Los primeros tres meses de 2025 han visto un aumento significativo en las solicitudes de seguro por desempleo en Argentina, con un total de 30.560 personas que comenzaron a cobrar esta prestación después de ser despedidas sin causa y no lograr reinsertarse en el mercado laboral.

Del total de nuevas altas registradas en el trimestre, las actividades más afectadas fueron la industria manufacturera, con 7.157 despedidos, el comercio de vehículos (6.117), la construcción (5.699), las actividades administrativas (3.083), el transporte (1.377), y los servicios de comida y alojamiento (1.330). También se suman 1.096 despidos en el ámbito de la salud y los servicios sociales.

En marzo, 92.787 personas estaban recibiendo esta prestación, con un monto promedio de $236.543 mensuales. De esa cifra, 66.034 eran varones y 26.753 mujeres, con una fuerte concentración en la Provincia de Buenos Aires (38.180 beneficiarios), seguida por Santa Fe (7.337), Córdoba (6.613) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.487).

El crecimiento interanual de solicitudes de seguro por desempleo es preocupante: en 2024 se registraron 174.335 altas, lo que representa un aumento del 60% respecto a 2023 (108.942), y el doble de las registradas en 2022 (86.268). Es el nivel más alto de la serie histórica entre 2014 y 2024.

Esta prestación está destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por razones ajenas al trabajador. El derecho se encuentra regulado por la ley 24.013 de Contrato de Trabajo.

Para acceder, se requiere haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el mínimo es de 90 días en el último año. El seguro contempla entre 2 y 12 cuotas mensuales, dependiendo de la antigüedad y los aportes previos, y se prolonga 6 meses más para mayores de 45 años.

Mientras perciben la prestación, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, siguen cobrando asignaciones familiares y suman antigüedad para la jubilación o pensión.

Según lo dispuesto por el Consejo del Salario Mínimo, la prestación debe ser equivalente al 75 % de la mejor remuneración mensual de los seis meses previos al despido. No obstante, se estableció que el monto no puede superar el 100 % ni ser inferior al 50 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente, lo que en la práctica limita la cobertura efectiva del seguro, especialmente ante la pérdida de valor real del salario mínimo.

El próximo martes, los alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de San Juan no tendrán clases, ya que los docentes participarán en una Jornada Institucional del programa «Comprendo y Aprendo», enfocada en mejorar las habilidades de lectura, comprensión y escritura en la materia Lengua.

La implementación de este programa se da después de conocerse los datos de las pruebas Aprender, que mostraron falencias en la materia Lengua. El programa busca abordar estas debilidades y mejorar la calidad educativa en la provincia.

La decisión de suspender las clases el próximo martes para llevar adelante estas actividades es un paso importante para mejorar la educación. La capacitación de los docentes en el programa «Comprendo y Aprendo» puede ser una herramienta valiosa para comprender y mejorar las habilidades de los estudiantes.

Los docentes universitarios continúan su plan de acción gremial en reclamo de la inmediata apertura de la paritaria salarial, clausurada por el gobierno nacional desde octubre de 2024. La medida de fuerza se da en un contexto de atraso salarial y alta inflación que afecta directamente el poder adquisitivo de los educadores.

La segunda jornada de paro en las universidades nacionales se desarrolla de manera contundente, con movilizaciones y clases públicas que visibilizan la crisis que atraviesan las instituciones educativas. Los docentes universitarios, nucleados en CONADU y CONADU Histórica, reclaman un aumento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la creciente inflación.

La situación es alarmante, ya que los salarios docentes han sufrido un deterioro significativo desde la asunción del gobierno actual. Según datos oficiales, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 supera el 197%, mientras que la actualización salarial para los docentes universitarios fue del 68% al 86%, según el cargo. Esto ha generado una brecha salarial importante que afecta directamente la economía de los educadores.

La lucha docente no es solo un reclamo salarial, sino también una defensa de la universidad pública y la educación como derecho fundamental. Los docentes universitarios no solo enseñan, sino que también investigan y producen conocimiento que beneficia a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la falta de inversión en educación y la precarización de las condiciones laborales de los docentes ponen en riesgo la calidad de la educación y la producción científica.