Con un alto acatamiento y un gran movilización, los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial y municipal y de los hospitales de la provincia de Córdoba realizan un paro por 24 horas en reclamo por la recomposición salarial que les viene negando el ejecutivo que preside Martín Llaryora.

La convocatoria fue efectuada por el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba (SEP), conducido por Sergio Castro, a la que también se acoplaron el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), destaca Mundo Gremial.

Tras concentrar en diferentes puntos de la ciudad capital, las organizaciones sindicales movilizaron al Palacio 6 de Julio, donde se encuentran cortadas las calles por la concurrencia de trabajadores estatales y profesionales de la salud. “Los empleados públicos hacemos historia. Nos movemos por nuestros derechos”, afirmaron desde el SEP.

Cabe destacar que el gremio de los estatales provinciales viene de realizar una medida de fuerza el pasado viernes, cuando la falta de respuestas motivó la definición de una nueva acción directa anunciada como “contundente e histórica”. “Nos van a escuchar, les guste o no. Si no nos dan aumento, se les viene el Cordobazo”, aseveró Castro.

Por su parte, los trabajadores de la salud de los hospitales provinciales nucleados en la Sanidad mantienen activas las guardias mínimas en reclamo por salarios dignos, la reglamentación de la ley 10.889, el pase a planta de permanente y el cese de los descuentos extraordinarios  del APROSS.

“Nos parece preocupante la frialdad del gobernador en no querer resolver esta grave situación”, señalaron desde ATSA Córdoba, que movilizaron junto a los otros gremios a la gobernación provincial para reforzar los diferentes pedidos y planteos que, hasta el momento, no han sido atendidos por la actual gestión.

En una reunión que se realizó sin la presencia de Pablo Moyano, la mesa chica de la central sindical decidió apostar al diálogo tripartito con el Gobierno y el sector empresarial.

Tras una reunión que se llevó adelante este martes en la sede de UPCN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió su postura y descartó realizar un nuevo paro general antes de fin de año, a pesar de la postura de Pablo Moyano, quién había deslizado la posibilidad de una nueva medida de fuerza para diciembre.

La mesa chica de la CGT descartó llevar adelante una huelga el próximo mes y apostó al diálogo con la mesa tripartita que componen junto al Gobierno y el sector empresario.

En este sentido, fue Juan Carlos Schmid, reciente titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), quién pidió una reunión urgente del Consejo Directivo con el fin de establecer la continuidad del plan de lucha, idea que no fue descartada, pero la mayoría coincidió en que la mejora económica y la recuperación del empleo en ciertos sectores, no justifican llevar a cabo una nueva medida de fuerza.  

En este sentido, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, había señalado que su postura era realizar un paro nacional para diciembre en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional, con una gran movilización.

Del encuentro participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero (UDA), Rodolfo Daer (Alimentación), Alejandro amor (Municipales-CABA), Gerardo Martínez (UOCRA), Julio Piumato (Judiciales), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Cristián Jerónimo (Vidrio) y Miguel Paniagua (Espectáculo Público).

El ala dialoguista de la administración libertaria resolvió darle la espalda este martes al tercer intento de la UCR por imponer una ley de limitación del poderío de los sindicatos como la que intentó Raúl Alfonsín. La CGT volverá a juntarse para analizar la invitación oficial a una mesa tripartita con empresarios.

Por: Mariano Martín.

El Gobierno dará esta semana otra señal a la CGT para sentarla a la mesa tripartita de diálogo con el sector empresario: dejará sin apoyo al intento de un sector del radicalismo por insistir con una reforma de los sindicatos destinada a acotar su estructura financiera y su poder de negociación. El diputado nacional Martín Tetaz tenía previsto reimpulsar hoy la iniciativa pero desde el Ejecutivo confirmaron que no contará con respaldo del oficialismo. En cambio, admitieron en el Ejecutivo, en los próximos días podrá avanzar un proyecto que apunta a poner fin a los aportes forzosos de las empresas a las cámaras que las nuclean. 

Se trata de la tercera y última oportunidad que este martes pondrá en juego la UCR para impulsar una iniciativa tendiente a eliminar las denominadas «cuotas solidarias» que los sindicatos recaudan entre los trabajadores no afiliados como contraprestación de la representación que sobre ellos ejercen, así como poner límites a las reelecciones de dirigentes y forzar la integración de las minorías en las estructuras de las organizaciones gremiales, entre otros puntos. «Ese proyecto no es para nada la agenda del Gobierno», confimó a El Destape un funcionario situado en la primera línea de la negociación con la CGT. 

Los dos intentos anteriores de Tetaz y el sector más refractario a los sindicatos fracasaron a la hora de darle tratamiento parlamentario a una reversión de la «ley Mucci», en alusión a la que intentó impulsar sin éxito en su gestión Raúl Alfonsín a caballo de una denuncia sobre un aparente «pacto militar-sindical». En septiembre y octubre, sendas reuniones de la comisión de Legislación del Trabajo, que encabeza el economista y expanelista televisivo de la UCR, naufragaron a último momento tras la orden del Gobierno a sus diputados de no facilitar un dictamen. 

La quita de apoyo en esta tercera y última chance coincide con la reanudación del contacto entre el Ejecutivo y la central obrera mayoritaria. Tal como reveló este medio, el asesor plenipotenciario Santiago Caputo retomó el diálogo, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la «mesa chica» de la CGT y espera de ese espacio la confirmación esta misma semana de que participará de la convocatoria tripartita con el Grupo de los Seis, que nuclea a las mayores patronales argentinas (industria, comercio, agro, construcción, banca y finanzas). 

De hecho este mismo martes habrá una reunión ampliada de la «mesa chica» para poner en común los pro y contras de abrir la etapa de diálogo que planea la administración libertaria. En rigor los espacios más negociadores como los «gordos» de los grandes gremios de servicios y los «independientes» de buen vínculo con todos los gobiernos ya tienen resuelto desde hace meses su concurrencia pero esperan convencer a Pablo Moyano de participar también, o al menos de no dinamitar esa instancia. Durante el fin de semana largo el hijo mayor de Hugo Moyano hizo saber en cambio que espera de la CGT un plan de lucha con alguna protesta en diciembre. 

Pablo Moyano atraviesa una encrucijada: su ánimo habitualmente confrontativo choca con la voluntad conciliadora de los socios más influyentes de la CGT, más interesados en sellar un entendimiento con el Gobierno que incluya concesiones como la caída del paquete antisindical de Tetaz o un blindaje financiero para las obras sociales que en apurar un tercer paro nacional, y hasta de su propio padre, Hugo, abocado a la salvaguarda de la prestadora de salud de Camioneros (Oschoca) y a las paritarias del gremio. Incluso en el entorno más cercano al heredero del gremio de choferes admiten que una nueva huelga nacional corre el riesgo de diluirse por las deserciones de gremios clave y de sectores de trabajadores poco dispuestos a perder un día de salario por su adhesión a la medida de fuerza. 

En el Gobierno, en tanto, esperan con ansias la mesa de diálogo con la CGT. La iniciativa lleva la bendición de los negociadores Caputo, Francos y Cordero, que creen haber convencido a Javier Milei de su conveniencia. Y, como muestra de buena voluntad, no sólo le darán la espalda al paquete legislativo de Tetaz que prometía desfinanciar a los sindicatos sino que analizan avanzar en una medida en sentido inverso: poner fin a las contribuciones forzosas que las cámaras patronales les cobran a empresas que ni siquiera forman parte de sus estructuras. 

Entre las cámaras en la mira figuran las que nuclean a empresas mercantiles (CAC y CAME) e industrias metalúrgicas (Adimra). También aparecen como posibles apuntadas otras entidades patronales que hacen lo propio como la de la actividad maderera (Faima), la industria gráfica (Faiga) y la de fábricas de calzado (Faica) entre otras. La mecánica es similar y prevé el pago mensual, por parte de todas las empresas comprendidas en un convenio colectivo de trabajo (sean o no afiliadas a la cámara sectorial), de un porcentaje de la masa salarial a favor de la entidad bajo la premisa de que es la encargada de llevar adelante la gestión salarial y en los conflictos. 

Enn 2019, y tras años de litigio administrativo y judicial, el gobierno de Mauricio Macri dictaminó en contra del pago forzoso que exigía Adimra a las empresas metalúrgicas no asociadas. El diferendo tenía como histórico contendiente a la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC) que rechazaba ese pago al sostener su propia presencia en las paritarias con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sin depender de Adimra.