El titular de la UOCRA en San Juan y referente de la CGT Eduardo Cabello se refirió a la difícil situación de los trabajadores de la construcción, la paralización de la obra pública y el reciente fallo judicial que ratifica el derecho a huelga.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Eduardo Cabello analizó el complejo escenario que atraviesan los trabajadores de la construcción en San Juan y en todo el país. En un contexto de fuerte ajuste por parte del Gobierno Nacional, que incluyó la paralización casi total de la obra pública, el sindicalista destacó el esfuerzo que implicó alcanzar un acuerdo paritario, aún en tiempos de crisis.

“No queremos caer en eso de ‘más vale poco que nada’, queremos lo que corresponde. Logramos un acuerdo que no suple necesidades, pero al menos ayuda a los compañeros que todavía están trabajando”, expresó.

Cabello criticó la contradicción entre el discurso de libertad económica y las limitaciones impuestas a la negociación salarial. “Antes, con un marco legal que acompañaba, podías discutir paritarias sin trabas. Ahora, con un supuesto modelo libertario, tenés más obstáculos que nunca”, afirmó.

Derecho a huelga y fallo favorable

Consultado sobre el reciente fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°3, que ratificó la vigencia del derecho a huelga en el país, Cabello celebró la resolución judicial:

“Sabíamos que la justicia podía actuar con responsabilidad, y gracias a Dios falló a favor de los trabajadores. No se trata solo de sindicalismo, se trata del derecho de cualquier ciudadano a ganarse el pan con dignidad”.

El clima social: “Esto está en ebullición”

Respecto al panorama general, Cabello no dudó en definir la situación como crítica.

“Estamos en ebullición. Cuando la gente sale a la calle, es señal de que las cosas no están funcionando. Se vienen más marchas, como la de los jubilados. La temperatura social sube porque el poder adquisitivo no alcanza y la gente ya lo empieza a sentir en el día a día”.

Finalmente, hizo un llamado a la dirigencia política, incluyendo a los propios sectores gremiales, a escuchar el mensaje de la ciudadanía:

“Si la gente eligió un gobierno de ultraderecha, es porque algo hicimos mal nosotros también. Todos tenemos que hacernos cargo y trabajar para devolverle a la gente la confianza que puso”.

La entrevista cerró con un agradecimiento mutuo y el compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, en tiempos donde la palabra «libertad» parece tener múltiples lecturas.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció públicamente la existencia de maniobras obstructivas por parte del Gobierno que impiden el normal desarrollo de la negociación colectiva, en clara violación a la libertad sindical y al derecho a negociar colectivamente.

En un comunicado oficial, la STVyARA, liderada por Graciela Aleña, expresó su profunda preocupación por la falta de respuestas y la obstrucción sistemática a la negociación colectiva, que afecta directamente a los trabajadores viales y compromete su derecho a una remuneración justa y digna. A pesar de los reiterados pedidos formales realizados por el sindicato en el marco del CCT 827/06 “E”, no se han obtenido respuestas satisfactorias, lo que ha llevado a la organización a solicitar judicialmente una medida autosatisfactiva para exigir la resolución urgente del reclamo salarial.

La situación se ha vuelto insostenible, ya que la falta de acuerdo en la negociación colectiva ha generado una gran incertidumbre y preocupación entre los trabajadores viales, que ven cómo su salario ha sido desvalorizado por decisiones políticas y cómo su capacidad para ejercer derechos básicos como la negociación paritaria se ve comprometida. La STVyARA ha denunciado que la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y áreas clave del Estado han incurrido en prácticas obstructivas y omisiones que impiden avanzar en la negociación.

Un llamado a la acción

La STVyARA reiteró su compromiso con la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y advirtió que toda omisión u obstrucción por parte del Estado en este sentido constituye una violación al principio de legalidad. En este contexto, el sindicato hizo un llamado a la acción para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores viales y para lograr una resolución justa y equitativa en la negociación colectiva.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lanzó un paro total de actividades para el próximo martes 10 de junio en Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, en reclamo por mejoras salariales y denunciando incumplimientos convencionales y falta de inversión en la empresa.

La APLA, que conduce Pablo Biró, denunció que la industria aerocomercial en Argentina atraviesa un momento «extremadamente crítico» y que las decisiones tomadas por la empresa «con liviandad no contemplan el impacto negativo de sus consecuencias». Los pilotos señalaron que la pauta salarial está «muy por debajo» de lo que consideran justo y que no hay propuestas de mejora por parte de las autoridades de la empresa estatal.

Entre los principales puntos de conflicto, el gremio denunció «inaceptables incumplimientos convencionales» por parte de la empresa, un «prolongado retraso en la pauta salarial» y la «falta de un plan de desarrollo profesional» para los trabajadores del sector. Además, criticaron la «ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía» y la «continua modificación unilateral de procesos y programaciones» por parte de la administración de la compañía.

Fallas técnicas y desinversión

El gremio también advirtió sobre las «recurrentes fallas técnicas en los aviones que se sostienen en el tiempo, producto de la falta de inversión», lo que impacta negativamente en las condiciones operativas y laborales de los pilotos y en el servicio diario a los pasajeros. El vocero del gremio, Juan Pablo Mazzieri, explicó que la medida llega como «un reclamo integral específicamente de Aerolíneas Argentinas» y ratificó que no hay propuestas de mejora por parte de las autoridades de la empresa estatal.