En un escenario de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores, los sindicatos UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT. A pesar de la conciliación obligatoria a nivel provincial, las organizaciones docentes priorizan la defensa de la educación pública, los salarios dignos y el financiamiento para las escuelas técnicas.

La jornada del jueves 10 de abril se perfila como un hito de alto voltaje político y social, con el paro nacional encabezado por la CGT y acompañado por múltiples gremios del arco educativo. En San Juan, UDAP, UDA y AMET —las tres principales entidades representativas del sector docente— anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, que se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. La decisión se produce en el marco de un creciente malestar sindical por la pérdida del poder adquisitivo, el congelamiento salarial, la precarización laboral y el vaciamiento presupuestario de la educación técnica.

La protesta se gestó en simultáneo con las disputas derivadas de la conciliación obligatoria vigente en la provincia, dictada por la Subsecretaría de Trabajo local desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, los gremios insisten en que se trata de dos escenarios jurídicamente diferenciados: una conciliación de alcance provincial frente a una huelga de escala nacional. La estrategia gremial se ampara en la legalidad de la convocatoria general dispuesta por la CGT, lo que permitiría a los sindicatos adherirse sin incurrir en sanciones formales. La lectura que subyace es política: el conflicto supera los márgenes del ámbito local para situarse en un plano más amplio de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El trasfondo: salarios de indigencia y financiamiento en crisis

El núcleo del reclamo docente gira en torno a una agenda urgente y profundamente estructural: salarios que rozan la línea de la indigencia, jubilaciones empobrecidas, incumplimiento de paritarias y recortes en el envío de fondos para las escuelas técnicas. Desde la AMET, reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional (N.º 26.058), que exige un financiamiento específico para estas instituciones. Su incumplimiento no solo compromete el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, sino que también debilita el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Por su parte, UDA alertó sobre la existencia de un piso salarial docente que, con cifras cercanas a los $500.000, se ubica peligrosamente por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, desde el gremio, resaltaron que la situación de los trabajadores de la educación y de los jubilados refleja un deterioro constante, que se agrava con la desactualización de las paritarias y la política de despidos en el sector público.

Desde UDAP, su secretaria general, Patricia Quiroga, enfatizó que la adhesión al paro está enmarcada dentro de la ley, en tanto se trata de una convocatoria nacional. En declaraciones a medios locales, remarcó que la medida responde a un cuadro de profunda injusticia social, donde los trabajadores son los principales perjudicados por un modelo económico excluyente.

Un paro que interpela a la sociedad

La dimensión del paro del 10 de abril trasciende lo meramente gremial. Se trata de una interpelación directa a la sociedad sobre el modelo de país que se está construyendo: uno donde la educación, lejos de ser una prioridad, aparece relegada a un rol marginal. La protesta convoca no sólo a los docentes, sino también a las familias, los estudiantes y la ciudadanía en general, quienes deberán preguntarse si el rumbo actual garantiza derechos o los desmantela.

Cabe recordar que, si bien la mayoría del personal docente sanjuanino se plegará a la huelga, algunos educadores podrían optar por dictar clases, lo que generará una situación dispar y confusa en las aulas. En ese contexto, muchas familias se ven obligadas a consultar con las instituciones educativas para confirmar si habrá actividad escolar el jueves.

La UTA confirmó que prestará servicio en todo el país durante la jornada de protesta convocada por la CGT. La conciliación obligatoria y una estrategia sindical con tono institucional desdibujan el impacto real de una huelga que buscaba ser masiva.

Por Redacción

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) impulsa para este jueves una nueva jornada de paro nacional, la confirmación de que los colectivos funcionarán con normalidad en todo el país resignifica el alcance de la protesta. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a choferes de corta, media y larga distancia, anunció que no se sumará a la medida de fuerza. San Juan, al igual que otras provincias, tendrá servicio de transporte público sin alteraciones.

La ratificación llegó de boca del vocero nacional del sindicato, Mario Callegari, quien explicó que la UTA se encuentra sujeta a una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, en el marco de las negociaciones paritarias aún en curso. “Mañana va a haber colectivos normalmente”, aseguró en declaraciones radiales, y añadió: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

La decisión no es menor. El transporte público es históricamente una herramienta estratégica en toda convocatoria gremial de envergadura. Sin su paralización, las huelgas pierden fuerza, visibilidad y capacidad de presión. El colectivo no sólo moviliza pasajeros: moviliza el clima social. Y en este caso, su presencia en las calles será un contrapeso frente al llamado a detener la actividad.

Desde el sindicato se remarcó que no se trata de una postura política contra la CGT, sino de una limitación legal: cuando rige la conciliación, las organizaciones deben abstenerse de realizar medidas de fuerza, bajo apercibimiento de sanciones. Sin embargo, es evidente que la UTA apuesta a no arriesgar su posición frente al gobierno ni comprometer su margen de negociación. Una jugada de prudencia más que de adhesión.

En la provincia de San Juan, las autoridades locales del gremio replicaron el anuncio y despejaron toda duda: el servicio será normal durante toda la jornada. La situación se repite en gran parte del país, anticipando que la protesta convocada por la central obrera no logrará el grado de paralización que pretendía.

La CGT San Juan brindará un respaldo parcial a la movilización de los jubilados este miércoles 9 de abril. Las tensiones sociales crecen en un clima signado por el ajuste, la represión y la falta de diálogo entre el Gobierno Nacional y los sectores del trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de San Juan confirmó su adhesión plena al paro nacional convocado para el jueves 10 de abril, al tiempo que manifestó un respaldo parcial —pero significativo— a la movilización de los jubilados prevista para la víspera, en la emblemática Plaza 25 de Mayo.

El anuncio, a cargo del secretario general de la central obrera en la provincia, Eduardo Cabello, no deja lugar a equívocos: “La mayoría de los sindicatos decidimos acompañar esta marcha para fortalecer el reclamo y en repudio a la violencia que tuvieron con los jubilados”. En esas palabras, se condensa una indignación profunda y compartida que atraviesa capas generacionales y sectores sociales: el hartazgo ante el deterioro sostenido de las condiciones de vida y la respuesta estatal que, lejos de ofrecer diálogo, ha recurrido a la fuerza.

La marcha de este miércoles no será una acción aislada, sino la antesala de una medida de fuerza más amplia, enmarcada en el creciente descontento social frente a las políticas del gobierno nacional.

El paro del jueves10 de abril se inscribe como la tercera huelga nacional desde la asunción del actual oficialismo, y promete ser una demostración de fuerza si se mantiene la intransigencia oficial frente a los reclamos laborales y sociales. La CGT advierte que estas acciones podrían repetirse si el Ejecutivo continúa “negando el diálogo y estableciendo paritarias con techo y sin consenso”.

El descontento no se explica solo por la violencia institucional. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo, y la falta de una estrategia coherente para revertir el empobrecimiento de vastos sectores de la población, han resquebrajado la ya frágil paciencia colectiva. Las organizaciones gremiales y sociales denuncian un rumbo económico que privilegia los intereses del capital financiero por sobre las necesidades más elementales del pueblo trabajador y los sectores pasivos.

Este miércoles 9 de abril por la tarde, la Plaza 25 de Mayo, sitio histórico de encuentro y resistencia, volverá a ser escenario de una convocatoria que no apela únicamente a la nostalgia o a la épica del pasado. Se trata, más bien, de una advertencia con tono firme: la dignidad no se negocia y la memoria no olvida.