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Se procederá a declarar la caducidad de los mismos y a promover las acciones de recupero de los fondos

 El Gobierno detectó irregularidades en beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que no cumplieron con las condiciones establecidas para su recepción, y procederá a declarar la caducidad de los mismos y a promover las acciones de recupero de los fondos. Así lo estableció la Decisión Administrativa 70/2021 publicada en el Boletín Oficial, que aceptó las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP incluidas en el Acta 28. La misma precisó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitió al Banco Central (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el listado de beneficiarios que accedieron al ATP a fin de que se realicen los controles de cumplimiento de las condiciones estipuladas para la vigencia de los beneficios.

«Recibidas las primeras respuestas, informa que en razón del análisis preliminar efectuado por distintas áreas técnicas surgiría la existencia de operaciones que podrían dar lugar a la caducidad de alguno de los beneficios que fueron acordados en los términos previstos por el ATP», indicó el Comité.

Al respecto, remarcó que se van a «sustanciar los procedimientos tendientes a declarar la caducidad de los beneficios y promover las acciones de recupero en los casos en que así corresponda, sea en sede administrativa o judicial».

Las condiciones fijadas por el Gobierno para las empresas que accedieran al ATP fueron la prohibición de operar en el mercado de capitales, repartir dividendos y realizar erogaciones a paraísos fiscales por uno o dos años posteriores a su ejercicio contable actual, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan.

El Comité resolvió que la AFIP regule «el procedimiento mediante el cual se notifique a los beneficiarios los incumplimientos detectados y se formule el cargo correspondiente, indicando el monto a reintegrar, otorgar plazos para que se deduzcan los descargos, evaluar estos últimos y, previa intervención de su servicio jurídico, resolver, de así corresponder, la caducidad del beneficio».

Asimismo, propuso que el organismo establezca «un procedimiento voluntario para que se restituyan los importes percibidos en los casos en que se decrete la caducidad del beneficio, contando con la posibilidad de acordar planes de facilidades de pagos consistentes en su extensión con la normativa vigente en materia tributaria».

También aclaró que «la declaración de caducidad corresponderá únicamente respecto de aquel beneficio cuya condición hubiera sido incumplida por parte del beneficiario, sin afectación de los restantes beneficios acordados en el marco del ATP, excepto que se trate de una condición aplicable a más de un período o a más de un beneficio».

En ese caso, señaló que «se declarará la caducidad de todos los beneficios supeditados a la condición de caducidad de que se trate». Sin embargo, indicó que «los beneficios de reducción o postergación de contribuciones patronales destinados al Sistema Previsional Argentino (SIPA) acordados a los beneficiarios del programa no se encuentran sujetos al cumplimiento de condiciones posteriores». Por lo que precisó que «de declararse la caducidad de otro beneficio, esta no producirá efectos respecto de los beneficios de reducción o postergación de las contribuciones».

El Comité también consideró necesario modificar condiciones a cumplir para los beneficiarios de Salario Complementario y Crédito a Tasa Subsidiada. En este caso, se trata de la condición de no realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario, radicados en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación.

Al respecto, el Comité propició que esta condición resulte de aplicación, exclusivamente, a aquellos casos en que el monto total de las erogaciones realizadas supere los U$S 5.000. También lo hizo con los beneficiarios de Salario Complementario y Créditos a Tasa Subsidiada, a Tasa Cero y a Tasa Cero Cultura.

En este caso, modificó la condición de no adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.

El Comité estimó que la caducidad del beneficio no debe aplicarse en el caso de operaciones realizadas por montos de poca envergadura, y que se tomen en consideración las que superen los U$S 500.

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El FMI exige una reforma laboral: un desafío para el gobierno y los trabajadores

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La reforma laboral es un tema complejo y controvertido, que genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos. La propuesta de flexibilizar los contratos de trabajo y reducir la carga impositiva puede tener un impacto positivo en la creación de empleo formal, pero también puede generar precarización y pérdida de derechos para los trabajadores.

La CGT y otros sindicatos rechazan de plano cualquier reforma que implique pérdida de derechos y exigen un consenso amplio para cualquier cambio. El Gobierno enfrenta el desafío de cumplir con las metas del FMI sin generar estallidos sociales ni confrontaciones sindicales.

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Más de 5,7 millones de personas trabajan en la informalidad en Argentina

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud y con salarios inferiores a los que están registrados.

La informalidad laboral es un problema crónico en el país, y los últimos datos del INDEC lo confirman. En el cuarto trimestre de 2024, el 42% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo que equivale a más de 5,7 millones de personas.

El empleo no formal es particularmente alto en ciertos sectores, como el servicio doméstico, donde el 77% de los trabajadores no están registrados. Los trabajadores por cuenta propia también se ven afectados, con una tasa de informalidad del 62,4%. Los jóvenes menores de 29 años son los más vulnerables, con una tasa de informalidad del 58,7%. Las mujeres también se ven afectadas, con una tasa de informalidad del 43,4%, lo que refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral.

El trabajo en negro tiene graves consecuencias para los trabajadores y la sociedad en general. Los trabajadores informales no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen cobertura de salud, jubilación ni protección en caso de accidentes laborales. Además, los salarios de los trabajadores informales suelen ser inferiores a los de los trabajadores formales, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. La informalidad laboral también limita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas y servicios esenciales, lo que afecta a toda la sociedad.

El trabajo no registrado es un problema complejo que requiere una solución integral. Es fundamental que el Estado tome medidas para reducir la informalidad laboral y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a los mismos derechos y beneficios. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, como la reducción de cargas impositivas y la simplificación de los trámites administrativos.

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La Federación de la carne rechazó la propuesta de aumento salarial del 4%

La Federación de la Industria de la Carne rechazó una propuesta de recomposición salarial del 4% para abril, argumentando que la devaluación del salario tras la liberación del cepo cambiario hace que el aumento sea insuficiente. El gremio conducido por Alberto Fantini consideró que la oferta es incompatible con la nueva realidad económica.

La reunión privada celebrada el 15 de abril entre la Federación de la Industria de la Carne y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas –CEPA- no llegó a un acuerdo sobre la recomposición salarial para abril. El ofrecimiento de un aumento del 4% fue considerado insuficiente por el gremio, que argumentó que la devaluación del salario tras la liberación del cepo hace que el aumento no sea suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores.

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El rechazo a la oferta de recomposición salarial por parte de la Federación de la Carne puede tener consecuencias importantes para los empleados del sector. Si no se llega a un acuerdo, es posible que se produzcan conflictos laborales y paros en las plantas procesadoras de carne. Además, la devaluación del salario puede tener un impacto negativo en la economía en general, ya que los trabajadores tendrán menos poder adquisitivo y podrán consumir menos bienes y servicios.

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