La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general antes del 10 de abril, formalizando así un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei. La medida, que será oficializada el 20 de marzo en la reunión del Consejo Directivo Nacional de la central obrera, representa la tercera huelga de alcance nacional desde la asunción del presidente libertario.

Este anuncio, realizado por Héctor Daer en el Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no solo ratifica el rechazo del sindicalismo a las políticas de ajuste y desregulación del Ejecutivo, sino que también refuerza la unidad gremial en un contexto de creciente tensión social.

El trasfondo del conflicto

El sindicalismo argentino atraviesa una de sus mayores disputas con el poder político en los últimos años. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la CGT ha demostrado su oposición a las reformas impulsadas por el gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el mercado laboral y la eliminación de regulaciones que afectan a los trabajadores.

El primer paro general, realizado el 24 de enero de 2024, fue un claro mensaje de resistencia en las primeras semanas del nuevo mandato. Luego, el 9 de mayo del mismo año, una segunda huelga dejó en evidencia que el distanciamiento entre ambas partes se mantenía firme. Aunque en los meses siguientes se abrieron instancias de negociación, las discrepancias nunca se resolvieron y el conflicto volvió a escalar.

El anuncio de esta tercera medida de fuerza confirma que el sindicalismo no ha encontrado en el gobierno un interlocutor dispuesto a ceder. La CGT, que reúne a los principales gremios del país, cuenta con el respaldo de figuras clave como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Cristian Jerónimo y Pablo Flores. Esta confluencia de liderazgos dentro del movimiento obrero otorga al paro una dimensión aún más significativa.

El impacto de la medida y el desafío para el Gobierno

Más allá de la propia protesta, la convocatoria al paro representa un desafío político para Milei. Desde su llegada al poder, el presidente ha apostado por una estrategia de confrontación con los sindicatos, a los que acusa de ser parte de la “casta” que obstaculiza el cambio en el país. Sin embargo, el respaldo masivo a la huelga podría poner en jaque esa narrativa y evidenciar el creciente descontento en amplios sectores de la sociedad.

El nivel de adhesión que logre la medida será un termómetro clave para evaluar el clima político y social en Argentina. Si la protesta alcanza una gran magnitud, el Ejecutivo podría verse obligado a replantear su estrategia y abrir canales de negociación con los gremios. Por el contrario, si el impacto es limitado, el gobierno podría interpretar esto como una señal de debilitamiento del sindicalismo y continuar con su programa de reformas sin grandes modificaciones.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado contra el Gobierno nacional, repudiando la «salvaje represión» policial en el Congreso durante la movilización en defensa de los jubilados. En este sentido, la central sindical anunció que evaluará «medidas de acción en repudio de la represión» en una reunión de Consejo Directivo el 20 de marzo.

La CGT expresó su «enérgico repudio y profunda indignación» por la represión policial, que consideró «violentá, insensata e ilegal». La central sindical acusó al Gobierno de utilizar «millonarios recursos del Estado argentino» para reprimir la manifestación en Plaza Congreso.

Asimismo, la organización sindical criticó la actitud de la ministra Patricia Bullrich, quien según la CGT, utilizó la represión como «complemento indispensable y necesario» para ejecutar un plan económico de entrega del patrimonio público y empobrecimiento social de las mayorías.

La CGT se suma así a la creciente ola de críticas y repudios contra el Gobierno nacional por su manejo de la crisis económica y social, considerando que es fundamental defender los derechos de los trabajadores y los jubilados, y que es necesario impulsar un cambio en la política económica y social del país.

En este contexto, la CGT anunció que realizará una serie de medidas de protesta y movilización en los próximos días, incluyendo una marcha nacional en defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) llevó a cabo un nuevo banderazo nacional en reclamo por incrementos salariales para el sector. El líder del gremio, Julio Piumato, confirmó el paro de este viernes y advirtió que si no hay respuesta, repetirán la medida el 21 de marzo.

La UEJN ratificó su postura en defensa de los salarios y la independencia de la Justicia, rechazando el ofrecimiento del gobierno de un aumento salarial del 1,5% en enero y del 1% en febrero. Piumato destacó que este aumento no solo no cubre la inflación, sino que también no recupera lo perdido desde diciembre de 2023.

Además, el sindicalista cuestionó las cifras del INDEC, asegurando que no reflejan el aumento de precios real en el bolsillo de los trabajadores. «La realidad es que los precios siguen subiendo y los salarios no siguen el ritmo», afirmó.