El gobierno y los gremios estatales negocian la paritaria nacional que vence a fin de mes: habría acuerdo en acordar un 34% de aumento pero hay diferencias en la forma de pago

El gobierno y los gremios estatales negocian la paritaria nacional que vence a fin de mes: habría acuerdo en acordar un 34% de aumento en línea con la pauta oficial pero persisten diferencias sobre el ordenamiento de los tramos a pagar y la fecha de la futura reapertura de las discusiones.
Según se pudo averiguar, funcionarios de Jefatura de Gabinete vienen manteniendo charlas “informales” con dirigentes de UPCN y ATE con vistas a alcanzar un entendimiento que permita coordinar una convocatoria formal en las próximas semanas. La actual paritaria vence el 31 de mayo y la idea del Ejecutivo es dar otra señal de “previsibilidad” en momentos en que es cuestionada la “hoja de ruta” emprendida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de sus previsiones presupuestarias para ordenar la macro. “Estamos armando una oferta para discutir en el ámbito paritario”, informaron en el oficialismo.
En estas conversaciones informales el gobierno ofreció un aumento salarial del orden del 34% que iría en línea con el 35% con el que finalmente se cerró el salario mínimo vital y móvil y el porcentaje que el último viernes firmaron los docentes universitarios en una cumbre con Alberto Fernández, en Casa Rosada. Se trata de un deslizamiento de la pauta original del 30% producto de la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Justamente esta semana el INDEC informará el IPC de abril que, otra vez, rondaría el 4% con un acumulado anual del 16%.
Es en este marco que, al parecer, las diferencias radicarían en cómo se distribuye ese 34% “en el año paritario que va de junio de 2021 a mayo de 2022”. Se trata de la misma discusión que se produjo el mes pasado durante el debate del Consejo del Salario Mínimo: finalmente se cerró en siete cuotas pero hay temor de que esos montos pierdan valor adquisitivo por la continua suba de precios.
Ahora el ofrecimiento del gobierno incluye una cláusula de revisión para que las partes vuelvan a sentarse a la mesa y discutir una eventual compensación ante una suba de inflación. “Venimos teniendo charlas informales y esa suma está en línea con lo que firmaron los docentes universitarios. Pero nuestra paritaria sigue vigente hasta fin de mes: en abril tuvimos una suba del 6% y ahora en mayo, un 8%”, explicó un vocero de UPCN consultado.
Para ATE, en tanto, el mínimo del incremento salarial debería ser “del 35% tal como se acordó en el Consejo del Salario”. Una fuente consultada remarcó que el acuerdo debería garantizar “que en el primer semestre se le gane a la inflación real”, al poner en foco lo que podría ser la segmentación del aumento propuesto por el Ejecutivo. También reclamarán que la paritaria pueda ser “revisada” antes de fin de año y que se privilegie “a los sectores del estado más postergados, como Salud” y que el bono de $6000 se extienda durante todo el año dado que hoy su pago sólo está previsto durante 3 meses.
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Bancarios actualizan sus salarios y el sueldo inicial será de casi 2 millones

La Asociación Bancaria anunció la entrada en vigencia de la actualización salarial correspondiente a los montos iniciales del mes de abril de 2025, con un incremento del 11,6% sobre los haberes. Los trabajadores bancarios recibirán un retroactivo en mayo y sus salarios quedarán por encima de los 1,8 millones de pesos.
La Asociación Bancaria, liderada por el legislador nacional Sergio Palazzo, confirmó la actualización salarial para los trabajadores bancarios, que entrará en vigencia a partir de abril de 2025. Según el anuncio, los salarios iniciales del sector quedarán en $1.752.653,20, y con la Participación Ganancias (ROE) de $79.159,46, el total ascenderá a $1.831.812,66.
Además, el Día del Bancario/a tendrá un monto mínimo de $1.562.429,69, sujeto a futuras actualizaciones. La organización sindical destacó que esta actualización será aplicable a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
El gremio también confirmó que el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de mayo. «De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», agregaron en el comunicado.
La actualización salarial es un paso importante para los trabajadores bancarios, ya que les permite mantener su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. La Asociación Bancaria ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios y ha logrado mejorar sus condiciones laborales.
El aumento salarial de los trabajadores bancarios a casi 2 millones de pesos es un logro importante para el sector, pero también pone en evidencia la gran brecha salarial que existe en la Argentina. Mientras que los bancarios disfrutan de un sueldo inicial relativamente alto, otros sectores laborales cobran sumas ínfimas que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.
La pregunta que surge es: ¿por qué algunos sectores laborales pueden acceder a salarios dignos mientras que otros están condenados a vivir en la pobreza? La respuesta es compleja y multifacética, pero es claro que la desigualdad salarial es un problema estructural que requiere una solución urgente.
Es hora de que los los líderes sindicales se unan para abordar esta cuestión y garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a un salario justo y digno. De lo contrario, la brecha salarial seguirá siendo un obstáculo para la justicia social y la igualdad en la Argentina.
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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.
La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.
El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.
Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.
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El Gobierno desvincula a empleados públicos sin contemplaciones

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.
Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.
El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.
Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.
La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.
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