La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.

La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.

Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.

La reacción de los líderes sindicales

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».

La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.

El precedente de Ronald Reagan

La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.

La reacción de los diputados demócratas

Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.

En una entrevista con Manuel Jiménes, Secretario General del Sindicato de Empleados de Casinos de San Juan, se abordaron diversos temas de interés para el sector, destacándose el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Casino, que se celebrará los días 22 y 23 de abril en la provincia.

Este evento reunirá a representantes de 13 provincias, con el objetivo de analizar la realidad del rubro y debatir sobre los desafíos actuales de los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales adversas y salarios insuficientes. Los sueldos son bajos y no se ajustan a la rentabilidad de la industria del juego”, subrayó Jiménez.

Asimismo, el dirigente sindical señaló que, si bien en algunas provincias se aplican ajustes salariales en función del índice inflacionario, los esfuerzos siguen resultando insuficientes. “El mundo de los casinos siempre ha sido un negocio rentable, por lo que los sueldos deberían reflejar esa realidad”, sostuvo.

El Paro Nacional y la Lucha por Paritarias Libres

En este contexto de creciente malestar social, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional para el próximo 10 de abril, con el objetivo de exigir una revisión de la política salarial y la reapertura de paritarias sin restricciones. Jiménez respaldó la medida y enfatizó la importancia de que el gobierno nacional escuche las demandas de los trabajadores.

“Si realmente hablamos de libertad, como plantea el discurso oficial, entonces los acuerdos salariales deberían ser negociados sin limitaciones entre empleadores y empleados”, argumentó. Además, confirmó la adhesión de la CGT San Juan a la medida de fuerza, señalando que más de 40 sindicatos clave manisfestaron su apoyo a la protesta.

Mayor Control y Auditorías en el Sector del Juego

Por otro lado, Manuel Jiménez se refirió a la solicitud del sindicato para que las empresas concesionarias del juego en San Juan sean sometidas a auditorías más rigurosas. En respuesta a esta demanda, la Caja de Acción Social comenzó a implementar controles más exhaustivos, particularmente en lo que respecta al canon que deben abonar las operadoras del sector, concluyó.

Con un clima de tensión creciente entre los trabajadores y el gobierno nacional, el paro del 10 de abril se perfila como una fuerte señal de protesta en defensa del salario y de mejores condiciones laborales. Entretanto, la industria del juego continúa en la mira, con reclamos por mayor transparencia y equidad en la distribución de sus ingresos.