La decisión de despedir a 1.600 empleados y reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes ha sido duramente criticada por los sectores sindicales y trabajadores. La medida se enmarca en la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Además, el achique incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país.

La situación se complica aún más en la provincia de Buenos Aires, donde el «Distrito 1» es el más grande del país. La selección del personal afectado estuvo a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza.

La incertidumbre laboral

La transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones.

La acción tomada ha desencadenado malestar en sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.

La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.

Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.

La reacción de los líderes sindicales

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».

La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.

El precedente de Ronald Reagan

La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.

La reacción de los diputados demócratas

Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.

Abril llega con una serie de aumentos en servicios esenciales y combustibles que impactarán directamente en los bolsillos de los argentinos. Los servicios de luz y gas, los combustibles, los alquileres y las prepagas serán algunos de los sectores más afectados por estos ajustes.

Los servicios de luz y gas experimentarán un aumento del 2%, según fuentes del sector energético. Esto se suma a los aumentos en los combustibles, que serán impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de los ajustes solicitados por las petroleras. Se estima que la suba estará por debajo del 2%.

Alquileres y prepagas también en alza

Los contratos de alquiler que aún se rigen por la antigua ley tendrán una actualización del 116,85% en abril. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una desaceleración con respecto a marzo, cuando el incremento anual fue del 149,3%, y febrero, cuando alcanzó el 174%. Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en las cuotas, con aumentos que oscilarán entre el 1,75% y el 2,9%, dependiendo del tipo de afiliación.

Contexto de inflación creciente

Estos aumentos llegan en un contexto de inflación creciente. Mientras en febrero el índice de precios marcó un 2,4%, las proyecciones de consultoras privadas prevén que en marzo el IPC supere el 3%, acelerando la presión sobre el costo de vida. Es importante destacar que el salario mínimo, vital y móvil no tendrá aumentos en abril, lo que podría afectar aún más el poder adquisitivo de los argentinos.