El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.

La inflación de marzo escaló a 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superando las expectativas de los consultores y generando preocupación en el Gobierno y la población en general. Este aumento significativo se produce en un contexto de especulación sobre una posible devaluación del peso argentino.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró una variación de 3,7% en marzo, más de un punto por encima del 2,4% registrado en febrero. Este dato llega en un momento clave, cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará el acuerdo con Argentina para enviar $20.000 millones, posiblemente atado a un nuevo régimen cambiario.

La inflación de marzo se disparó con fuerza, marcando su nivel más alto desde agosto pasado cuando había llegado al 4,2%. Según el Indec, el nivel general del IPC representativo del total de hogares del país registró una variación de 3,7% con relación al mes anterior. En los primeros tres meses del año, la inflación alcanzó 8,6%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 55,9%.Este aumento significativo genera preocupación en el Gobierno, que esperaba una suba de los precios, pero no tan alta.

El acuerdo con el FMI y la posible devaluación del peso argentino agregan incertidumbre al panorama económico. La devaluación podría generar un nuevo incremento de la inflación, afectando negativamente el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

La inflación es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos. En este caso, la posible devaluación del peso podría generar el encarecimiento de los bienes y servicios importados, lo que a su vez podría impulsar la inflación.

Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para controlar aumentos desmedidos y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció una nueva prórroga para la tramitación de la Credencial Escolar y Docente, un documento esencial para la identificación y seguridad dentro de las instituciones educativas de la provincia. La nueva fecha límite para obtener la credencial será el 31 de mayo de 2025, lo que brinda un mayor plazo para que estudiantes y docentes puedan cumplir con este requisito.

Esta herramienta importante facilita la identificación de alumnos y docentes en el transporte público, y su obtención es necesaria para acceder al boleto escolar y docente gratuito. Sin embargo, en los niveles inicial, primario y secundario, su uso no será obligatorio siempre que el estudiante viaje con guardapolvo o uniforme de la institución.

La decisión de prorrogar el plazo para obtener esta acreditación responde a las solicitudes realizadas por estudiantes y docentes, quienes solicitaron una extensión del plazo para poder cumplir con este requisito.

Beneficios de la credencial

• Acceso al boleto escolar y docente gratuito
• Identificación y seguridad dentro de las instituciones educativas
• Facilidad para acceder a beneficios y servicios específicos