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 El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) calificó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como «ilegal, ilegítimo e inconstitucional», consideró que la norma implica «una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones» y rechazó una eventual privatización de los medios públicos, al defender el «rol social» que cumplen.

Con el lema «La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan», el Sipreba convocó para hoy mismo asambleas en la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

«Desde el Sipreba vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional frente al DNU que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, le decimos si al rol social de los medios públicos y no a las sociedades anónimas», dijo el sindicato que dirige Agustín Lecchi en un comunicado de prensa.

El gremio explicó que el DNU -publicado hoy en el Boletín Oficial- «establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas» y aclaró que «esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica».

«En términos generales, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso, también, porque la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus, y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico», detalló el comunicado.

El DNU, anunciado anoche en un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización.

Para el Sipreba, «no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable».

«En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», indicaron en el texto del comunicado.

En esa línea, remarcaron que «la actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad», y resaltaron que «ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del Producto Bruto Interno (PBI)».

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El salario mínimo en Argentina sufrió un fuerte retroceso en el último año, con una caída real del 28% que lo ha llevado a niveles inferiores a los de 2001, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Esta tendencia a la baja comenzó en diciembre de 2023 con una contracción del 15%, seguida de una caída del 17% en enero de 2024. Aunque hubo cierta estabilidad en los meses posteriores, la tendencia negativa se reanudó en junio y continuó hasta octubre.

Desde 2011, cuando el salario mínimo vital y móvil (SMVM) alcanzó su punto más alto, el salario mínimo acumula una pérdida real del 60%. A pesar de la caída en el poder adquisitivo, el empleo asalariado formal se mantuvo relativamente estable, con 10,1 millones de trabajadores registrados en los sectores público, privado y de casas particulares en agosto de 2024.

El análisis fue coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), quienes destacaron que esta crisis salarial y laboral, agravada por la inflación, impacta directamente en el consumo y refleja un deterioro estructural que afecta tanto a los ingresos de los trabajadores como a la dinámica del mercado laboral.

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