El próximo jueves 10 de abril, el país será escenario de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la política económica del Gobierno de Javier Milei. En este contexto, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) anunció su adhesión total a la medida de fuerza, lo que implicará el cierre de todas las bocas de expendio de nafta, gasoil y GNC en todo el país.

Durante la jornada del jueves, las estaciones de servicio permanecerán cerradas al público general, operando únicamente bajo un esquema de emergencia para atender ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. Así lo confirmó Carlos Acuña, secretario adjunto del gremio. «No habrá carga de combustible durante toda la jornada del jueves. Solo se atenderán urgencias. Las estaciones no abrirán al público general».

La medida forma parte de una protesta de 36 horas que se iniciará el miércoles 9 con una movilización al Congreso, junto a organizaciones de jubilados, y continuará con el paro total al día siguiente. El objetivo es defender los derechos laborales, el salario y las condiciones de trabajo que, según el gremio, están siendo avasalladas. Acuña explicó que la decisión responde a «las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores», en alusión al aumento de tarifas, la presión para limitar las paritarias y las modificaciones en los convenios colectivos.

«El sindicato va a acompañar esta medida en defensa de los derechos laborales, del salario y de las condiciones de trabajo que están siendo avasalladas», manifestó Acuña. Además, el dirigente sindical remarcó que acompañarán las protestas de los jubilados, al considerar que «los trabajadores seremos jubilados y los jubilados son y serán trabajadores», concluyó.

El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales sigue latente en la provincia de San Juan y en todo el país. En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Collado brindó detalles sobre la situación que atraviesan los empleados del sector y las medidas de fuerza que se han dispuesto para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Desde diciembre de 2023, los judiciales nacionales no han recibido una recomposición salarial, lo que ha generado una significativa pérdida del poder adquisitivo. Según Collado, los trabajadores han visto reducida su capacidad de compra en un 25 % durante 2024, lo que ha impactado no solo en su calidad de vida sino también en el consumo general de la población. Frente a este escenario, el gremio ha decidido intensificar sus reclamos con una serie de manifestaciones y protestas.

Medidas de fuerza en todo el país

Las acciones gremiales han sido constantes durante la última semana. Todo comenzó con la participación en la marcha del Día de la Mujer, continuó con un acompañamiento a los jubilados en distintas ciudades y un banderazo en Buenos Aires. La medida más contundente está prevista para el viernes, con un paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Collado destacó la importancia de garantizar guardias mínimas para atender situaciones urgentes, considerando que detrás de los trámites judiciales hay personas que dependen de la resolución de sus causas. “Entendemos que trabajamos con justicia y que detrás de los papeles hay personas. Siempre se establecen guardias mínimas para evitar perjuicios mayores a la población”, explicó.

Preocupación por la situación de los jubilados

Otro de los puntos que preocupa al gremio es la situación de los jubilados, quienes, según Collado, atraviesan una crisis profunda debido a los bajos haberes y las recientes modificaciones en el sistema previsional. “Es muy penoso que un trabajador, luego de años de esfuerzo, pase a cobrar apenas el 47 % de su sueldo. Es inaceptable que un compañero que se jubila de un día para el otro no pueda sostener su calidad de vida”, expresó.

El referente gremial también cuestionó la suspensión de las moratorias previsionales, argumentando que muchas personas han trabajado en la informalidad por falta de oportunidades y no por elección propia. “No se trata de vagancia, sino de la realidad laboral del país. No todos han tenido la posibilidad de acceder a un empleo en blanco, y ahora se les niega la oportunidad de jubilarse dignamente”, agregó.

Un gremio con trayectoria y coherencia

Collado resaltó la coherencia del gremio a lo largo del tiempo y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. “Hace mucho tiempo que venimos peleando por salarios dignos y mejores condiciones laborales. Nuestro sindicato siempre ha mantenido una postura firme en la lucha por los derechos de los judiciales, y esta no será la excepción”, concluyó.

El conflicto sigue en pie y, con el paro nacional en el horizonte, el sector judicial refuerza su postura en busca de una solución concreta. Mientras tanto, la incertidumbre y la preocupación siguen creciendo entre los trabajadores y jubilados, quienes ven cómo su poder adquisitivo se deteriora en un contexto económico cada vez más difícil.

En una entrevista con Mundo Laboral San Juan, Mario García, integrante del sindicato de trabajadores químicos en la provincia, analizó la compleja situación del sector en el actual contexto económico y laboral. Destacó que las medidas implementadas por el gobierno nacional han generado un escenario desfavorable para los trabajadores, con riesgos de precarización y pérdida de derechos laborales.

En el ámbito provincial, García mencionó que, si bien las empresas continúan operando en su mayoría, existen casos emblemáticos de industrias que aún no logran reactivarse. Un ejemplo es la fábrica de carburo Electrometalurgia Andina, que dejó de producir en 2018 y, a pesar de haber sido adquirida por un grupo brasileño, sigue sin retomar sus actividades. “Desde el gobierno de San Juan se ha brindado todo el apoyo posible, pero hay factores que dependen exclusivamente de la empresa y no del sindicato ni de las autoridades provinciales”, explicó.

Respecto a la cuestión salarial, García informó que las paritarias del sector se han ajustado de acuerdo con los índices del INDEC, con aumentos que impactan en todos los conceptos salariales, desde la hora trabajada hasta bonos y antigüedad. Sin embargo, advirtió que la medición oficial de la inflación no refleja fielmente la realidad de los trabajadores: “Se toma un factor que no es el real, no es el tangible del día a día, donde los precios de los alimentos y el combustible no dejan de subir”. En este sentido, subrayó que en los últimos dos años se ha producido una significativa pérdida del poder adquisitivo de los empleados.

De cara al futuro, García resaltó que uno de los principales desafíos del sindicato es lograr la reapertura de Electrometalurgia Andina, lo que significaría la recuperación de múltiples puestos de trabajo. Asimismo, reafirmó el compromiso del gremio con la defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en la provincia. “Siempre estaremos a disposición de los trabajadores y a la altura de las circunstancias que vayan surgiendo”, concluyó.