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La economía acumula 32 meses consecutivos de creación del empleo formal privado, lo que representa aproximadamente 324.100 empleos nuevos desde la pre-pandemia.

El empleo industrial formal continúa en alza y acumula 34 meses de expansión, el período más prolongado desde al menos 2009, informó la Secretaría de Producción del ministerio de Economía de la Nación.

Los datos relevados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la base del SIPA, reflejaron que el empleo privado formal en la industria creció en marzo de este año un 3,8% contra el mismo período de 2022.

“La industria sigue creciendo y ese crecimiento está acompañado de creación de puestos de trabajo de calidad. 34 meses de expansión demuestran que esto no es casualidad ni fruto de un rebote, sino el efecto de políticas concretas para lograr que la industria crezca y siga siendo el motor del desarrollo del país”, afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren.

El empleo privado formal en la industria se incrementó en marzo de este año un 3,8% con respecto al mismo mes de 2022 y un 0,1% en relación con febrero de este año. Así acumula 20 meses de crecimiento ininterrumpido en el marco de 34 meses de expansión (sin estacionalidad), el período más prolongado desde al menos 2009 (inicio de la serie).

“Es importante que tengamos presente estos datos porque nos hablan de una economía real, de un motor que no se detiene. Sabemos que tenemos que mejorar el poder adquisitivo de los salarios y que la inflación es lo que más preocupa, pero es importante que en ese contexto se mantenga el empleo. Aun en una situación difícil, las empresas apuestan al país, y lo hacen porque saben que el equipo que lidera Sergio Massa los acompaña con inversiones y políticas claras”, agregó de Mendiguren.

Según estos datos, hay más de 1.190.480 personas con empleo industrial, el nivel más alto en más de cuatro años (sin estacionalidad). Si se lo compara con la pre-pandemia (diciembre de 2019), se crearon 97.860 empleos privados formales en el sector, una suba de 9%.

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Paritarias estancadas y reformas laborales: la preocupación del sector de estaciones de servicio en San Juan

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, secretario general de estaciones de servicio de San Juan, manifestó su preocupación por el estancamiento en las negociaciones paritarias del sector. Según Menéndez, el atraso en la actualización de salarios ya acumula una pérdida del 7 % del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto económico donde la inflación continúa golpeando con fuerza.

“La inflación de abril fue del 2,8 %, la anterior del 3,7 %, y aún no logramos cerrar la paritaria. Es una situación crítica”, afirmó. El dirigente hizo especial énfasis en el deterioro del salario real desde la asunción del presidente Javier Milei y cuestionó duramente el “techo salarial” impuesto por el Ejecutivo nacional. “Es injusto ante el profundo retroceso económico que ha vivido la clase trabajadora”, remarcó.

De cara al próximo lunes, Menéndez expresó sus expectativas en que las cámaras empresarias de San Juan, Mendoza y San Luis se muestren receptivas para acordar un aumento urgente. “Aunque no resolverá el problema de fondo, sería un alivio mínimo para seguir peleándole al costo de vida”, subrayó.

La advertencia frente a las reformas laborales

Consultado sobre los anuncios del Gobierno respecto a una posible modificación en el régimen de indemnizaciones, Menéndez fue tajante: “Ninguna reforma que recorte derechos laborales puede ser bienvenida”. Si bien se mostró dispuesto a analizar propuestas que promuevan el empleo, dejó en claro su rechazo a aquellas que debiliten la protección de los trabajadores.

Uno de los puntos más controvertidos es la idea de reemplazar el sistema actual de indemnización por un fondo de ahorro constituido por aportes empresariales, un modelo similar al que aplica la UOCRA para sus trabajadores temporarios. Sin embargo, Menéndez advirtió que cualquier modificación de este tipo deberá contar con el aval del convenio colectivo correspondiente, y que por el momento, no hay definiciones claras ni consensos dentro del sector.

“Estamos abiertos a debatir sobre cambios, pero jamás vamos a aceptar la pérdida de derechos conquistados, como las vacaciones, el aguinaldo, las 8 horas laborales o la seguridad en el trabajo”, afirmó con firmeza. Además, insistió en que las reformas no deben convertirse en una vía para debilitar las condiciones laborales ni para facilitar despidos. “La prioridad debe ser sostener la actividad, proteger el empleo y asegurar una remuneración justa para que los trabajadores puedan vivir con dignidad y llegar a fin de mes”, concluyó.

Las declaraciones de Víctor Menéndez reflejan el clima de tensión y alerta que atraviesa el sector de estaciones de servicio ante un panorama económico adverso y propuestas gubernamentales que generan inquietud. Mientras se espera un gesto de apertura por parte de las cámaras empresarias y definiciones claras respecto a las reformas laborales, el mensaje es claro: no se puede seguir ajustando a costa de quienes sostienen con su trabajo la actividad económica del país. El equilibrio entre sostenibilidad empresarial y justicia social es, más que nunca, una deuda pendiente.

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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.

La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.

El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.

Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.

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El Gobierno desvincula a empleados públicos sin contemplaciones

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.

Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.

La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.

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