Los rectores de las universidades nacionales reunidos en el CIN emitieron un comunicado en el que denuncian la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

La situación en las universidades nacionales es alarmante. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció en un comunicado la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, expresó su profunda preocupación por la situación y ha solicitado al Gobierno nacional una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en la partida reconducida para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio.

La situación salarial es particularmente grave, con un desfasaje de más del 80% entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza.

El sistema científico también se encuentra en una situación crítica, con una desinversión y un ajuste que pueden ser terminales si no se toman medidas que reviertan esta situación. La pérdida de recursos humanos extraordinarios formados por la nación es un golpe significativo para el desarrollo científico del país.

La decisión del gremio de colectiveros de no detener el servicio el 10 de abril, pese a su adhesión formal al paro, expone tensiones internas dentro del movimiento obrero. La conciliación obligatoria y un trasfondo político no menor delinean un escenario complejo para la central sindical.

En un giro que sacude los cimientos de la arquitectura sindical argentina, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió mantenerse al margen de la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Aunque expresó formalmente su adhesión al paro general, el gremio conducido por Roberto Fernández confirmó que los colectivos funcionarán con normalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desactivando así uno de los ejes logísticos más potentes de cualquier huelga: el transporte.

La decisión no responde únicamente a una postura gremial autónoma, sino que se encuentra condicionada por la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo tras el fallido intento de la UTA de realizar una protesta el pasado 28 de marzo. Aquel paro fue convocado ante la falta de avances en la negociación salarial del sector, pero el Gobierno nacional intervino rápidamente con la herramienta legal que suspende momentáneamente cualquier medida de fuerza.

Lo que podría parecer una determinación técnica, obedece también a factores de índole política. Desde el seno del sindicato, las voces fueron tajantes: el incumplimiento de una conciliación obligatoria podría acarrear consecuencias jurídicas severas, incluso la intervención del gremio. Pero a ello se suma el evidente malestar por el modo en que la CGT comunicó —o más bien, omitió comunicar— la decisión de convocar al paro.

Según fuentes gremiales, ni la UTA ni La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los conductores de trenes, fueron informados previamente de la medida, enterándose por la prensa y luego del préstamo de las instalaciones de la central obrera a un congreso piquetero. Solo después, y ya consumado el anuncio, el triunviro Héctor Daer convocó a los jefes de ambos sindicatos para informar oficialmente.

La actitud de la conducción cegetista pone en evidencia una profunda desconexión entre el núcleo decisor de la central y sectores estratégicos del sindicalismo tradicional, lo que no hace más que debilitar la cohesión del frente obrero en un contexto de creciente conflictividad social y económica. En este sentido, la falta de una construcción colectiva previa al paro erosiona su legitimidad y eficacia.

Por su parte, la UTA se resguarda tras una lectura estrictamente legalista, pero el gesto político es insoslayable. Al garantizar la circulación del transporte público, neutraliza de hecho el impacto del paro general en los grandes centros urbanos y expone las debilidades de una CGT que, más allá de las proclamas, carece hoy de una estrategia unificada y efectiva.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó el paro nacional docente para el 10 de abril, en un reclamo que trasciende lo salarial y se convierte en un grito en defensa del sistema educativo público y los derechos de los docentes.

La tensión entre el gobierno nacional y el sector educativo alcanza un nuevo punto de ebullición. La CTERA, liderada por Sonia Alesso, confirmó la medida de fuerza a nivel nacional que incluirá paro docente y una movilización masiva el día anterior, el 9 de abril. El reclamo no se limita al salario, sino que se trata de un grito colectivo en defensa del sistema educativo público, el trabajo docente y los derechos previsionales de miles de jubilados.

La demanda de la CTERA incluye la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la restitución y actualización del FONID, el aumento del presupuesto destinado a la educación y la necesidad de garantizar edificios escolares en condiciones mínimas para enseñar y aprender.

En la provincia de San Juan, los gremios locales UDA, UDAP y AMET se suman al paro nacional pese a estar bajo conciliación obligatoria, denunciando el deterioro progresivo del poder adquisitivo docente y el vaciamiento del sistema jubilatorio.

El conflicto docente se convierte en un símbolo de resistencia al modelo económico actual, con un profundo desacuerdo entre el gobierno y el sector educativo sobre la orientación política y económica del país. El rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la defensa de la soberanía nacional y el reclamo por una educación como derecho y no como mercancía, son puntos insoslayables del discurso sindical.

El paro nacional docente del 10 de abril es parte de una pulseada más amplia entre un gobierno que busca ajustar sin anestesia y una sociedad que resiste desde sus instituciones más sensibles. El sistema educativo público se ha transformado en un escenario privilegiado de esta confrontación, que pone en tela de juicio decisiones presupuestarias y el lugar de la educación en la estructura democrática argentina.