La central obrera sostuvo una jornada de protesta de 36 horas con amplia adhesión nacional, en una señal de rechazo frontal a las políticas de ajuste económico del Gobierno nacional. sectores clave de la producción se detuvieron, y la legitimidad del reclamo retumba en un clima social cada vez más complejo.

En una postal que recuerda los momentos más álgidos de la historia sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una contundente protesta contra el Gobierno de Javier Milei, describiéndola sin ambages como “un éxito rotundo”. La medida, que incluyó una movilización y un paro general de 36 horas, logró una paralización notable en áreas neurálgicas de la economía, desde la industria hasta el transporte, pasando por la energía y los servicios públicos. El epicentro simbólico de esta jornada fue Vaca Muerta, eje estratégico de la política energética, donde las actividades se vieron interrumpidas.

“Hoy paramos el país”, sentenció Héctor Daer, uno de los triunviros que conducen la CGT, en una conferencia de prensa en la que, acompañado por Carlos Acuña y Octavio Arguello, reafirmó la voluntad del movimiento obrero de ejercer presión contra lo que califican como una política de empobrecimiento sistemático.

La medida de fuerza, en su tercera edición desde el inicio de la gestión libertaria, encuentra su justificación en un deterioro veloz del poder adquisitivo, una inflación persistente que devora los ingresos y una retracción del consumo que golpea a los sectores más vulnerables. Andrés Rodríguez, también dirigente de peso en la central obrera, sintetizó el hartazgo: “La gente no llega a fin de mes. Es un grito de angustia”.

Lejos de ser un episodio aislado, el paro se inscribe en una dinámica creciente de confrontación entre el Gobierno y el tejido sindical. El Ejecutivo nacional no solo desoyó las advertencias de los gremios, sino que respondió con una campaña mediática hostil, que incluyó la utilización de altoparlantes en la vía pública para desincentivar la protesta. Daer no dudó en equiparar esa estrategia con prácticas de gobiernos autoritarios, afirmando que “fue un mecanismo oscuro que se usó cuando la democracia se había perdido”.

En paralelo, el paro impactó en la vida cotidiana: bancos cerrados, recolección de residuos suspendida en la Capital, transporte reducido y escuelas con asistencia dispar. Aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió debido a la conciliación obligatoria, la visibilidad del paro fue irrefutable en los centros urbanos y zonas industriales.

En el trasfondo de esta jornada subyace una disputa ideológica de gran envergadura. El Gobierno de Milei avanza con una agenda económica de tinte ortodoxo, basada en la reducción drástica del gasto público y la desregulación del mercado laboral, mientras que el movimiento sindical defiende un modelo que garantice derechos adquiridos y frene lo que perciben como un proceso de demolición del Estado social.

El paro general encabezado por la CGT no solo constituyó un hecho sindical relevante, sino que se erigió como un termómetro político del clima social. Más allá de la contundencia de la adhesión, lo que está en juego es una disputa de fondo: la concepción misma de país. Mientras Milei apuesta por un cambio radical de paradigma, la CGT se planta como dique de contención, convocando a la memoria colectiva de un pueblo que conoce los costos del ajuste extremo. La incógnita es cuánto margen queda para el diálogo y si alguna de las partes está dispuesta a retroceder un paso antes de que la calle hable aún más fuerte.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato con mayor cantidad de afiliados en América Latina, confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Con más de dos millones de afiliados en todo el país, esta decisión marca un punto clave en la magnitud que alcanzará la medida de fuerza.

En un comunicado difundido por la FAECyS califica el paro como una «respuesta legítima» y un llamado a la unidad, conciencia y organización de la clase trabajadora. La federación advierte que el actual rumbo económico pone en riesgo pilares fundamentales del Estado, como:

• El sistema solidario de salud: La salud como derecho fundamental está siendo amenazada por la falta de inversión y la precarización de los servicios.
• La seguridad social: La protección social y los beneficios para los trabajadores y jubilados están siendo cuestionados y reducidos.
• La educación pública: La educación como derecho fundamental está siendo desfinanciada y privatizada.
• La justicia social: La desigualdad y la injusticia social están aumentando debido a las políticas económicas y sociales implementadas.

«Si se destruye el Estado, nos quedamos sin justicia social; sin sistema solidario de salud; sin educación; sin seguridad social y sin desarrollo», advierte el texto de los mercantiles.

La entidad sindical también reivindica el paro como una acción en defensa de los jubilados y jubiladas, quienes serán protagonistas de una movilización frente al Congreso el miércoles 9, un día antes de la huelga general. «Por la defensa de nuestros/as jubilados/as, de la existencia del Estado y de los derechos de los/as trabajadores/as. ¡PARAMOS!», concluye el comunicado.

Con esta decisión, la Federación de Comercio se suma a una larga lista de gremios que ya confirmaron su participación, entre ellos:

• Sindicatos del transporte: Los trabajadores del transporte están luchando por sus derechos y condiciones laborales.
• Docentes: Los docentes están defendiendo la educación pública y sus derechos laborales.
• Sanidad: Los trabajadores de la salud están luchando por la defensa del sistema solidario de salud.
• Alimentación: Los trabajadores de la alimentación están defendiendo sus derechos laborales y condiciones de trabajo.

La FAECyS reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la protección del Estado.

Los gremios universitarios adhieren a la huelga convocada por la CGT. Exigen el fin del desfinanciamiento, rechazan el derrumbe salarial y proponen una nueva ley de financiamiento para las universidades. El conflicto académico se instala como emblema de resistencia social.

La comunidad universitaria se ha convertido en uno de los focos más activos de oposición al modelo de recorte fiscal y desregulación impulsado por el presidente Javier Milei. Los seis sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmaron su participación al plan de lucha de 36 horas convocado por la CGT para los días 9 y 10 de abril.

Esta decisión no surge de forma aislada. Es parte de una estrategia de resistencia articulada que busca frenar lo que consideran un “desmantelamiento deliberado del sistema universitario”. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, lo expresó con claridad:

“Nuestra idea es darle continuidad al plan de lucha, consolidando un marco de unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria”.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa de movilización será la presentación de un proyecto alternativo de ley de financiamiento universitario, luego del veto presidencial al texto anterior. La iniciativa buscará asegurar partidas presupuestarias adecuadas, establecer criterios de actualización automática y blindar la autonomía universitaria frente al avance de políticas de mercado.

En paralelo, distintas voces —incluyendo rectores, gremios y centros de estudiantes— barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular, herramienta que colocaría a la sociedad en el centro del debate sobre el destino de la educación superior pública.

Los datos aportados por los gremios son contundentes. Según Jorge Anró, secretario general de FATUN:

“Desde diciembre de 2023 a hoy sufrimos una caída aproximada del 70 por ciento en el poder adquisitivo. Solo en los primeros dos meses de gestión hubo una pérdida del 45%”.

Los trabajadores no docentes, al igual que docentes e investigadores, enfrentan una pérdida de ingresos que no encuentra parangón en los últimos 40 años. A esto se suma la parálisis de programas científicos, el deterioro edilicio y la suspensión de becas, lo que deja al sistema universitario al borde del colapso funcional.

La universidad pública, tradicionalmente reconocida como emblema de inclusión y producción científica, ha sido blanco de múltiples ataques discursivos por parte del gobierno nacional. Bajo el argumento de la “eficiencia fiscal”, se han congelado partidas, omitido actualizaciones presupuestarias y reducido transferencias clave, lo que para muchos representa una estrategia deliberada de vaciamiento.

La decisión de los gremios universitarios de adherir al paro general es mucho más que una medida sindical: es un posicionamiento político y cultural ante un proyecto que busca reconfigurar el rol del Estado en la vida pública. Las universidades, como espacios de democratización del conocimiento y pensamiento crítico, se defienden hoy ante un intento de transformación estructural que las amenaza.