En una entrevista con Manuel Jiménes, Secretario General del Sindicato de Empleados de Casinos de San Juan, se abordaron diversos temas de interés para el sector, destacándose el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Casino, que se celebrará los días 22 y 23 de abril en la provincia.

Este evento reunirá a representantes de 13 provincias, con el objetivo de analizar la realidad del rubro y debatir sobre los desafíos actuales de los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales adversas y salarios insuficientes. Los sueldos son bajos y no se ajustan a la rentabilidad de la industria del juego”, subrayó Jiménez.

Asimismo, el dirigente sindical señaló que, si bien en algunas provincias se aplican ajustes salariales en función del índice inflacionario, los esfuerzos siguen resultando insuficientes. “El mundo de los casinos siempre ha sido un negocio rentable, por lo que los sueldos deberían reflejar esa realidad”, sostuvo.

El Paro Nacional y la Lucha por Paritarias Libres

En este contexto de creciente malestar social, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional para el próximo 10 de abril, con el objetivo de exigir una revisión de la política salarial y la reapertura de paritarias sin restricciones. Jiménez respaldó la medida y enfatizó la importancia de que el gobierno nacional escuche las demandas de los trabajadores.

“Si realmente hablamos de libertad, como plantea el discurso oficial, entonces los acuerdos salariales deberían ser negociados sin limitaciones entre empleadores y empleados”, argumentó. Además, confirmó la adhesión de la CGT San Juan a la medida de fuerza, señalando que más de 40 sindicatos clave manisfestaron su apoyo a la protesta.

Mayor Control y Auditorías en el Sector del Juego

Por otro lado, Manuel Jiménez se refirió a la solicitud del sindicato para que las empresas concesionarias del juego en San Juan sean sometidas a auditorías más rigurosas. En respuesta a esta demanda, la Caja de Acción Social comenzó a implementar controles más exhaustivos, particularmente en lo que respecta al canon que deben abonar las operadoras del sector, concluyó.

Con un clima de tensión creciente entre los trabajadores y el gobierno nacional, el paro del 10 de abril se perfila como una fuerte señal de protesta en defensa del salario y de mejores condiciones laborales. Entretanto, la industria del juego continúa en la mira, con reclamos por mayor transparencia y equidad en la distribución de sus ingresos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza este lunes en ministerios y secretarías para exigir la renovación automática y anual de los contratos de aproximadamente 50 mil trabajadores de la administración pública. El gremio de estatales, liderado por Rodolfo Aguiar, no descarta ocupar los edificios y realizar «permanencias pacíficas» para evitar los despidos masivos.

La fecha límite para la renovación de los contratos es este lunes, y el gobierno aún no dio señales de ceder a las demandas de ATE. La tensión es palpable, y los trabajadores estatales se preparan para una larga y dura lucha. «Tenemos un gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes», denunció Aguiar.

La CGT se suma a la protesta

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, en solidaridad con los trabajadores estatales. La medida es un golpe duro para el gobierno, que ya se encuentra bajo presión por la crisis económica y la inflación.

La disputa entre ATE y el gobierno nacional no es solo una cuestión laboral, sino que tiene implicaciones profundas para la sociedad argentina. La prestación de servicios esenciales, como la salud y la educación, se vería afectada si se producen despidos masivos. «El Estado no soporta más recortes», advirtió Aguiar.

El conflicto salarial docente en la provincia de San Juan se intensifica después de que AMET y UDAP rechazaran la propuesta del Gobierno de pagar un bono de $100.000. La negativa de los sindicatos complica las negociaciones y pone en riesgo la continuidad normal del ciclo lectivo.

La propuesta del Gobierno provincial de pagar un bono de $100.000 a los docentes en dos cuotas durante abril no logró convencer a los representantes sindicales de AMET y UDAP. La negativa de estos gremios se suma a la presión ejercida por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que aún no ha definido su postura.

Según fuentes cercanas a los sindicatos, el rechazo a la propuesta gubernamental se debe a la insuficiencia de la oferta para resolver los problemas estructurales que afectan al sector educativo. Los docentes exigen una revalorización real de su salario y mejoras en la conectividad, entre otras demandas.

La situación se complica aún más debido a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, que busca evitar los paros programados por los gremios. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, admitió que mejorar la propuesta salarial es difícil y que cualquier mejora dependerá de la evolución de la recaudación fiscal.

La próxima reunión conciliatoria, programada para el jueves 3 de abril, será crucial para definir el rumbo del conflicto salarial. El Gobierno y los gremios deberán encontrar un acuerdo que satisfaga las necesidades del sector docente y evite la interrupción del ciclo lectivo.