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En sintonía con el objetivo de desregular del Gobierno Nacional, la empresa de telecomunicaciones puso en marcha un plan de retirada del territorio y tercerización en tiendas «independientes».


Diez días atrás Telefónica de Argentina resolvió el cierre de las oficinas comerciales de las localidades bonaerenses de Mercedes y Chivilcoy. La decisión provocó la reubicación del personal de base, que masivamente fue enviado a atender el 112 y el despido de un empleado jerárquico.

La situación tomó estado público por las protestas que encaró el gremio de personal jerárquico de telecomunicaciones, la Unión del Personal de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET). De hecho el jueves pasado el gremio que integra la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) realizó una movilización a la sede de la empresa solicitando la reincorporación del empleado. Por el momento no lo consiguieron.

Pero la protesta visibilizó lo que es, en realidad, algo mucho más profundo: un plan integral de ajuste, precarización y tercerización de la firma con alcance nacional. Y que está en pleno despliegue.

Telefónica y Movistar, su sello para el rubro de telefonía móvil, se lanzó al cierre de la mayor parte de sus oficinas comerciales ubicadas en las ciudades más pequeñas y el servicio, que hasta ahora realizaba personal de planta, lo toman «agentes» independientes.

Concretamente las tiendas que se encargaban de vender celulares, tomarán las tareas comerciales. El cambio significa un ahorro de costos y maximización de ganancias para la firma, un plan de precarización y tercerización de empleo para los telefónicos y un peor servicio para los usuarios.

A esto hay que sumarle que no se reemplazan los puestos de trabajo que por alguno y otro motivo se destruyen: no hay reemplazo para quienes se jubilan, ni para quienes renuncian. Un embudo que a mediano plazo impactará fuerte en la nómina total de personal.

Ante la situación UPJET reclamó que se regule el sector en medio de turbulencias por la convergencia (de hecho ya prepara su propio proyecto en ese sentido), y le pidió responsabilidad a Telefónica: «En estos momentos el país está transitando una crisis económica y social, se requiere máxima responsabilidad de todos los actores y trabajar para superar esta triste etapa».

Fuente: infogremiales

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UOCRA logra aumento Salarial del 12,48% más bono de $150.000

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) consiguió un importante acuerdo salarial con las cámaras empresarias, beneficiando a miles de trabajadores del sector.

La UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, anunció un aumento para el trimestre octubre-diciembre, además de un bono no remunerativo de $150.000.

El entendimiento establece un incremento salarial del 4% en octubre, un 4% en noviembre y un 4% en diciembre, con carácter acumulativo, que determina una suba total del 12,48% en el trimestre.

El acuerdo incluye la creación de una comisión bipartita para revisar los convenios vigentes, integrada por tres representantes de cada sector. El pacto deberá ser refrendado por la Secretaría de Trabajo mediante la homologación correspondiente.

Este logro es un importante paso hacia la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector de la construcción en Argentina.

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La CGT descartó un nuevo paro general en diciembre y apuesta al diálogo

En una reunión que se realizó sin la presencia de Pablo Moyano, la mesa chica de la central sindical decidió apostar al diálogo tripartito con el Gobierno y el sector empresarial.

Tras una reunión que se llevó adelante este martes en la sede de UPCN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió su postura y descartó realizar un nuevo paro general antes de fin de año, a pesar de la postura de Pablo Moyano, quién había deslizado la posibilidad de una nueva medida de fuerza para diciembre.

La mesa chica de la CGT descartó llevar adelante una huelga el próximo mes y apostó al diálogo con la mesa tripartita que componen junto al Gobierno y el sector empresario.

En este sentido, fue Juan Carlos Schmid, reciente titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), quién pidió una reunión urgente del Consejo Directivo con el fin de establecer la continuidad del plan de lucha, idea que no fue descartada, pero la mayoría coincidió en que la mejora económica y la recuperación del empleo en ciertos sectores, no justifican llevar a cabo una nueva medida de fuerza.  

En este sentido, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, había señalado que su postura era realizar un paro nacional para diciembre en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional, con una gran movilización.

Del encuentro participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero (UDA), Rodolfo Daer (Alimentación), Alejandro amor (Municipales-CABA), Gerardo Martínez (UOCRA), Julio Piumato (Judiciales), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Cristián Jerónimo (Vidrio) y Miguel Paniagua (Espectáculo Público).

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Los judiciales realizan un nuevo banderazo nacional

Este martes, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación –UEJN- llevó adelante, desde las 10.30, un banderazo nacional en reclamo de una urgente recomposición salarial y contra el impuesto al trabajo. La movilización incluye protestas frente a las dependencias judiciales en todo el país.

El gremio que lidera Julio PIuimato busca visibilizar, una vez más, el deterioro del poder económico en sus condiciones laborales y se enfrenta a un insistente desacuerdo con el Gobierno Nacional y en consecuencia, con la Corte Suprema de Justicia.

La protesta también está marcada por el recuerdo de la brutal represión policial sufrida por el gremio durante los primeros días de septiembre. En ese episodio, efectivos de seguridad atacaron a los trabajadores con gas pimienta, dejando heridos por golpes y los efectos químicos. El caso aún sigue en la justicia sin resoluciones.

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