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Tras largas negociaciones, la Fatsa y todas las cámaras empresarias firmaron un acuerdo y determinaron las nuevas escalas de los básicos a partir del 1° de abril. Todos los detalles.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), que conducen Carlos West Ocampo y Héctor Daer, y las cámaras empresarias de la actividad acordaron esta tarde en el Ministerio de Trabajo una recomposición salarial total anual para 2020 del 36,1 por ciento, luego de convenir un aumento extra del 14 al 17 por ciento.

Esa última mejora se aplicará según cada categoría del escalafón convencional del gremio, según informaron esta noche a Télam las fuentes gremiales y oficiales.

Montos de categorías

A partir de abril, la categoría más alta del salario básico comenzará a percibir algo más de 75 mil pesos, la que le sigue poco más de 60 mil y, la más baja, casi 45 mil pesos.

De esta forma, el sindicato nacional y los empresarios de la actividad concluyeron la negociación salarial, que en su momento se había estancado y provocó la convocatoria a medidas de fuerza, interrumpidas por la declaración de la conciliación obligatoria.

Sindicalistas y empresarios convinieron ayer en la cartera que conduce el ministro Claudio Moroni un aumento extra al acordado de forma oportuna de entre el 14 y el 17 por ciento, según la categoría escalafonaria, lo que totalizó una mejora anual del 36,1 por ciento.

El acuerdo fue firmado por la Fatsa y todas las cámaras, que ratificaron la vigencia de los convenios 122, 103 y 108/75 y 459/06; acordaron las nuevas escalas de los básicos a partir del 1° de abril, según lo convenido en la paritaria del 25 de agosto, y consensuaron que «la diferencia entre básicos vigentes al 30 de junio y nuevas escalas y valores sobre los adicionales se considerarán una gratificación extraordinaria no remunerativa».

Esa excepcionalidad parcial regirá hasta el 30 de junio de este año, ya que desde el día siguiente tendrán carácter remunerativo, según lo convenido el jueves por la tarde en el Ministerio de Trabajo.

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La CATT denunció las medidas de desregulación del Gobierno

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en el sector de la Marina Mercante y en otras áreas de la actividad, y anunció que realizará un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir las acciones que van a llevar a cabo en defensa del derecho a huelga y la soberanía nacional.

La CATT, liderada por Juan Carlos Schmid, criticó duramente las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, argumentando que promueven la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, ponen en jaque la soberanía nacional, destruyen la industria nacional y amenazan gravemente el trabajo argentino. En particular, la Confederación se opuso a la desregulación de la Marina Mercante, que considera un sector estratégico para el desarrollo del país.

La CATT también criticó las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional, impulsadas por la Secretaría de Transporte, argumentando que afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino.

Además, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, quienes atraviesan una crítica situación como consecuencia del desmantelamiento del organismo, el cierre de distritos, el congelamiento de obras públicas y el avance de la precarización laboral. La Confederación considera que esta ofensiva atenta no solo contra la fuente de trabajo, sino también contra la conectividad territorial y el desarrollo productivo del país.

La violación del derecho a huelga

La CATT también denunció la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan los trabajadores del transporte, argumentando que la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado. La Confederación considera que esta actitud configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en la Constitución Nacional y en el convenio 87 de la OIT.

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La CGT se prepara para frenar el decreto que afecta el derecho a huelga

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un contundente comunicado en el que denuncia la intención del Gobierno Nacional de suprimir el derecho a huelga en Argentina a través de un decreto y adelantó que buscará frenar la medida con acciones legales y sindicales.

El Decreto 340/2025, publicado recientemente, crea la figura de «actividades de servicios trascendentales» y establece condiciones similares a las actividades esenciales, lo que engloba a casi todos los sectores de la economía. La CGT sostiene que el Gobierno busca eliminar el derecho a huelga por decreto y a espaldas del país, y que la medida equivale a cercenar el derecho constitucional a la huelga de millones de trabajadores.

La central obrera enfatizó que la medida es inconstitucional y que viola los tratados internacionales y la legislación vigente. En este sentido, adelantó que llevará adelante una presentación ante la justicia para frenar el alcance inmediato de la medida. La CGT también expresó que no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada del Gobierno y que dará las batallas que tenga que dar para garantizar este y otros derechos amenazados.

La medida adoptada por el Gobierno nacional es un claro intento de limitar el derecho a huelga y de restringir la capacidad de negociación de los trabajadores. La creación de la figura de «actividades de servicios trascendentales» es un mecanismo para ampliar la categoría de actividades esenciales y englobar a casi todos los sectores de la economía. Esto puede generar un clima de tensión y conflicto en el lugar de trabajo y afectar negativamente la productividad y la calidad del servicio.

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El Gobierno limita el derecho a huelga por decreto y amplía las actividades esenciales

El Gobierno nacional publicó un decreto que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar un funcionamiento mínimo de entre 50 y 75% en caso de conflicto sindical. La medida generó preocupación entre los sindicatos y los trabajadores, ya que vulnera el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

El decreto de necesidad y urgencia 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, establece que los conflictos colectivos que afecten la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental deberán garantizar un funcionamiento mínimo. En el caso de los servicios esenciales, se establece un mínimo del 75% de la prestación normal del servicio, mientras que para las actividades de importancia trascendental, el mínimo será del 50%. Esta medida implica una restricción significativa al derecho a huelga, ya que los trabajadores y los sindicatos deberán garantizar un nivel de servicio que puede ser difícil de cumplir en caso de conflicto.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han expresado su rechazo a la medida, argumentando que vulnera el derecho a huelga y la libertad sindical. Según los críticos, esta medida es un intento del Gobierno de limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y de debilitar su poder de presión en caso de conflicto. Además, la medida puede generar un desequilibrio en la relación entre empleadores y empleados, favoreciendo a los primeros en detrimento de los segundos.

La limitación del derecho a huelga y la ampliación de las actividades esenciales es una medida que afecta directamente a los trabajadores y sus organizaciones. La imposición de un funcionamiento mínimo en caso de conflicto sindical puede limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y obligarlos a aceptar condiciones desfavorables. Además, la medida puede ocacionar un clima de tensión y conflicto en el lugar de trabajo, lo que puede afectar negativamente la productividad y la calidad del servicio.

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