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El gobierno tendría decidido no prorrogar la postergación de las elecciones en gremios y confederaciones registradas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que vence a fines de agosto, por lo que de no mediar un colapso por una eventual tercera ola de Covid, las instituciones podrían renovar sus autoridades antes de fin de año.

El 19 de febrero pasado el ministerio de Trabajo había prorrogado los mandatos de los sindicatos y de las centrales obreras hasta el 31 de agosto con el argumento que la emergencia sanitaria devenida de la pandemia no hacía posible la logística y realización de los comicios. Ahora dentro del oficialismo habría otra perspectiva: desde la cartera de la avenida Alem explicaron que “la idea es que puedan llevarse a cabo las elecciones con los protocolos correspondientes” durante el corriente. Incluso cerca del ministro Claudio Moroni deslizaron que la propia CGT, que debía renovar su comisión directiva en 2020, ya tiene muy avanzado los protocolos preventivos.

“La pandemia ya no será excusa. Se alargó bastante”, la suspensión de los comicios, argumentaron en la citada cartera, donde aclararon que la formalización de la medida sería publicada poco antes del vencimiento de la resolución vigente.

En la CGT desde hace meses pugnan por posicionarse como favoritos para ganar la postergada elección el actual cotitular, Héctor Daer, y el camionero Pablo Moyano, referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona). También la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que hoy conduce Juan Carlos Schmid, debería renovar autoridades; se trata de una institución donde también busca ganar peso el moyanismo. También gremios como Utedyc (clubes y asociaciones) deberían revalidar mandato este año.

La intención oficial sería que, en pos de la normalización de las actividades que se viene diseñando desde la Casa Rosada, haya elecciones en los gremios y los jefes sindicales logren revalidar sus mandatos. Empero, en el sindicalismo aún esperan una confirmación de Trabajo para poder avanzar en la logística necesaria para la realización de los comicios. Y algunas fuentes han puesto en duda que haya una real intención del Ejecutivo de confirmar la realización de los procesos de renovación de autoridades.

“Quizás sea una herramienta de negociación del gobierno para limitar las negociaciones paritarias o los reclamos sectoriales por los fondos de las obras sociales. Podrían hacer lo mismo que con la licitación de la Hidrovía y postergar la definición hasta último momento”, explicó una fuente gremial consultada.

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Bancarios actualizan sus salarios y el sueldo inicial será de casi 2 millones

La Asociación Bancaria anunció la entrada en vigencia de la actualización salarial correspondiente a los montos iniciales del mes de abril de 2025, con un incremento del 11,6% sobre los haberes. Los trabajadores bancarios recibirán un retroactivo en mayo y sus salarios quedarán por encima de los 1,8 millones de pesos.

La Asociación Bancaria, liderada por el legislador nacional Sergio Palazzo, confirmó la actualización salarial para los trabajadores bancarios, que entrará en vigencia a partir de abril de 2025. Según el anuncio, los salarios iniciales del sector quedarán en $1.752.653,20, y con la Participación Ganancias (ROE) de $79.159,46, el total ascenderá a $1.831.812,66.

Además, el Día del Bancario/a tendrá un monto mínimo de $1.562.429,69, sujeto a futuras actualizaciones. La organización sindical destacó que esta actualización será aplicable a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

El gremio también confirmó que el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de mayo. «De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», agregaron en el comunicado.

La actualización salarial es un paso importante para los trabajadores bancarios, ya que les permite mantener su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. La Asociación Bancaria ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios y ha logrado mejorar sus condiciones laborales.

El aumento salarial de los trabajadores bancarios a casi 2 millones de pesos es un logro importante para el sector, pero también pone en evidencia la gran brecha salarial que existe en la Argentina. Mientras que los bancarios disfrutan de un sueldo inicial relativamente alto, otros sectores laborales cobran sumas ínfimas que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

La pregunta que surge es: ¿por qué algunos sectores laborales pueden acceder a salarios dignos mientras que otros están condenados a vivir en la pobreza? La respuesta es compleja y multifacética, pero es claro que la desigualdad salarial es un problema estructural que requiere una solución urgente.

Es hora de que los los líderes sindicales se unan para abordar esta cuestión y garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a un salario justo y digno. De lo contrario, la brecha salarial seguirá siendo un obstáculo para la justicia social y la igualdad en la Argentina.

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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.

La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.

El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.

Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.

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El Gobierno desvincula a empleados públicos sin contemplaciones

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.

Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.

La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.

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