Las 62 Organizaciones Peronistas, lideradas por Hugo Moyano y José Ibarra, realizaron una jornada clave para reactivar la Confederación General del Trabajo (CGT) y enfrentar el ajuste del Gobierno sobre los derechos laborales. El encuentro, realizado en la sede de la Federación de Conductores de Taxi, reunió a una amplia representación sindical de diversos gremios.

Durante la reunión, se expresó una fuerte preocupación por los ataques del Gobierno Nacional al modelo sindical, incluyendo intentos de limitar el derecho a huelga, intervenir las obras sociales sindicales y desarticular conquistas históricas del movimiento obrero. Los dirigentes destacaron la importancia de renovar las autoridades de la CGT y garantizar una conducción legítima y representativa.

Los dirigentes sindicales remarcaron la importancia de la unidad del movimiento obrero y la defensa de los derechos laborales. «Ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la unidad del movimiento obrero, la defensa de los derechos laborales y la resistencia ante cualquier intento de avasallamiento sindical», expresaron desde la mesa de conducción.

La jornada marcó un paso importante hacia la reorganización del sindicalismo peronista y la reactivación del Comité Central Confederal. Los dirigentes se comprometieron a impulsar un proceso que consolide la unidad y reactive la acción gremial frente al ajuste.

El Gobierno busca que no haya aumentos en junio y se agudiza el choque con ATE y UPCN. La propuesta de paritaria de 0% genera conflictos salariales en el sector público y privado.

La negociación salarial entre el Gobierno y los sindicatos estatales no comenzó con buen pie. El Gobierno nacional propuso una paritaria de 0%, lo que generó el rechazo de UPCN y ATE. La última reunión sirvió de puntapié para discutir el período que comienza a partir de junio.

Según Rodolfo Aguiar, jefe nacional de ATE, la paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT. Aguiar agregó que la pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo.

ATE determinó que el ingreso mínimo debería ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo. Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

La tensión en el sector privado

La decisión oficial de contener los aumentos salariales como ancla inflacionaria se extiende también al sector privado. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, no está autorizado a homologar tratos que superen el 1% mensual. Existen conflictos vigentes con Comercio, la Uocra, Alimentación y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El caso del Sindicato de Empleados de Comercio es el que viene de más larga data. Armando Cavalieri rechaza por ahora reformular el aumento trimestral de 5,4% que selló hace tres semanas. La Uocra se declaró en alerta y movilización ante la resistencia de la cámara empresaria de otorgar un aumento por encima del 1%.

La Justicia federal hizo lugar a un amparo presentado por las dos CTA y suspendió dos resoluciones del PAMI que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. El fallo es un revés para el gobierno nacional y un alivio para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza falló a favor de una medida cautelar presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), y ordenó al PAMI dejar sin efecto dos resoluciones que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. Las resoluciones 2431 y 2537/2024 emitidas por el PAMI habían sido cuestionadas por su carácter regresivo y por violar los principios de progresividad en materia de derechos sociales.

El resolución judicial es un triunfo para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste del gobierno nacional. Las organizaciones sindicales destacaron que el fallo no solo protege a sus integrantes y afiliados incluidos en el padrón del PAMI, sino que también reafirma la legitimidad de las centrales para actuar colectivamente ante políticas que lesionan derechos fundamentales.

Los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T) expresaron que la decisión representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados por parte del gobierno de Milei. También subrayaron que el PAMI «no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte», sino que debe garantizar el acceso a la salud como un derecho humano básico.