Dirigentes políticos, sindicales y trabajadores de prensa pidieron este miércoles la reincorporación de los 48 empleados despedidos en Clarín durante una radio abierta y un “camarazo” realizado en la puerta de la empresa, en el marco de una jornada de protesta en reclamo de mejoras salariales impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en varias redacciones.
La actividad comenzó a las 13 en Tacuarí al 1800, en el barrio porteño de Constitución, frente a la puerta de ingreso al diario bajo la consigna “abrimos los micrófonos y sacamos tus flashes para que compartas tu apoyo contra los despidos de Clarín”.
“Este año nos íbamos a sentar en la mesa de negociación los representantes de los trabajadores, y esa es la verdadera razón del conflicto. Rechazamos cualquier paritaria de espaldas a las asambleas y vamos a seguir en lucha”, dijo el secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi.
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La CATT anuncia medidas de fuerza contra la desregulación del transporte y la limitación al derecho a huelga

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decretó el Estado de Alerta y Movilización y anunció un plan de lucha que podría incluir medidas de fuerza escalonadas a partir de junio, en respuesta a la desregulación del sector del transporte y la limitación al derecho a huelga impuesta por el Gobierno.
La CATT, conducida por Juan Carlos Schmid, anunció que llevará a cabo un plan de lucha en respuesta al «Decreto de desregulación de la Marina Mercante, la desregulación del sector aeronáutico, el desguace de Vialidad Nacional y un nuevo intento de cercenar el derecho de huelga». El gremio aseguró que las medidas de desregulación forman parte de «un plan criminal llevado adelante por Federico Sturzenegger» y que no van a resignar su capacidad de libertad sindical.
El plan de lucha
La CATT anunció que el plan de lucha podría incluir paros sectoriales, asambleas sorpresivas y una gran movilización en junio. El Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, aseguró que «este gobierno se maneja de manera autoritaria, sacando y firmando decretos sin consultar ni dialogar con nadie» y que el plan de lucha es para «ponerle un freno a las medidas autoritarias para silenciar a los trabajadores y trabajadoras».
La defensa de la industria nacional
La CATT también defendió la industria nacional y aseguró que la desregulación del sector del transporte y la limitación al derecho a huelga ponen en riesgo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de la historia. El gremio instó a las autoridades a mostrar voluntad de diálogo ante los reclamos y agregó que evaluarán medidas adicionales y otras acciones de protesta en caso de que no suceda.
La voz de los trabajadores
Los trabajadores del transporte se mostraron unidos en su lucha contra la desregulación y la limitación al derecho a huelga. Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), hizo un llamamiento a defender la Dirección Nacional de Vialidad y aseguró que «hace tres meses nos vienen atacando con que va a salir un decreto que primero nos iba a fusionar, después que nos querían sacar el convenio colectivo y ahora es directamente que cierran», concluyó.
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UOCRA y Alimentación lideran el reclamo salarial en un contexto de alta inflación

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y el Sindicato de la Alimentación (STIA) se encuentran en el ojo de la tormenta laboral, luego de que ambos gremios rechazaran la pauta salarial del 1% mensual impuesta por el Gobierno. Mientras que la UOCRA se declaró en estado de alerta y movilización, el STIA realizará una movilización ante la cámara empresarial para exigir un aumento salarial que refleje la realidad inflacionaria.
La situación laboral en Argentina se está tornando cada vez más compleja, con varios gremios presionando por aumentos salariales que superen la pauta oficial del 1% mensual. La UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, se sumó a la lista de sindicatos que buscan romper el tope salarial impuesto por el Gobierno. El gremio de la construcción se declaró en estado de alerta y movilización en todo el país, luego de que la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se negara a llegar a un acuerdo de recomposición salarial que contemple los índices inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Por su parte, el STIA, encabezado por Rodolfo Daer, realizará una movilización ante la cámara empresarial para exigir un aumento salarial que refleje la realidad inflacionaria. El sindicato exige un aumento del 2,93% para recuperar lo perdido ante la inflación y una cifra equivalente al costo de la vida para «mantener el poder de compra de los salarios».
La inflación y su impacto en los salarios
La inflación desbordada en el país generó un desfase en los convenios salariales firmados por debajo del porcentaje de aumento del costo de vida. La UOCRA y el STIA no son los únicos gremios que están presionando por aumentos salariales que superen la pauta oficial. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, también se encuentra en negociaciones con las cámaras empresariales para otorgar un aumento salarial en la rama metalmecánica.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno advirtió que no homologará los acuerdos salariales que superen la pauta oficial del 1% mensual. Sin embargo, algunos sindicatos, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, ratificaron aumentos salariales que superan la pauta oficial y han asegurado que serán pagados igual aunque la Secretaría de Trabajo no los homologue.
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Revés para el Gobierno: la Justicia laboral ordenó suspender la desafiliación digital

La Justicia del Trabajo falló a favor del gremio AEFIP y ordenó suspender la implementación de la herramienta de desafiliación impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida cautelar solicitada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) fue aceptada por el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 17, que suspendió el acceso digital a los sitios del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona la afiliación y la desafiliación gremial.
La Justicia laboral dio un golpe significativo al Gobierno nacional al suspender el botón digital de desafiliación sindical implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que había sido incorporada como nuevo trámite en el sitio web del organismo, permitía a los trabajadores registrar y presentar en forma autónoma la solicitud de afiliación y desafiliación gremial.
Sin embargo, la AEFIP, que conduce Pablo Flores, presentó un amparo ante la Justicia, argumentando que el sistema diseñado por el Gobierno «no tiende tan solo a facilitar al trabajador la comunicación de descuentos que pretende o no pretende hacer o aceptar, sino antes bien a sustituir una competencia propia» del sindicato. La jueza Rodríguez Fernández validó los fundamentos de la organización sindical y señaló que el sistema «interfiere de modo ilegítimo en un vínculo estatutario e intrasindical que le es ajeno y del cual se encuentra marginado por imperio constitucional y legal».

La importancia de la libertad sindical
La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La AEFIP y el SUPARA, el sindicato de los trabajadores de la Dirección de Aduanas, habían advertido que la herramienta «presentada como un canal ágil y transparente representa una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos, vulnera la autonomía sindical y constituye un acto de injerencia patronal que se encuentra prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país».
La suspensión del botón digital de desafiliación sindical es un golpe significativo al Gobierno y un triunfo para los sindicatos. La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La medida también advierte sobre los límites del poder estatal en la regulación de las relaciones laborales y la importancia de respetar los derechos y garantías constitucionales y legales de los trabajadores.
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