Desde la FEDUN mantendremos nuestra firme posición de lograr que en el transcurso del año 2020 nuestros haberes tienen que, como mínimo, igualar al incremento de la inflación.”

A más de dos meses de haber concluido el primer acuerdo salarial para el período 2020, que se extendió desde marzo a julio y otorgó un incremento del 16,6 %, y dado que en lo que va del año la inflación acumulada superó dicho monto, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) exigieron a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el “inmediato” llamado a paritaria para recomponer el salario docentes universitario.
“Desde la FEDUN mantendremos nuestra firme posición de lograr que en el transcurso del año 2020 nuestros haberes tienen que, como mínimo, igualar al incremento de la inflación”, informaron a través de un documento.
Por otra parte, señalaron que “ante la enorme cantidad de consultas de afiliados sobre el Programa de computadoras para docentes universitarios -especialmente por parte de quienes no han podido acceder al crédito, ya sea porque el banco les rechazaba la consulta o debido a la falta de información sobre los préstamos y las herramientas tecnológicas disponibles-” por eso solicitaron a los firmantes de la paritaria “que se brinde mayor información y la urgente solución a los problemas existentes hasta el momento.”
Para concluir, apuntaron: “Queremos hacer expresa nuestra postura: es claro que el otorgamiento de los créditos no reemplaza el aumento salarial, y entendemos que es responsabilidad de las universidades y del Gobierno Nacional entregar a los trabajadores docentes los recursos técnicos que permitan dar clases de forma virtual.”
“No obstante, entendemos que debido a la crisis económica que atraviesa actualmente el país, el plan de créditos con el Banco Nación es un paliativo para quienes no tienen las herramientas tecnológicas. Por eso solicitamos que mejoren los mecanismos para su efectivización”, finalizaron desde la federación.
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El Gobierno busca controlar los gastos de las universidades y agudiza el conflicto

El Poder Ejecutivo emitió una resolución que delega en la Jefatura de Gabinete la facultad de suscribir convenios con universidades nacionales. La resolución se enmarca en una estrategia más amplia de control y ajuste sobre las casas de altos estudios, que incluye la realización de auditorías y la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de fondos. Sin embargo, esta estrategia no contempla la solución a los problemas estructurales que afectan a las universidades, como la falta de financiamiento y la caída de los salarios de los docentes y no docentes.
Impacto en la autonomía universitaria
La decisión causó preocupación en la comunidad universitaria, que teme que la mayor centralización del control de los gastos afecte la capacidad de las universidades para llevar a cabo proyectos y programas de investigación y extensión. La autonomía universitaria, principio fundamental de la educación superior, se ve amenazada por la creciente intervención gubernamental.
Repercusiones políticas y sociales
Esta nueva disposición generó grandes repercusiones con algunos sectores políticos y sociales expresando su apoyo a la medida y otros criticándola duramente. La oposición política ha acusado al Gobierno de intentar controlar la educación pública y de no priorizar la inversión en la educación superior.
La resolución gubernamental plantea interrogantes sobre la política educativa del Gobierno y su compromiso con la educación pública. La iniciativa puede tener consecuencias negativas en la calidad de la educación superior y en la capacidad de las universidades para cumplir con su misión de formar profesionales y generar conocimiento.
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FAECYS confirmó liquidación de aumentos salariales para empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que los supermercados y comercios del país comenzarán a abonar esta semana los incrementos salariales correspondientes al acuerdo paritario del trimestre abril-junio.
La FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, confirmó que los incrementos salariales serán liquidados esta semana, pese a la demora del gobierno en homologar la paritaria. El acuerdo alcanzado contempla un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, lo que implica un ajuste significativo en las remuneraciones de los trabajadores mercantiles.
El salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000, mientras que se pactaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir del mes de julio, lo que representa una mejora sustancial en las condiciones laborales de los empleados de comercio.
La FAECYS destacó que esta decisión refuerza la plena vigencia del convenio colectivo y brinda certidumbre a los trabajadores en un contexto económico complejo. La entidad sindical recordó que el acta del acuerdo incluye una cláusula específica que garantiza la aplicación de los aumentos, incluso ante una demora en la homologación administrativa por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
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Urgente: el Gobierno impulsa la eliminación de indemnizaciones con nuevo esquema financiero

En un paso clave hacia la reforma laboral, el Gobierno nacional lanzó un proceso de consulta pública para implementar los «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral» (PICs), que podrían reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. La medida genera un gran impacto y preocupación en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales.
La Resolución General 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) formaliza la implementación de los PICs, que funcionarían como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones. Estos instrumentos financieros se basan en el Decreto N° 847/2024, que sienta las bases para el Sistema de Cese Laboral.
Los PICs podrán adoptar dos formas jurídicas: Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, deberán incluir la expresión «Cese Laboral» en su denominación y estarán sometidos a estrictos requisitos de funcionamiento. Entre ellos, se establece que no podrán invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes y que los fondos estarán exclusivamente destinados a cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.
La implementación de los PICs podría ser un paso hacia la eliminación efectiva de la indemnización por antigüedad, uno de los pilares históricos de la protección del trabajador en Argentina. La medida ha generado alerta en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales. El impacto de esta reforma, de avanzar, podría modificar profundamente las relaciones laborales y las dinámicas de desvinculación en el país.
La eliminación de las indemnizaciones podría dejar a los trabajadores más expuestos ante decisiones empresariales unilaterales. La falta de protección laboral podría generar incertidumbre y miedo en el lugar de trabajo, lo que podría afectar negativamente la productividad y la calidad del trabajo.

Participación ciudadana:
El Gobierno ha optado por un proceso de «Elaboración Participativa de Normas» para recibir opiniones de ciudadanos, empresas, sindicatos y otros actores del mercado. Las presentaciones pueden realizarse durante quince días hábiles a través del sitio oficial de la CNV. Sin embargo, es importante cuestionar si este proceso de consulta pública es suficiente para garantizar que las voces de los trabajadores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.
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