La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó el paro nacional docente para el 10 de abril, en un reclamo que trasciende lo salarial y se convierte en un grito en defensa del sistema educativo público y los derechos de los docentes.

La tensión entre el gobierno nacional y el sector educativo alcanza un nuevo punto de ebullición. La CTERA, liderada por Sonia Alesso, confirmó la medida de fuerza a nivel nacional que incluirá paro docente y una movilización masiva el día anterior, el 9 de abril. El reclamo no se limita al salario, sino que se trata de un grito colectivo en defensa del sistema educativo público, el trabajo docente y los derechos previsionales de miles de jubilados.

La demanda de la CTERA incluye la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la restitución y actualización del FONID, el aumento del presupuesto destinado a la educación y la necesidad de garantizar edificios escolares en condiciones mínimas para enseñar y aprender.

En la provincia de San Juan, los gremios locales UDA, UDAP y AMET se suman al paro nacional pese a estar bajo conciliación obligatoria, denunciando el deterioro progresivo del poder adquisitivo docente y el vaciamiento del sistema jubilatorio.

El conflicto docente se convierte en un símbolo de resistencia al modelo económico actual, con un profundo desacuerdo entre el gobierno y el sector educativo sobre la orientación política y económica del país. El rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la defensa de la soberanía nacional y el reclamo por una educación como derecho y no como mercancía, son puntos insoslayables del discurso sindical.

El paro nacional docente del 10 de abril es parte de una pulseada más amplia entre un gobierno que busca ajustar sin anestesia y una sociedad que resiste desde sus instituciones más sensibles. El sistema educativo público se ha transformado en un escenario privilegiado de esta confrontación, que pone en tela de juicio decisiones presupuestarias y el lugar de la educación en la estructura democrática argentina.

La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, calificó como «histórico» el acuerdo alcanzado en la última paritaria, pese a los obstáculos impuestos por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Solazo destacó que la demora en la homologación de la paritaria, que abarca de noviembre a marzo, perjudicó directamente a los trabajadores, quienes vieron devaluado su salario mientras se resolvía la situación.

El conflicto surgió cuando la Secretaría de Trabajo objetó el acuerdo firmado por las cámaras industriales y el sindicato, argumentando la ausencia de una firma entre los representantes de una de las siete cámaras. Esta situación, según Solazzo, nunca había ocurrido antes y generó una demora de más de dos meses en la homologación.

A pesar de las dificultades, algunas empresas decidieron adelantar los pagos confiando en que la homologación eventualmente se concretaría. Sin embargo, muchas otras se negaron a hacerlo, lo que obligó al gremio a intervenir y negociar con los empleadores para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con la homologación finalmente confirmada, las empresas deben abonar los retroactivos correspondientes a noviembre, aguinaldos y vacaciones, lo que representa un desafío financiero para aquellas que postergaron el pago.

Además del conflicto salarial, Solazzo resaltó el trabajo que la UOM San Juan viene realizando en la ampliación de su base de afiliados. Desde la nueva gestión, iniciada en marzo de 2023, el sindicato pasó de contar con aproximadamente 920 afiliados a 1.540, con 600 trabajadores aún sin afiliarse formalmente. Este crecimiento se debe, en parte, a la insistencia del gremio en que las empresas cumplan con su obligación de inscribirse y realizar los aportes correspondientes.

Entre las mejoras implementadas por el sindicato, destacan la expansión de la cartilla de beneficios para los afiliados, incluyendo descuentos en servicios y productos, y la renovación del camping sindical, que había estado abandonado durante tres años. La reciente inauguración de un playón polideportivo también forma parte de las iniciativas para fomentar el deporte y el esparcimiento entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, por primera vez, la UOM extendió la ayuda escolar a niveles secundario y de jardín, en reconocimiento de la importancia de apoyar a los afiliados en todos los niveles educativos.

Martín Solazzo también destacó el desafío que enfrenta el sector en la lucha contra los talleres clandestinos y las empresas que operan fuera de la ley, lo que impacta negativamente tanto en la industria como en los derechos laborales. La estrategia del gremio es dialogar con los empleadores para regularizar estas situaciones y proteger a los trabajadores afectados.

Para concluir, el dirigente sindical mencionó la convocatoria de la CGT a un tercer paro nacional el próximo 10 de abril, con el objetivo de apoyar la medida y exigir al gobierno nacional una política salarial más equitativa y la apertura de paritarias libres. Con estos avances y desafíos en el horizonte, la UOM San Juan reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos.