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Será en tres cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo; con el 7% ya pactado suma un 25%

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un aumento del 25% en sus haberes, en tres cuotas que se pagarán entre febrero y mayo próximo, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que, después de 14 años, volvió a rubricar su conformidad en una negociación salarial. Fuentes oficiales informaron que el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 18% para cerrar la paritaria del convenio colectivo de trabajo del empleo público, que se suma al 7% dispuesto en octubre último y, de esa forma, alcanza el 25%.

Indicaron además que el aumento «será efectivo en tres cuotas (4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo), a las que se sumará un bono de 4.000 pesos para fin de año para los salarios de hasta 60.000 pesos brutos.

«Este año, de un enorme esfuerzo fiscal, se garantizaron los puestos de trabajo, el cobro integral del salario y las condiciones laborales que preservan la salud de las y los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria», reflexionó Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

Según explicó el secretario de prensa de UPCN, Lucas Denna, el acuerdo alcanza «un aumento salarial del 25 por ciento desde octubre hasta mayo de 2021 y el pago de un bono de 4.000 pesos con los sueldos de diciembre, que beneficia a un universo de 130.000 trabajadores públicos».

«Para 2021 estamos ofreciendo incrementos por encima de la inflación esperada, iniciando un sendero de recuperación salarial; el próximo año será el de la recuperación y la propuesta de un 18% para el primer cuatrimestre va en ese sentido», declaró Castellani y remarcó que el acuerdo constituye «una clara señal, junto con el plan de regularización del empleo público, de la necesidad de elevar la calidad en la Administración Pública Nacional».

De la reunión paritaria, la segunda del año, participaron Castellani; el subsecretario de Empleo Público, Mariano Boiero; y los representantes gremiales de UPCN, Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Marta Farías y Mariano Unamuno y de ATE, Hugo Godoy, Mercedes Cabezas, Flavio Vergara y Rodolfo Aguiar.

El acuerdo salarial firmado en las dependencias de la cartera laboral tiene un componente histórico: es la primera paritaria que firman en conjunto UPCN y ATE después de 14 años, dado que desde el 2007 ATE firmó cada año en disconformidad lo acordado por el otro gremio.

Los aumentos comprenden a 130 mil trabajadores públicos de todas las categorías, en tanto, a partir de mayo de 2021, se iniciará la nueva paritaria estatal que tendrá vigencia hasta mayo de 2022. El acuerdo tiene además como antecedente la normalización laboral de unos 29 mil trabajadores estatales contratados desde hace más de cinco años y que ahora podrán concursar para integrar la planta permanente.

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Moyano pegó el portazo y renunció a la CGT

Sorpresa en el ámbito sindical! Pablo Moyano, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), decidió renunciar a su puesto como Co-Secretario General. Esta noticia generó un gran revuelo en el mundo sindical y político.

La pregunta que todos se hacen es: ¿Qué significa esta renuncia para el futuro de la CGT y el movimiento sindical en Argentina? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: esta noticia ha generado un gran impacto y será objeto de análisis y debate en los próximos días.

La CGT es una de las organizaciones más críticas con el gobierno y su política económica. En este sentido, la renuncia de Moyano puede ser vista como un cambio en el liderazgo sindical, que puede tener implicaciones para el futuro de la organización y su relación con el gobierno.

Es importante destacar que, hasta el momento, no se ha hecho público el motivo de la renuncia de Moyano. Sin embargo, se especula que su decisión puede estar relacionada con diferencias internas dentro de la central obrera o con la búsqueda de nuevos desafíos en el ámbito sindical o político.

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El salario mínimo en caída libre: retrocede a niveles de 2001

El salario mínimo en Argentina sufrió un fuerte retroceso en el último año, con una caída real del 28% que lo ha llevado a niveles inferiores a los de 2001, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Esta tendencia a la baja comenzó en diciembre de 2023 con una contracción del 15%, seguida de una caída del 17% en enero de 2024. Aunque hubo cierta estabilidad en los meses posteriores, la tendencia negativa se reanudó en junio y continuó hasta octubre.

Desde 2011, cuando el salario mínimo vital y móvil (SMVM) alcanzó su punto más alto, el salario mínimo acumula una pérdida real del 60%. A pesar de la caída en el poder adquisitivo, el empleo asalariado formal se mantuvo relativamente estable, con 10,1 millones de trabajadores registrados en los sectores público, privado y de casas particulares en agosto de 2024.

El análisis fue coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), quienes destacaron que esta crisis salarial y laboral, agravada por la inflación, impacta directamente en el consumo y refleja un deterioro estructural que afecta tanto a los ingresos de los trabajadores como a la dinámica del mercado laboral.

En cuanto al valor actual del salario mínimo, según la Resolución 13/2024, el salario mínimo vital y móvil es de $271.571,22 para octubre de 2024.

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«Diálogo tripartito: un paso hacia la seguridad laboral»

La reunión del Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo, convocada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marca punto importante en la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad laboral en Argentina.

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la salud en el trabajo, la reunión contó con la presencia de dirigentes sindicales, representantes del sector empresarial y funcionarios del gobierno. El objetivo común: encontrar soluciones para reducir los riesgos laborales y mejorar la protección de los trabajadores.

La reunión se centró en la actualización y simplificación de los baremos y el listado de enfermedades profesionales, así como en la implementación de un proyecto más amplio propuesto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y el anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La participación de la CGT en la reunión es especialmente significativa, considerando que la central sindical había anunciado su intención de avanzar en una medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei antes de fin de año. La reunión refleja la intención de las conducciones sindicales en consolidar espacios de diálogo tripartito de cara a los desafíos en material laboral.

«La seguridad laboral es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido por todos los actores involucrados. La reunión del Comité Consultivo Permanente es un paso importante hacia la construcción de un sistema de seguridad laboral más justo y efectivo», destacó un dirigente de la CGT.

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