación con los sectores gremiales, que ven con creciente preocupación la erosión del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

El análisis del dirigente sanjuanino evidencia un clima de creciente malestar en el ámbito estatal y una escalada en el conflicto que parece no tener un freno a corto plazo. Las medidas del 9 y 10 de abril se perfilan, entonces, no solo como jornadas de reclamo, sino como una muestra de unidad y resistencia por parte de los trabajadores y jubilados ante un panorama que se vuelve cada vez más incierto.

Con un frente sindical que se muestra decidido a hacerse oír en las calles y un gobierno que aún no brinda respuestas de fondo, la escena nacional se encamina hacia una nueva etapa de confrontación, en la que los gremios intentan preservar derechos conquistados y exigir una mayor sensibilidad social frente a los sectores más golpeados.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, sumado a una movilización en defensa de los derechos previsionales de los jubilados el miércoles 9 de abril. Ambas jornadas reflejan el malestar frente a la postura del gobierno nacional y las medidas adoptadas en las últimas semanas.

La Movilización del 9 de Abril: Un Clamor por la Justicia Previsional

Organizaciones sindicales de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y espacios políticos se reunirán en una marcha para exigir una recomposición urgente de los haberes y la actualización del bono para los jubilados.

El Paro General del 10 de Abril: Un Día de Protesta Nacional

Respeto a las libertades democráticas y los derechos sociales conquistados

• Paritarias libres y homologadas
• Aumento de emergencia y actualización del bono
• Rechazo a la represión de la protesta social
• Defensa de la industria nacional
• Retorno de la obra pública
• Ejecución de un plan nacional de empleo
• Mayor presupuesto para educación y salud
• Equilibrio económico y justicia social

El paro general tendrá un impacto significativo en la economía, ya que se espera una paralización total de las actividades en diversos sectores. La CGT busca garantizar que los trabajadores reciban un aumento de emergencia y una actualización del bono para hacer frente a la creciente inflación que afecta a casi todos los sectores.

Respaldo de la CATT: Un Paso Importante

El respaldo de la CATT garantiza la paralización de trenes, vuelos y operaciones portuarias, lo que agrega un componente clave al impacto de la medida. La UTA evalúa su adhesión, supeditada a una conciliación obligatoria vigente en el marco de las paritarias.

La decisión del gremio de colectiveros de no detener el servicio el 10 de abril, pese a su adhesión formal al paro, expone tensiones internas dentro del movimiento obrero. La conciliación obligatoria y un trasfondo político no menor delinean un escenario complejo para la central sindical.

En un giro que sacude los cimientos de la arquitectura sindical argentina, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió mantenerse al margen de la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Aunque expresó formalmente su adhesión al paro general, el gremio conducido por Roberto Fernández confirmó que los colectivos funcionarán con normalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desactivando así uno de los ejes logísticos más potentes de cualquier huelga: el transporte.

La decisión no responde únicamente a una postura gremial autónoma, sino que se encuentra condicionada por la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo tras el fallido intento de la UTA de realizar una protesta el pasado 28 de marzo. Aquel paro fue convocado ante la falta de avances en la negociación salarial del sector, pero el Gobierno nacional intervino rápidamente con la herramienta legal que suspende momentáneamente cualquier medida de fuerza.

Lo que podría parecer una determinación técnica, obedece también a factores de índole política. Desde el seno del sindicato, las voces fueron tajantes: el incumplimiento de una conciliación obligatoria podría acarrear consecuencias jurídicas severas, incluso la intervención del gremio. Pero a ello se suma el evidente malestar por el modo en que la CGT comunicó —o más bien, omitió comunicar— la decisión de convocar al paro.

Según fuentes gremiales, ni la UTA ni La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los conductores de trenes, fueron informados previamente de la medida, enterándose por la prensa y luego del préstamo de las instalaciones de la central obrera a un congreso piquetero. Solo después, y ya consumado el anuncio, el triunviro Héctor Daer convocó a los jefes de ambos sindicatos para informar oficialmente.

La actitud de la conducción cegetista pone en evidencia una profunda desconexión entre el núcleo decisor de la central y sectores estratégicos del sindicalismo tradicional, lo que no hace más que debilitar la cohesión del frente obrero en un contexto de creciente conflictividad social y económica. En este sentido, la falta de una construcción colectiva previa al paro erosiona su legitimidad y eficacia.

Por su parte, la UTA se resguarda tras una lectura estrictamente legalista, pero el gesto político es insoslayable. Al garantizar la circulación del transporte público, neutraliza de hecho el impacto del paro general en los grandes centros urbanos y expone las debilidades de una CGT que, más allá de las proclamas, carece hoy de una estrategia unificada y efectiva.