La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego convocó a un paro total este miércoles en defensa del régimen tributario especial que sostiene a la industria local, mientras el presidente Javier Milei intensifica sus ataques contra el sector.

La medida de fuerza fue respaldada por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que expresó su «total solidaridad con los trabajadores fueguinos» y ratificó su compromiso en defensa del trabajo y la industria nacional. Sin embargo, desde el Gobierno nacional crecen los ataques contra la industria fueguina, con el presidente Milei retuiteando mensajes que califican a los fueguinos como un «pueblo diseñado para vivir del empleo público y estafar al continente con ensambles chinos».

La rebaja de impuestos y aranceles para la importación de celulares, televisores, aires acondicionados y consolas de videojuegos anunciada por el Ejecutivo implica una amenaza para la industria local, que sostiene que la medida dejará en desventaja a los productos fabricados en el sur del país. Los gremios advierten que el ataque a Tierra del Fuego es el primer paso hacia un desmantelamiento más profundo del aparato productivo nacional.

La disputa entre el Gobierno nacional y la industria fueguina pone en evidencia la tensión entre la política económica y la defensa de la industria nacional. Mientras el Gobierno busca reducir los impuestos y aranceles para fomentar la competencia, los gremios y la industria local sostienen que la medida afectará negativamente al empleo y la producción en la región.

La Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) se plegó al paro universitario convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales para este viernes, en defensa de la educación pública y en reclamo de financiamiento y mejoras salariales.

La FATUN, que conduce Walter Merkis, ratificó su adhesión a las medidas convocadas por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en el marco de la «Semana de Visibilización de la situación de las Universidades públicas». El plan de lucha culminará este vieres 23 de mayo con un paro total de actividades por 24 horas en todas las casas de estudio públicas del país, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

La entidad gremial expresó su profunda preocupación ante la falta de respuestas a sus demandas por parte del gobierno de Javier Milei, y enfatizó en las consecuencias que habrá si no hay una respuesta al reclamo de financiamiento a la educación pública. «Sin respuestas por parte del Gobierno Nacional, la educación pública está en peligro», alertó la FATUN.

El paro universitario de este viernes es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la educación pública y la necesidad de defenderla. La FATUN y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales buscan alertar sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo superior y exigir respuestas urgentes por parte del Gobierno Nacional. La educación pública es un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido por todos.

La Dirección Nacional de Vialidad convocó a audiencias públicas para avanzar con la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias. El plan forma parte del proceso para cerrar Corredores Viales S.A. y busca reducir el rol del Estado en la infraestructura vial.

El Gobierno nacional lanzó una nueva etapa en su plan de reestructuración de la red vial mediante la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, actualmente bajo control estatal. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para desmantelar Corredores Viales S.A., una empresa estatal señalada por el Ejecutivo como ineficiente y deficitaria.

La segunda etapa del programa Red Federal de Concesiones (RFC) abarca tramos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Las audiencias públicas se realizarán en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante el mes de junio y permitirán que usuarios, organizaciones civiles y empresas interesadas puedan presentar opiniones y propuestas.

La privatización de las rutas nacionales es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de sus posibles consecuencias. Por un lado, la participación del sector privado puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de mantenimiento y gestión de las rutas. Por otro lado, la falta de regulación y control puede llevar a la explotación de los usuarios y a la degradación de la infraestructura vial.