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Anunció la ampliación de partidas del Presupuesto en $ 70.000 millones que irán a Salud, Obras Públicas y Desarrollo, entre otros sectores

 El Gobierno amplió partidas del Presupuesto Nacional en $ 70.000 millones, de los cuales $ 22.340 millones serán para atender los programas de Ministerio de Salud referidos a la pandemia de coronavirus, $ 18.600 millones para obras públicas, $ 12.000 millones para el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) y $ 4.468 millones para políticas alimentarias de Desarrollo Social. Según la decisión administrativa 460/2021 publicada este lunes en el Boletín Oficial, determinó una ampliación por $ 70.000 millones de los cuales $ 60.000 millones serán obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, y el resto provendrá de créditos de organismos multilaterales.

El Ministerio de Salud recibirá recursos extra por $ 22.340.570.230 para atender la adquisición de vacunas, test de antígenos y el financiamiento para la creación del Proyecto de Compensación en el contexto de la pandemia. También será para atender la extensión del pago de la asignación estímulo a personal de la salud, como así también para afrontar los servicios profesionales de los hospitales modulares de emergencia y las transferencias para los modulares de zona sur que se encuentran en funcionamiento a través del Hospital de Alta Complejidad en red El Cruce; y además se incrementa el presupuesto del Hospital Posadas.

En tanto, el Ministerio de Trabajo percibirá $ 12.000 millones para el Repro II; Desarrollo Social, $ 4.468.771.336 para políticas alimentarias; la Agencia Nacional de Discapacidad $ 4.343.333.847, de los cuales $ 3.350 millones serán para el pago de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas recibirá $ 18.600 millones, de los cuales $ 600 millones se transferirán a las provincias, y el resto se reforzará el presupuesto de Dirección Nacional de Vialidad para la construcción y el mejoramiento de rutas y autopistas en todo el país.

Además, el Ministerio del Interior percibirá $ 1.950 millones que otorgará a las provincias, con el objeto de afrontar gastos relativos al desarrollo de las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) y de las de legisladores nacionales, conjuntamente con las ejecutivas y provinciales así como municipales que se realicen de forma simultánea.

Por su lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo tendrá $ 713 millones extra que destinará a la promoción de la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de los emprendedores; y otro $ 1.998.442.694 con los que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) asistirá a la actividad cooperativa y mutual.

Por último, el Ministerio de Transporte recibirá $ 1.572 millones para reforzar el presupuesto de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); y el Ministerio de Defensa, $ 538.689.000 para el Estado Mayor General de la Armada.

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Moyano pegó el portazo y renunció a la CGT

Sorpresa en el ámbito sindical! Pablo Moyano, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), decidió renunciar a su puesto como Co-Secretario General. Esta noticia generó un gran revuelo en el mundo sindical y político.

La pregunta que todos se hacen es: ¿Qué significa esta renuncia para el futuro de la CGT y el movimiento sindical en Argentina? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: esta noticia ha generado un gran impacto y será objeto de análisis y debate en los próximos días.

La CGT es una de las organizaciones más críticas con el gobierno y su política económica. En este sentido, la renuncia de Moyano puede ser vista como un cambio en el liderazgo sindical, que puede tener implicaciones para el futuro de la organización y su relación con el gobierno.

Es importante destacar que, hasta el momento, no se ha hecho público el motivo de la renuncia de Moyano. Sin embargo, se especula que su decisión puede estar relacionada con diferencias internas dentro de la central obrera o con la búsqueda de nuevos desafíos en el ámbito sindical o político.

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El salario mínimo en caída libre: retrocede a niveles de 2001

El salario mínimo en Argentina sufrió un fuerte retroceso en el último año, con una caída real del 28% que lo ha llevado a niveles inferiores a los de 2001, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Esta tendencia a la baja comenzó en diciembre de 2023 con una contracción del 15%, seguida de una caída del 17% en enero de 2024. Aunque hubo cierta estabilidad en los meses posteriores, la tendencia negativa se reanudó en junio y continuó hasta octubre.

Desde 2011, cuando el salario mínimo vital y móvil (SMVM) alcanzó su punto más alto, el salario mínimo acumula una pérdida real del 60%. A pesar de la caída en el poder adquisitivo, el empleo asalariado formal se mantuvo relativamente estable, con 10,1 millones de trabajadores registrados en los sectores público, privado y de casas particulares en agosto de 2024.

El análisis fue coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), quienes destacaron que esta crisis salarial y laboral, agravada por la inflación, impacta directamente en el consumo y refleja un deterioro estructural que afecta tanto a los ingresos de los trabajadores como a la dinámica del mercado laboral.

En cuanto al valor actual del salario mínimo, según la Resolución 13/2024, el salario mínimo vital y móvil es de $271.571,22 para octubre de 2024.

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«Diálogo tripartito: un paso hacia la seguridad laboral»

La reunión del Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo, convocada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marca punto importante en la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad laboral en Argentina.

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la salud en el trabajo, la reunión contó con la presencia de dirigentes sindicales, representantes del sector empresarial y funcionarios del gobierno. El objetivo común: encontrar soluciones para reducir los riesgos laborales y mejorar la protección de los trabajadores.

La reunión se centró en la actualización y simplificación de los baremos y el listado de enfermedades profesionales, así como en la implementación de un proyecto más amplio propuesto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y el anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La participación de la CGT en la reunión es especialmente significativa, considerando que la central sindical había anunciado su intención de avanzar en una medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei antes de fin de año. La reunión refleja la intención de las conducciones sindicales en consolidar espacios de diálogo tripartito de cara a los desafíos en material laboral.

«La seguridad laboral es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido por todos los actores involucrados. La reunión del Comité Consultivo Permanente es un paso importante hacia la construcción de un sistema de seguridad laboral más justo y efectivo», destacó un dirigente de la CGT.

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