La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego convocó a un paro total este miércoles en defensa del régimen tributario especial que sostiene a la industria local, mientras el presidente Javier Milei intensifica sus ataques contra el sector.

La medida de fuerza fue respaldada por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que expresó su «total solidaridad con los trabajadores fueguinos» y ratificó su compromiso en defensa del trabajo y la industria nacional. Sin embargo, desde el Gobierno nacional crecen los ataques contra la industria fueguina, con el presidente Milei retuiteando mensajes que califican a los fueguinos como un «pueblo diseñado para vivir del empleo público y estafar al continente con ensambles chinos».

La rebaja de impuestos y aranceles para la importación de celulares, televisores, aires acondicionados y consolas de videojuegos anunciada por el Ejecutivo implica una amenaza para la industria local, que sostiene que la medida dejará en desventaja a los productos fabricados en el sur del país. Los gremios advierten que el ataque a Tierra del Fuego es el primer paso hacia un desmantelamiento más profundo del aparato productivo nacional.

La disputa entre el Gobierno nacional y la industria fueguina pone en evidencia la tensión entre la política económica y la defensa de la industria nacional. Mientras el Gobierno busca reducir los impuestos y aranceles para fomentar la competencia, los gremios y la industria local sostienen que la medida afectará negativamente al empleo y la producción en la región.

La Dirección Nacional de Vialidad convocó a audiencias públicas para avanzar con la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias. El plan forma parte del proceso para cerrar Corredores Viales S.A. y busca reducir el rol del Estado en la infraestructura vial.

El Gobierno nacional lanzó una nueva etapa en su plan de reestructuración de la red vial mediante la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, actualmente bajo control estatal. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para desmantelar Corredores Viales S.A., una empresa estatal señalada por el Ejecutivo como ineficiente y deficitaria.

La segunda etapa del programa Red Federal de Concesiones (RFC) abarca tramos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Las audiencias públicas se realizarán en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante el mes de junio y permitirán que usuarios, organizaciones civiles y empresas interesadas puedan presentar opiniones y propuestas.

La privatización de las rutas nacionales es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de sus posibles consecuencias. Por un lado, la participación del sector privado puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de mantenimiento y gestión de las rutas. Por otro lado, la falta de regulación y control puede llevar a la explotación de los usuarios y a la degradación de la infraestructura vial.

El Gobierno nacional oficializó una medida que simplifica el ingreso al país de alimentos comprados en el exterior para uso personal. A partir de ahora, cualquier persona podrá adquirir alimentos fuera del país y recibirlos por sistema courier sin necesidad de autorización previa de la ANMAT.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 3280/2025, firmada por la titular del organismo, Nélida Bisio, y forma parte del plan de desregulación administrativa impulsado por el Ministerio de Economía. Con este cambio, se elimina la necesidad de realizar trámites previos ante la ANMAT para importar alimentos para uso personal, siempre que se trate de adquisiciones individuales y sin fines comerciales.

La nueva normativa establece condiciones específicas para importar alimentos sin necesidad de intervención de la ANMAT, como un límite de tres unidades de una misma especie por envío, un peso máximo de 50 kilos por paquete y un valor de compra que no supere los USD 3.000. Además, se permite un máximo de cinco envíos por persona al año calendario.

La flexibilización de los trámites para importar alimentos es una medida que busca agilizar procesos y brindar mayor libertad a los usuarios. Sin embargo, es fundamental destacar que la comercialización de los productos importados sigue estando sujeta a las regulaciones del Código Alimentario Argentino.