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Desde la Conarcoop señalaron que «frente a la crisis y el desempleo, la economía social es una alternativa viable»

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) informó que durante la pandemia se crearon 335 cooperativas en el país y que el número de trámites presentados para ser parte del asociativismo superó los 1.000, de acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Según la entidad cooperativa, “muestra que frente a la crisis y el desempleo, la economía social es una alternativa viable, tanto para el presente como para la post pandemia”. De acuerdo a datos suministrados por el Inaes, en lo que va del año hubo, en todo el territorio del país, 1237 organizaciones que iniciaron los trámites para convertirse en cooperativas.

De este total, 196 inscripciones se iniciaron en enero, febrero y marzo, con lo cual, durante los meses de cuarentena el número de trámites para ser parte del asociativismo supera los 1000, y de ellos, un total de 800 fueron presentados durante agosto y septiembre.

De esta manera, desde Conarcoop señalaron que, como contraste, los trámites que se iniciaron en 2019, fueron 981; mientras que en 2018, el número total de trámites de inscripción ascendió a 841.

El presidente de Conarcoop, Ramiro Martínez, dijo que “como efecto de la crisis que estamos viviendo, podemos ver distintas respuestas de las empresas de capital y no podemos ignorar que en muchas de ellas se ha tomado como moneda de ajuste a sus trabajadores; otras han decidido cerrar, lo cual pone como alternativa válida al cooperativismo de trabajo, donde los trabajadores asumen la organización de sus propias empresas y les posibilita tener un trabajo digno y que sea estable en el tiempo”. En este sentido, afirmó que “mientras las empresas tradicionales ajustan a través del trabajo, las cooperativas reinsertan e incluyen a los trabajadores”.

Del total de organizaciones que iniciaron trámites para convertirse en cooperativas, la mayor cantidad proviene de la provincia de Buenos Aires, con 314, le sigue con 118 inscripciones la Ciudad autónoma de Buenos aires, 89 de Chaco, 88 de Santa Fe, seguida por 77 de Salta, 69 de Jujuy y 62 de Córdoba, entre las más numerosas.

Asimismo, destacaron que la mayor cantidad de trámites (92%) corresponde a organizaciones que quieren convertirse en cooperativas de trabajo y en los casos restantes se trata de mutuales, cooperativas agropecuarias, provinciales, de vivienda, desarrollo local, de crédito y de consumo. La Conarcoop está integrada por 11 federaciones de cooperativas nacionales distribuidas en distintos puntos del país.

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Paritarias estancadas y reformas laborales: la preocupación del sector de estaciones de servicio en San Juan

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, secretario general de estaciones de servicio de San Juan, manifestó su preocupación por el estancamiento en las negociaciones paritarias del sector. Según Menéndez, el atraso en la actualización de salarios ya acumula una pérdida del 7 % del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto económico donde la inflación continúa golpeando con fuerza.

“La inflación de abril fue del 2,8 %, la anterior del 3,7 %, y aún no logramos cerrar la paritaria. Es una situación crítica”, afirmó. El dirigente hizo especial énfasis en el deterioro del salario real desde la asunción del presidente Javier Milei y cuestionó duramente el “techo salarial” impuesto por el Ejecutivo nacional. “Es injusto ante el profundo retroceso económico que ha vivido la clase trabajadora”, remarcó.

De cara al próximo lunes, Menéndez expresó sus expectativas en que las cámaras empresarias de San Juan, Mendoza y San Luis se muestren receptivas para acordar un aumento urgente. “Aunque no resolverá el problema de fondo, sería un alivio mínimo para seguir peleándole al costo de vida”, subrayó.

La advertencia frente a las reformas laborales

Consultado sobre los anuncios del Gobierno respecto a una posible modificación en el régimen de indemnizaciones, Menéndez fue tajante: “Ninguna reforma que recorte derechos laborales puede ser bienvenida”. Si bien se mostró dispuesto a analizar propuestas que promuevan el empleo, dejó en claro su rechazo a aquellas que debiliten la protección de los trabajadores.

Uno de los puntos más controvertidos es la idea de reemplazar el sistema actual de indemnización por un fondo de ahorro constituido por aportes empresariales, un modelo similar al que aplica la UOCRA para sus trabajadores temporarios. Sin embargo, Menéndez advirtió que cualquier modificación de este tipo deberá contar con el aval del convenio colectivo correspondiente, y que por el momento, no hay definiciones claras ni consensos dentro del sector.

“Estamos abiertos a debatir sobre cambios, pero jamás vamos a aceptar la pérdida de derechos conquistados, como las vacaciones, el aguinaldo, las 8 horas laborales o la seguridad en el trabajo”, afirmó con firmeza. Además, insistió en que las reformas no deben convertirse en una vía para debilitar las condiciones laborales ni para facilitar despidos. “La prioridad debe ser sostener la actividad, proteger el empleo y asegurar una remuneración justa para que los trabajadores puedan vivir con dignidad y llegar a fin de mes”, concluyó.

Las declaraciones de Víctor Menéndez reflejan el clima de tensión y alerta que atraviesa el sector de estaciones de servicio ante un panorama económico adverso y propuestas gubernamentales que generan inquietud. Mientras se espera un gesto de apertura por parte de las cámaras empresarias y definiciones claras respecto a las reformas laborales, el mensaje es claro: no se puede seguir ajustando a costa de quienes sostienen con su trabajo la actividad económica del país. El equilibrio entre sostenibilidad empresarial y justicia social es, más que nunca, una deuda pendiente.

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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.

La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.

El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.

Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.

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El Gobierno desvincula a empleados públicos sin contemplaciones

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.

Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.

La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.

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