La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) exige un aumento salarial del 10% y advierte que la pérdida salarial acumulada alcanza el 32%. El gremio judicial realizó un plenario nacional de delegados para debatir sobre la situación de los salarios y profundizar el plan de lucha.

La UEJN, liderada por Julio Piumato, presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para obtener un aumento salarial del 10% para abril. Según el gremio, este aumento es necesario para recuperar la pérdida salarial acumulada y equiparar la inflación del cuarto mes del presente año. La propuesta incluye un 2,8% de aumento para equiparar la inflación y un 7,2% para comenzar a recuperar lo perdido.

La lucha continúa

Los trabajadores judiciales nacionales vienen de realizar una jornada de paro el pasado 23 de mayo, y el ejecutivo solamente autorizó una suba para marzo del 2,5%, lo que deriva en una pérdida acumulada del 31,93%. El gremio judicial considera que no hay margen para seguir con esta política de ajuste y que es necesario fortalecer la lucha para obtener un aumento salarial justo.

Piumato destacó la importancia de la unidad y la lucha del gremio judicial, y aseguró que «no hay organización gremial que haya luchado lo que luchamos nosotros». El dirigente llamó a los trabajadores judiciales a mantenerse firmes y a trabajar para fortalecer la lucha y obtener justicia salarial.

En dialogo mantenido desde Mundo Laboral SJ con Jaime Barcelona, titular de ADICUS brindó detalles sobre la presentación del proyecto de ley de financiamiento universitario, impulsado por distintos sectores del ámbito educativo, representantes gremiales y presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la entrevista, Barcelona explicó que esta iniciativa fue elaborada de forma conjunta por federaciones de trabajadores docentes y no docentes, así como por la Federación Universitaria Argentina (FUA). El proyecto tiene como eje central establecer presupuestos mínimos para el funcionamiento de la educación universitaria pública, así como obligar al Gobierno nacional a convocar a paritarias, una deuda que –según explicó– se mantiene desde octubre del año pasado.

Actualmente, los aumentos salariales se están aplicando por decreto y representan apenas un 1,3% mensual, lo que ha causado una pérdida del poder adquisitivo de más del 70% frente a la inflación, señaló. A esto se suma el hecho de que las universidades continúan funcionando con el presupuesto 2023, aprobado en 2022, lo que agrava aún más el panorama.

“El gobierno se está desentendiendo totalmente de lo que es la educación superior”, afirmó dirigente gremial, y detalló que el presupuesto operativo actual depende exclusivamente de lo que el Gobierno decide enviar, sin criterios claros ni previsibilidad, lo que pone en riesgo el funcionamiento integral de las instituciones universitarias.

Barcelona destacó además que la inversión educativa cayó del 0,8% al 0,2% del PBI, en contraposición con el 2% que destinan países de la región y el 6% en países desarrollados. Frente a este escenario, remarcó la urgencia de aprobar una ley que garantice no solo el presupuesto sino también las condiciones salariales mínimas.

Respecto a la recepción del proyecto en el Congreso, informó que se logró consensuar una iniciativa unificada entre tres propuestas y que ya existe un compromiso para comenzar su tratamiento en comisiones la próxima semana, con la posibilidad de que se vote en el recinto durante el próximo 18 de junio. De concretarse esta fecha, advirtió que el movimiento universitario adelantaría la tercera marcha federal, originalmente prevista para el 23 de julio.

Jaime Barcelona concluyó asegurando que, por el momento, se apuesta al diálogo legislativo y al tratamiento formal en comisiones. No obstante, advirtió que si el oficialismo bloquea el avance del proyecto, no se descartan nuevas acciones de visibilización y fuerza por parte del movimiento universitario.

Más de 50 líneas de colectivos se movilizaron a la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para exigir un plan de lucha y rediscutir las paritarias salariales. El secretario General, Roberto Fernández, aseguró que el Gobierno traicionó al gremio al acordar un aumento del boleto solo con los empresarios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra en el ojo de la tormenta después de que más de 50 líneas de colectivos se movilizaran a su sede para exigir un plan de lucha y rediscutir las paritarias salariales. Los choferes argumentan que el acuerdo salarial alcanzado por el gremio los deja por debajo de la inflación y exigen un aumento salarial que les permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo.

La traición del Gobierno

Según fuentes cercanas a la conducción de la UTA, el Gobierno habría acordado un aumento del boleto solo con los empresarios, sin tener en cuenta las necesidades de los trabajadores. Esto habría generado un gran descontento entre los choferes, que se sienten traicionados por el Gobierno y por la dirigencia gremial.

La movilización de los choferes es solo una muestra del descontento creciente que se viene registrando en diferentes sectores. Los trabajadores se sienten cada vez más frustrados por la falta de respuestas a sus reclamos y la pérdida de poder adquisitivo. La UTA, que había funcionado como ariete para debilitar el último paro general de la CGT, ahora se encuentra en una situación difícil de resolver.

Roberto Fernández, secretario General de la UTA, aseguró que comparte el reclamo de los trabajadores y que es consciente de la situación difícil que están atravesando. Sin embargo, su declaración no alcanzó para calmar los ánimos y los choferes siguen exigiendo un plan de lucha y una rediscusión de las paritarias salariales.