El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.

Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.

La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.

El representante gremial de los trabajadores Químicos en San Juan criticó duramente el techo paritario propuesto por el gobierno y alertó sobre la pérdida acelerada del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, se refirió a la crisis en Electrometalúrgica Andina y rechazó con firmeza los avances sobre la reforma laboral.

Desde Mundo Laboral San Juan, Mario García, representante del gremio Químicos en la provincia, brindó un diagnóstico contundente sobre la situación actual del sector trabajador. El foco de su preocupación se centra en la reciente propuesta del gobierno nacional de establecer un techo paritario del 1% mensual, una cifra que calificó como “totalmente desconectada de la realidad económica”.

García fue claro: “La inflación se mide con parámetros que no reflejan la verdadera situación del país. Los aumentos en energía, combustible y servicios hacen imposible aceptar un porcentaje tan bajo”. Para el dirigente, este intento por condicionar las negociaciones salariales refleja una estrategia orientada a debilitar el poder adquisitivo y la capacidad de negociación de los gremios.

Unidad sindical ante un panorama adverso

Frente al estancamiento de las paritarias y la presión del Ejecutivo por no homologar acuerdos superiores al 1%, el referente sindical remarcó que no descartan tomar medidas de fuerza. En sus palabras, “otros sindicatos como la UTA ya han actuado, y hoy más que nunca el movimiento obrero debe estar unido”.

García también defendió el rol de las organizaciones gremiales, muchas veces cuestionadas desde sectores oficiales y mediáticos: “Los derechos laborales fueron conquistados gracias a los sindicatos. Sin ellos, los empresarios pagarían lo menos posible. Hoy, lo que se busca es ajustar al trabajador”.

El panorama que describió el representante de los Químicos en San Juan no es alentador. Según explicó, la pérdida del poder adquisitivo ha sido abrupta y generalizada. “Una persona que alquila, que tiene hijos en edad escolar y debe cubrir la canasta básica, vive con la soga al cuello”, expresó.

A esto se suma el dato de que las paritarias nacionales —de las que dependen en la provincia— no han logrado nunca equiparar el ritmo de la inflación. “Siempre hemos estado por debajo, y eso genera un deterioro constante en las condiciones de vida del trabajador”, advirtió.

Electrometalúrgica Andina: salarios atrasados y una producción paralizada

Consultado por la situación de la empresa Electrometalúrgica Andina, García reveló un panorama crítico. “Hay compañeros con dos o tres meses de atraso salarial y la planta no está produciendo por conflictos contractuales entre los antiguos y nuevos dueños”, detalló.

A pesar de los esfuerzos y la predisposición del gobierno provincial para encontrar una salida, el conflicto aún no ha podido destrabarse. “Seguimos apostando a que se recuperen las fuentes laborales, pero hasta ahora no hay avances concretos”, lamentó.

Reforma laboral: el rechazo a la eliminación de indemnizaciones

Otro de los puntos que generan alerta en el gremio es la intención del gobierno de impulsar una reforma laboral que incluya un nuevo esquema de indemnizaciones. Según García, esta modificación podría facilitar los despidos, especialmente de trabajadores mayores.

“El nuevo sistema permitiría que a los 50 años te dejen sin trabajo porque ya no rendís como alguien de 30, y no habría indemnización que lo impida. Esa persona queda en un limbo, con 15 años aún para jubilarse y sin posibilidad de ser reincorporado”, explicó con preocupación.

El testimonio de Mario García es un reflejo de la tensión creciente que se vive en el mundo laboral argentino. Con un gobierno decidido a imponer reformas regresivas y una inflación galopante que licúa los salarios, el desafío sindical se multiplica.

“El trabajador argentino necesita un sueldo digno y respeto por sus derechos. Si eso no se garantiza, estaremos siempre en conflicto”, concluyó García, dejando en claro que el movimiento obrero no piensa retroceder.

En un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la CGT expresó su rechazo contundente a la reciente decisión del Gobierno nacional de habilitar la importación indiscriminada de productos electrónicos. Considerando que se trata de una medida que atenta contra la industria nacional y el empleo formal, con especial impacto en la región fueguina, advirtiendo que esta política representa un retroceso en términos productivos y sociales.

Según la Confederación General del Trabajo (CGT), la disposición que habilita el ingreso irrestricto de productos electrónicos al país pone en riesgo la industria fueguina y miles de empleos argentinos. En este contexto, la central obrera apoyó la medida de fuerza de la UOM de realizar un paro por tiempo indeterminado en todas las industrias de la provincia de Tierra del Fuego.

Según expertos, la resolución del Ejecutivo no aporta soluciones a la economía nacional, sino que profundiza los problemas existentes, como la baja de la actividad productiva y la pérdida del poder adquisitivo. En lugar de fortalecer la industria y proteger los puestos de trabajo, el Gobierno opta por debilitar un sector clave para el desarrollo y la soberanía.

Frente a esta instancia, gremios, cámaras empresariales y autoridades locales expresaron su creciente preocupación por la política de liberalización comercial que amenaza con desmantelar sectores industriales estratégicos.