El juez Roberto Gallardo dictaminó que las fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, no podrán intervenir en la movilización de jubilados prevista frente al Congreso. El fallo subraya la necesidad de respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de resguardar los derechos fundamentales de los manifestantes.

La política de seguridad vuelve a colocarse en el epicentro del debate democrático tras un fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, a cargo del magistrado Roberto Gallardo. La resolución, emanada a raíz de una serie de recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y sociales, establece que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deberá abstenerse de participar en la planificación y ejecución del operativo previsto para la movilización de jubilados del próximo miércoles frente al Congreso.

La decisión judicial no es un hecho menor: se inscribe en una coyuntura atravesada por la creciente tensión entre el gobierno nacional y diversos sectores de la ciudadanía que, semana tras semana, se manifiestan por reivindicaciones básicas como el acceso a medicamentos esenciales y la urgente recomposición de haberes previsionales. El fallo representa, además, un límite institucional claro al avance de la Nación sobre competencias propias del gobierno porteño, particularmente en materia de seguridad, regulada por la Ley de Seguridad Interior.

El magistrado fue enfático en su resolución: ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su titular, Jorge Macri, que impidan cualquier intervención de fuerzas federales fuera de los canales expresamente contemplados por la normativa vigente. Según expresó en su dictamen, permitir una injerencia de esa índole significaría un menoscabo tanto de la autonomía de la Ciudad como del rol orgánico y funcional que le cabe a la Policía porteña.

El fallo también conlleva una dimensión profundamente garantista. En efecto, Gallardo remarcó que la resolución no responde a una especulación teórica o a una pulseada entre jurisdicciones, sino a la necesidad urgente de evitar vulneraciones a derechos humanos básicos, como la libertad de reunión, la libre expresión de ideas y la integridad física de quienes se movilizan. En ese sentido, se instruyó a las autoridades locales a delinear un operativo que respete estas garantías, evitando acciones represivas que restrinjan o criminalicen la protesta social.

El contexto no puede ser soslayado: la movilización de los jubilados coincidirá con una jornada de paro general convocado por la CGT, lo cual incrementa la magnitud y sensibilidad del evento. En dicho escenario, el temor de una respuesta estatal desmedida se vuelve tangible, especialmente a la luz de antecedentes recientes donde el uso de las fuerzas federales dejó una estela de represión injustificada, con heridos, detenciones arbitrarias y una creciente judicialización de la protesta.

No es la primera vez que la figura de Bullrich —asociada a una línea dura en materia de seguridad— genera resistencias en sectores sociales y judiciales que ven en su accionar una amenaza a los principios republicanos y a los derechos consagrados constitucionalmente. La resolución de Gallardo, en este sentido, puede leerse como una respuesta institucional frente a un modo de concebir la seguridad que privilegia la coerción por sobre el diálogo.

Los rectores de las universidades nacionales reunidos en el CIN emitieron un comunicado en el que denuncian la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

La situación en las universidades nacionales es alarmante. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció en un comunicado la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, expresó su profunda preocupación por la situación y ha solicitado al Gobierno nacional una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en la partida reconducida para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio.

La situación salarial es particularmente grave, con un desfasaje de más del 80% entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza.

El sistema científico también se encuentra en una situación crítica, con una desinversión y un ajuste que pueden ser terminales si no se toman medidas que reviertan esta situación. La pérdida de recursos humanos extraordinarios formados por la nación es un golpe significativo para el desarrollo científico del país.

Desde el 14 de abril, San Juan implementará el boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes. Aunque representa una conquista significativa en términos de inclusión y acceso a la educación, surgen cuestionamientos técnicos y sociales que ameritan un análisis profundo.

En una medida largamente esperada por amplios sectores de la comunidad educativa, el Gobierno de la provincia de San Juan anunció oficialmente que, a partir del próximo 14 de abril, entrará en vigencia el boleto educativo gratuito. La presentación se realizó en el Centro Cívico, con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. Ambos funcionarios detallaron las condiciones y modalidades del nuevo beneficio, destinado a docentes y estudiantes activos del sistema educativo provincial.

El anuncio encuentra eco positivo en un contexto donde los costos de transporte representan una carga significativa para muchas familias. El boleto gratuito busca aliviar esa presión, garantizando el acceso a la educación sin barreras económicas vinculadas a la movilidad. El beneficio se aplicará de lunes a viernes hasta las 23:59 horas, y los sábados por la mañana, contemplando las necesidades horarias de quienes cursan carreras universitarias.

No obstante, esta iniciativa no está exenta de complejidades técnicas y aspectos que invitan a la reflexión crítica. Tal como lo explicó Molina, el sistema SUBE –bajo la órbita de Nación Servicios– no permite registrar viajes a costo cero, por lo cual el usuario deberá contar con una carga mínima. En la práctica, esto significa que cada viaje implicará un descuento simbólico de entre $0,10 para estudiantes y $0,20 para docentes. Este requerimiento, si bien puede parecer menor, condiciona parcialmente la gratuidad prometida, introduciendo un matiz que merece atención: la gratuidad real se ve limitada por una cuestión de arquitectura del sistema tecnológico.

Otro aspecto relevante es la necesidad de gestionar una Credencial Única Escolar y Docente, que podrá tramitarse hasta el 30 de abril. La exigencia de este documento, junto con la tenencia de una tarjeta SUBE registrada, apunta a garantizar un uso ordenado del beneficio. Sin embargo, podría transformarse en una barrera adicional para quienes enfrentan dificultades de acceso a la información o medios tecnológicos, especialmente en contextos rurales o de menor conectividad.

Cabe señalar que el requisito de recorrer una distancia superior a un kilómetro para acceder al beneficio excluye a un grupo no menor de estudiantes y docentes que, pese a vivir cerca de sus instituciones, utilizan el transporte público por cuestiones de seguridad, tiempo o condiciones personales. Esta condición puede tornarse arbitraria si no se considera el contexto integral del usuario.

Desde una perspectiva de políticas públicas, este boleto educativo gratuito representa una decisión acertada que se alinea con los principios de equidad y acceso universal al derecho a la educación. Pero también desnuda una vez más la tensión constante entre las buenas intenciones gubernamentales y las limitaciones operativas de los sistemas burocráticos y tecnológicos que las sostienen.

El inicio del boleto educativo gratuito en San Juan es una noticia que merece celebrarse, en tanto busca derribar barreras estructurales para acceder a la educación. El desafío estará en monitorear su aplicación concreta, garantizar la inclusión de los sectores más vulnerables y corregir a tiempo los desajustes que puedan surgir. Como toda política pública transformadora, su éxito dependerá de la sensibilidad con la que se escuche a quienes deben ser, efectivamente, sus principales beneficiarios.