El Gobierno nacional publicó un decreto que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar un funcionamiento mínimo de entre 50 y 75% en caso de conflicto sindical. La medida generó preocupación entre los sindicatos y los trabajadores, ya que vulnera el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

El decreto de necesidad y urgencia 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, establece que los conflictos colectivos que afecten la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental deberán garantizar un funcionamiento mínimo. En el caso de los servicios esenciales, se establece un mínimo del 75% de la prestación normal del servicio, mientras que para las actividades de importancia trascendental, el mínimo será del 50%. Esta medida implica una restricción significativa al derecho a huelga, ya que los trabajadores y los sindicatos deberán garantizar un nivel de servicio que puede ser difícil de cumplir en caso de conflicto.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han expresado su rechazo a la medida, argumentando que vulnera el derecho a huelga y la libertad sindical. Según los críticos, esta medida es un intento del Gobierno de limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y de debilitar su poder de presión en caso de conflicto. Además, la medida puede generar un desequilibrio en la relación entre empleadores y empleados, favoreciendo a los primeros en detrimento de los segundos.

La limitación del derecho a huelga y la ampliación de las actividades esenciales es una medida que afecta directamente a los trabajadores y sus organizaciones. La imposición de un funcionamiento mínimo en caso de conflicto sindical puede limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y obligarlos a aceptar condiciones desfavorables. Además, la medida puede ocacionar un clima de tensión y conflicto en el lugar de trabajo, lo que puede afectar negativamente la productividad y la calidad del servicio.

El Ejecutivo nacional decidió autoeliminarse de la discusión salarial docente y delegó en las provincias la paritaria de ese sector, a través del Consejo Federal de Educación (CFE). Sin embargo, mantiene su influencia en la toma de decisiones para garantizar que los acuerdos no superen los límites establecidos por el plan económico.

El decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) en cuanto a la responsabilidad del Gobierno en la negociación salarial. La medida implica la descentralización de la negociación salarial y la transferencia de la responsabilidad a los gobiernos provinciales. El CFE, integrado por los ministros de Educación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, será el encargado de establecer un convenio marco referido a las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente.

La justificación del Gobierno de Javier Milei para tomar esta decisión se basa en la idea de promover el federalismo y la autonomía provincial. Sin embargo, esta postura es contradictoria con la política de presión y condicionamientos que el Gobierno aplica a los gobernadores. La influencia del Ejecutivo nacional en la toma de decisiones se mantiene a través de su capacidad para refrendar o rechazar los convenios firmados entre el CFE y los gremios.

La descentralización de la negociación salarial puede generar desigualdades y disparidades en las condiciones laborales y salariales de los docentes en diferentes provincias. La medida puede afectar la calidad de la educación y la equidad en el acceso a la educación. La influencia del Gobierno en la toma de decisiones puede limitar la capacidad de negociación de los gremios y las provincias.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) convocó a una movilización este martes frente al edificio de Empleo Público para denunciar el cierre y privatización de Vialidad Nacional.

La dirigente sindical Graciela Aleñá denunció que el Gobierno nacional planea liquidar Vialidad Nacional y anunció una masiva movilización para frenar la medida. Según Aleñá, el Gobierno busca desmantelar el patrimonio público para favorecer negociados privados y condenar a los argentinos a vivir en la «edad media». La sindicalista destacó la labor esencial que cumple el personal de Vialidad Nacional, recordando la reciente asistencia durante las inundaciones del pasado fin de semana.

“Nuestros trabajadores estuvieron ahí, ayudando a conductores, evacuando personas, llevando mantas y alimentos en medio del temporal. Y aun así se aprestan a cerrarla, es de locos”, subrayó.

Desde el sindicato también recordaron que la situación del organismo ya era crítica debido a los recortes presupuestarios impulsados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y al congelamiento salarial que llevan más de siete meses sin resolverse.

“El vaciamiento y la paralización de la obra pública es criminal. Las rutas están en mal estado, los accidentes se multiplican, y mientras tanto, el Gobierno hace propaganda”, remarcó Aleñá, quien también desafió al Ejecutivo a desmentir públicamente las denuncias.

La disputa entre el Gobierno nacional y los trabajadores de Vialidad Nacional pone en evidencia la tensión entre la política económica y la defensa de la obra pública. Mientras el Gobierno busca reducir el gasto público y privatizar servicios, los trabajadores y el sindicato sostienen que la medida afectará negativamente a la infraestructura y la integración del país.

La movilización de los trabajadores viales es un llamado de atención sobre la importancia de Vialidad Nacional y la necesidad de defenderla. La medida de fuerza es un reflejo de la preocupación de los trabajadores y el sindicato por la política económica del Gobierno nacional y su impacto en la obra pública y la infraestructura del país.