La CGT San Juan brindará un respaldo parcial a la movilización de los jubilados este miércoles 9 de abril. Las tensiones sociales crecen en un clima signado por el ajuste, la represión y la falta de diálogo entre el Gobierno Nacional y los sectores del trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de San Juan confirmó su adhesión plena al paro nacional convocado para el jueves 10 de abril, al tiempo que manifestó un respaldo parcial —pero significativo— a la movilización de los jubilados prevista para la víspera, en la emblemática Plaza 25 de Mayo.

El anuncio, a cargo del secretario general de la central obrera en la provincia, Eduardo Cabello, no deja lugar a equívocos: “La mayoría de los sindicatos decidimos acompañar esta marcha para fortalecer el reclamo y en repudio a la violencia que tuvieron con los jubilados”. En esas palabras, se condensa una indignación profunda y compartida que atraviesa capas generacionales y sectores sociales: el hartazgo ante el deterioro sostenido de las condiciones de vida y la respuesta estatal que, lejos de ofrecer diálogo, ha recurrido a la fuerza.

La marcha de este miércoles no será una acción aislada, sino la antesala de una medida de fuerza más amplia, enmarcada en el creciente descontento social frente a las políticas del gobierno nacional.

El paro del jueves10 de abril se inscribe como la tercera huelga nacional desde la asunción del actual oficialismo, y promete ser una demostración de fuerza si se mantiene la intransigencia oficial frente a los reclamos laborales y sociales. La CGT advierte que estas acciones podrían repetirse si el Ejecutivo continúa “negando el diálogo y estableciendo paritarias con techo y sin consenso”.

El descontento no se explica solo por la violencia institucional. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo, y la falta de una estrategia coherente para revertir el empobrecimiento de vastos sectores de la población, han resquebrajado la ya frágil paciencia colectiva. Las organizaciones gremiales y sociales denuncian un rumbo económico que privilegia los intereses del capital financiero por sobre las necesidades más elementales del pueblo trabajador y los sectores pasivos.

Este miércoles 9 de abril por la tarde, la Plaza 25 de Mayo, sitio histórico de encuentro y resistencia, volverá a ser escenario de una convocatoria que no apela únicamente a la nostalgia o a la épica del pasado. Se trata, más bien, de una advertencia con tono firme: la dignidad no se negocia y la memoria no olvida.

Los gremios universitarios adhieren a la huelga convocada por la CGT. Exigen el fin del desfinanciamiento, rechazan el derrumbe salarial y proponen una nueva ley de financiamiento para las universidades. El conflicto académico se instala como emblema de resistencia social.

La comunidad universitaria se ha convertido en uno de los focos más activos de oposición al modelo de recorte fiscal y desregulación impulsado por el presidente Javier Milei. Los seis sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmaron su participación al plan de lucha de 36 horas convocado por la CGT para los días 9 y 10 de abril.

Esta decisión no surge de forma aislada. Es parte de una estrategia de resistencia articulada que busca frenar lo que consideran un “desmantelamiento deliberado del sistema universitario”. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, lo expresó con claridad:

“Nuestra idea es darle continuidad al plan de lucha, consolidando un marco de unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria”.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa de movilización será la presentación de un proyecto alternativo de ley de financiamiento universitario, luego del veto presidencial al texto anterior. La iniciativa buscará asegurar partidas presupuestarias adecuadas, establecer criterios de actualización automática y blindar la autonomía universitaria frente al avance de políticas de mercado.

En paralelo, distintas voces —incluyendo rectores, gremios y centros de estudiantes— barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular, herramienta que colocaría a la sociedad en el centro del debate sobre el destino de la educación superior pública.

Los datos aportados por los gremios son contundentes. Según Jorge Anró, secretario general de FATUN:

“Desde diciembre de 2023 a hoy sufrimos una caída aproximada del 70 por ciento en el poder adquisitivo. Solo en los primeros dos meses de gestión hubo una pérdida del 45%”.

Los trabajadores no docentes, al igual que docentes e investigadores, enfrentan una pérdida de ingresos que no encuentra parangón en los últimos 40 años. A esto se suma la parálisis de programas científicos, el deterioro edilicio y la suspensión de becas, lo que deja al sistema universitario al borde del colapso funcional.

La universidad pública, tradicionalmente reconocida como emblema de inclusión y producción científica, ha sido blanco de múltiples ataques discursivos por parte del gobierno nacional. Bajo el argumento de la “eficiencia fiscal”, se han congelado partidas, omitido actualizaciones presupuestarias y reducido transferencias clave, lo que para muchos representa una estrategia deliberada de vaciamiento.

La decisión de los gremios universitarios de adherir al paro general es mucho más que una medida sindical: es un posicionamiento político y cultural ante un proyecto que busca reconfigurar el rol del Estado en la vida pública. Las universidades, como espacios de democratización del conocimiento y pensamiento crítico, se defienden hoy ante un intento de transformación estructural que las amenaza.

Bajo la consigna de fomentar el diálogo social, referentes políticos, sindicales y empresarios de San Juan participarán de un retiro espiritual organizado por la Iglesia. Un espacio de reflexión que oscila entre la mística y la política, en un contexto de fragmentación institucional y demandas sociales urgentes.

En un país donde los límites entre lo público y lo privado, lo laico y lo confesional, se desdibujan con naturalidad alarmante, San Juan vuelve a ser escenario de una postal conocida pero no por ello carente de interrogantes. Este sábado 12 de abril, en la Casa de Retiro Emaús —emplazada en la apacible localidad de Las Chacritas— se desarrollará el tradicional retiro espiritual promovido por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan. La cita reunirá a funcionarios del oficialismo, miembros de la oposición, dirigentes sindicales, empresarios de peso y representantes del ámbito social en torno a un mismo eje: la reflexión sobre el rol del poder en clave de servicio.

Encabezado por el Arzobispo Jorge Lozano y con la destacada presencia de monseñor Dante Braida —obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, el encuentro se presenta como un intento por recuperar una dimensión trascendente del quehacer público. Braida, de conocida vocación crítica respecto al abordaje estatal de problemáticas estructurales como el narcotráfico y la exclusión juvenil, sumará a la jornada un tono de urgencia ética, alejado de los protocolos edulcorados del ceremonial político.

A tono con las declaraciones de Héctor Allende, titular de la comisión organizadora, el evento apunta a «bajar los niveles de crispación» y propiciar una «amistad social» que, más allá del idealismo retórico, suena casi utópica en el escenario político provincial. La concurrencia de figuras como el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el senador Sergio Uñac y dirigentes históricos del peronismo sanjuanino, entre ellos José Luis Gioja y Fabián Gramajo, plantea una convivencia inusual fuera de los marcos institucionales convencionales. Más aún, en un año preelectoral, donde las tensiones internas y las estrategias de reposicionamiento se intensifican.

En este marco, la pregunta inevitable —y quizás incómoda— gira en torno al verdadero alcance de este tipo de encuentros. ¿Hasta qué punto estos retiros trascienden la puesta en escena de una concordia simbólica? ¿Se trata de instancias auténticas de introspección o de pausas ceremoniales que embellecen una praxis política muchas veces ajena al espíritu del servicio que se pregona? La institucionalidad eclesiástica se esfuerza por ofrecer un espacio de comunión, pero la realidad sociopolítica, marcada por la desconfianza ciudadana y el descreimiento generalizado, interpela con crudeza.

A esto se suma un trasfondo inquietante: la creciente influencia de sectores religiosos en la vida pública, en momentos donde las políticas de Estado deberían priorizar el laicismo, la racionalidad democrática y la inclusión efectiva. La espiritualización del poder, si no está acompañada de una transformación concreta de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, corre el riesgo de convertirse en un bálsamo para conciencias en deuda.

El retiro espiritual que congregará a la elite dirigencial sanjuanina es, sin dudas, un gesto necesario en tiempos de polarización y desencuentro. Sin embargo, para que este tipo de iniciativas no queden encapsuladas en el terreno de lo simbólico, deben traducirse en compromisos reales, sostenidos y tangibles en el plano de las políticas públicas. La espiritualidad, sin acción, corre el riesgo de ser apenas un espejismo ético en medio del desierto político argentino. En una sociedad urgida de justicia, diálogo y proyectos a largo plazo, no alcanza con orar: hay que transformar. Y ese es un desafío que no admite contemplaciones.