La Coalición Juntos por el Cambio (JxC) impulsa una reforma a la Ley de Contrato de Trabajo que busca limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales por inflación. Este proyecto, apoyado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica, responde a las demandas de las cámaras empresariales para frenar lo que denominan «la industria del juicio» ¹.

¿Qué implica la reforma?

La propuesta establece una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con una tasa de interés anual del 3%. Esto significa que las indemnizaciones laborales no podrán superar los límites del IPC más el 3% anual. La reforma afectará tanto los juicios pendientes como los concluidos sin pago.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Tetaz, aprobó tres dictámenes sobre la reforma. Sin embargo, aún debe pasar por la Comisión de Finanzas, liderada por Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), antes de llegar al recinto.

Las cámaras empresarias celebran el avance, argumentando que la litigiosidad laboral es un obstáculo para el desarrollo de empleos de calidad. Sin embargo, los críticos advierten que esta limitación podría perjudicar a los trabajadores en un contexto de alta inflación. Las ART sugieren que un cambio estructural requiere la implementación de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias.

¿Qué sigue?

El proyecto podría demorarse hasta 2025 si no se incluye en sesiones extraordinarias. Mientras tanto, la UART reporta un aumento del 7,6% en los juicios por riesgos del trabajo en los primeros diez meses de 2024, con 105.960 casos registrados.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) consiguió un importante acuerdo salarial con las cámaras empresarias, beneficiando a miles de trabajadores del sector.

La UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, anunció un aumento para el trimestre octubre-diciembre, además de un bono no remunerativo de $150.000.

El entendimiento establece un incremento salarial del 4% en octubre, un 4% en noviembre y un 4% en diciembre, con carácter acumulativo, que determina una suba total del 12,48% en el trimestre.

El acuerdo incluye la creación de una comisión bipartita para revisar los convenios vigentes, integrada por tres representantes de cada sector. El pacto deberá ser refrendado por la Secretaría de Trabajo mediante la homologación correspondiente.

Este logro es un importante paso hacia la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector de la construcción en Argentina.

Con un alto acatamiento y un gran movilización, los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial y municipal y de los hospitales de la provincia de Córdoba realizan un paro por 24 horas en reclamo por la recomposición salarial que les viene negando el ejecutivo que preside Martín Llaryora.

La convocatoria fue efectuada por el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba (SEP), conducido por Sergio Castro, a la que también se acoplaron el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), destaca Mundo Gremial.

Tras concentrar en diferentes puntos de la ciudad capital, las organizaciones sindicales movilizaron al Palacio 6 de Julio, donde se encuentran cortadas las calles por la concurrencia de trabajadores estatales y profesionales de la salud. “Los empleados públicos hacemos historia. Nos movemos por nuestros derechos”, afirmaron desde el SEP.

Cabe destacar que el gremio de los estatales provinciales viene de realizar una medida de fuerza el pasado viernes, cuando la falta de respuestas motivó la definición de una nueva acción directa anunciada como “contundente e histórica”. “Nos van a escuchar, les guste o no. Si no nos dan aumento, se les viene el Cordobazo”, aseveró Castro.

Por su parte, los trabajadores de la salud de los hospitales provinciales nucleados en la Sanidad mantienen activas las guardias mínimas en reclamo por salarios dignos, la reglamentación de la ley 10.889, el pase a planta de permanente y el cese de los descuentos extraordinarios  del APROSS.

“Nos parece preocupante la frialdad del gobernador en no querer resolver esta grave situación”, señalaron desde ATSA Córdoba, que movilizaron junto a los otros gremios a la gobernación provincial para reforzar los diferentes pedidos y planteos que, hasta el momento, no han sido atendidos por la actual gestión.