El Gobierno nacional avanza en el diseño e implementación de la reforma laboral, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para el apoyo financiero y político. La reforma busca reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal, pero genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos.

La reforma laboral es una de las principales exigencias del FMI para Argentina, y el Gobierno busca implementarla antes de abordar otras reformas, como la fiscal y la previsional. La entidad internacional insiste en que la reforma debe «mejorar el clima de inversiones» en Argentina, lo que implica avanzar en la flexibilización de los contratos de trabajo y la reducción de la carga impositiva. Esto significa que los trabajadores tendrán menos protecciones y derechos, y los empresarios podrán contratar y despedir con mayor facilidad.

El Gobierno busca implementar cambios graduales que bajen el costo laboral sin generar una ruptura social o sindical masiva. Sin embargo, esto no es más que un intento de maquillar la realidad: la reforma laboral es un ataque directo a los derechos de los trabajadores y una forma de precarizar aún más el empleo.

La reforma laboral es un tema complejo y controvertido, que genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos. La propuesta de flexibilizar los contratos de trabajo y reducir la carga impositiva puede tener un impacto positivo en la creación de empleo formal, pero también puede generar precarización y pérdida de derechos para los trabajadores.

La CGT y otros sindicatos rechazan de plano cualquier reforma que implique pérdida de derechos y exigen un consenso amplio para cualquier cambio. El Gobierno enfrenta el desafío de cumplir con las metas del FMI sin generar estallidos sociales ni confrontaciones sindicales.

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud y con salarios inferiores a los que están registrados.

La informalidad laboral es un problema crónico en el país, y los últimos datos del INDEC lo confirman. En el cuarto trimestre de 2024, el 42% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo que equivale a más de 5,7 millones de personas.

El empleo no formal es particularmente alto en ciertos sectores, como el servicio doméstico, donde el 77% de los trabajadores no están registrados. Los trabajadores por cuenta propia también se ven afectados, con una tasa de informalidad del 62,4%. Los jóvenes menores de 29 años son los más vulnerables, con una tasa de informalidad del 58,7%. Las mujeres también se ven afectadas, con una tasa de informalidad del 43,4%, lo que refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral.

El trabajo en negro tiene graves consecuencias para los trabajadores y la sociedad en general. Los trabajadores informales no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen cobertura de salud, jubilación ni protección en caso de accidentes laborales. Además, los salarios de los trabajadores informales suelen ser inferiores a los de los trabajadores formales, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. La informalidad laboral también limita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas y servicios esenciales, lo que afecta a toda la sociedad.

El trabajo no registrado es un problema complejo que requiere una solución integral. Es fundamental que el Estado tome medidas para reducir la informalidad laboral y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a los mismos derechos y beneficios. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, como la reducción de cargas impositivas y la simplificación de los trámites administrativos.

El INDEC modificará la fórmula para calcular la inflación conforme a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El nuevo índice reconfigura el peso de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, mientras otorga mayor relevancia a servicios digitales y transporte. ¿Qué se gana y qué se pierde en esta redefinición de la realidad económica argentina?

La decisión de reformular la métrica con la que se mide la inflación en Argentina no es menor: implica, ni más ni menos, que redefinir el modo en que el Estado y la sociedad comprenden el impacto del alza de precios en el bolsillo cotidiano. Con una economía azotada por desequilibrios estructurales y una ciudadanía sensibilizada por la erosión constante de su poder adquisitivo, la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya tiene listo un nuevo sistema para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) merece ser leída con atención crítica y sin ingenuidad.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el rediseño fue concluido en marzo de este año y se encuentra a la espera de avales institucionales para su implementación. La modificación tiene el sello del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha participado activamente en la revisión técnica junto al INDEC. El cambio estructural se apoya en un aggiornamiento de la canasta de consumo sobre la que se calcula el IPC, sustituyendo la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 por la versión 2017/2018.

Esta actualización, en teoría, persigue mayor representatividad. Se incorporan consumos contemporáneos —servicios digitales, conectividad, transporte urbano con SUBE— y se reordenan los ponderadores conforme a los patrones de gasto actuales. No obstante, el rediseño esconde un desplazamiento silencioso pero significativo: los rubros tradicionalmente sensibles, como alimentos, medicamentos e indumentaria, reducen su participación en la fórmula. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta ahora representaban más de un cuarto del índice, bajarán al 22,7%. Salud, por su parte, caerá a 6,4%, e indumentaria perderá peso acorde a su menor presencia en el consumo promedio de los hogares.

A contramano, servicios públicos y privados incrementan notablemente su ponderación. La vivienda y sus costos asociados trepan al 14,5%, y el transporte al 14,3%, mientras que el rubro comunicaciones —emblema de la vida digitalizada— duplica su influencia, pasando de 2,83% a 5,2%. Esta reconfiguración, si bien responde a una lógica técnica vinculada a los cambios en los hábitos de consumo, no es políticamente neutra.

El punto neurálgico reside en que un cambio metodológico de esta envergadura puede modificar el rostro estadístico de la inflación, disimulando parcialmente los aumentos en productos de primera necesidad. Así, en contextos de alta inflación concentrada en alimentos y remedios, el nuevo IPC podría resultar menos reflejo del sufrimiento popular y más herramienta para negociar con mayor margen con los acreedores externos y los organismos multilaterales.

Vale recordar que la fórmula Laspeyres —que se mantendrá— mide la evolución de precios sobre una canasta fija, sin tener en cuenta sustituciones que realizan los consumidores cuando los precios se disparan. Este sesgo estructural se verá ahora complementado por un reajuste en los pesos relativos de cada categoría, lo que en la práctica puede suavizar o amplificar determinados efectos según la coyuntura.

La reformulación del IPC no es una simple actualización técnica sino una operación con implicancias políticas, sociales y simbólicas de gran alcance. Si bien es saludable que el índice se adecue a las nuevas formas de consumo, no puede ignorarse que el recorte del peso de alimentos y salud podría relativizar el drama cotidiano de millones. La estadística, lejos de ser neutral, construye realidades y legitima decisiones. En una Argentina donde la credibilidad institucional es endeble y la desigualdad se profundiza, modificar los instrumentos de medición no debería ser una estrategia para maquillar la crisis, sino una oportunidad para reflejarla con más fidelidad. Porque lo que no se mide con justicia, no se puede corregir con equidad.