Luego de la finalización de la conciliación obligatoria, el Gobierno sanjuanino retoma el diálogo con los gremios docentes en un contexto económico volátil, atravesado por la presión inflacionaria y las señales de recorte provenientes de Nación. La negociación, lejos de una resolución inmediata, se adentra en un terreno de tensiones latentes.

La cita de este martes en el Centro Cívico entre los sindicatos docentes (UDA, UDAP y AMET) y los representantes del Ejecutivo provincial no será una más. A partir de las 16:30, las partes volverán a ocupar los asientos de una mesa paritaria que carga con el peso de una reciente historia conflictiva, una conciliación obligatoria fatigosa y la sombra persistente de una economía nacional imprevisible.

La postura del gobierno de San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y articulada en voz del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, apunta a resolver un nuevo acuerdo salarial que contemple un período de al menos dos meses. El objetivo no es menor: evitar el desgaste de reuniones paritarias mensuales que, en el marco de una inflación errática, tienden a deteriorar no sólo los ingresos docentes, sino también el vínculo entre el Estado empleador y sus trabajadores.

Sin embargo, cualquier intento de previsibilidad choca de frente con el devenir de las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei. La reciente decisión de liberar la cotización del dólar, sumada a la persistente suba de precios —con una inflación del 3,7% en marzo— proyecta una devaluación inminente que impactaría de lleno en el costo de vida. En este contexto, las negociaciones provinciales se ven condicionadas por una realidad nacional que actúa como telón de fondo —y muchas veces como obstáculo directo— de cualquier entendimiento sectorial.

La tensión no es solo financiera. Desde hace meses, el discurso oficial hace hincapié en la caída de la recaudación impositiva como argumento limitante al momento de formular propuestas salariales. Esta narrativa, que busca justificar la moderación del gasto público, no siempre es bien recibida por los gremios, que interpretan el mensaje como un anticipo de ofertas a la baja o sujetas a criterios fiscales antes que a la realidad social del trabajador docente.

En paralelo, la situación gremial no está exenta de desgaste. La necesidad de recomposición salarial frente al deterioro progresivo del poder adquisitivo convive con una creciente desconfianza sobre las promesas de recuperación económica. Las dirigencias sindicales, conscientes del humor de las bases, deben equilibrar la exigencia por mejoras con la responsabilidad de evitar nuevas medidas de fuerza que podrían agravar el clima social.

La mesa paritaria de este martes será un termómetro político y económico que revelará hasta dónde puede avanzar un gobierno provincial cercado por restricciones presupuestarias y señales contradictorias desde Nación. Para los docentes, será también un momento de definición: entre el pragmatismo de aceptar lo posible o el riesgo de confrontar por lo necesario. Lo cierto es que la educación, nuevamente, queda rehén de un modelo de país que aún no termina de definir cuál es su prioridad: la estabilidad fiscal o la dignidad del salario.

Marcelo Mena, secretario general del sindicato ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina), participó recientemente de un evento de alcance internacional que reunió a más de 3.000 delegados y delegadas del sector minero de todo el mundo. El encuentro tuvo lugar en Estados Unidos, organizado por el poderoso sindicato estadounidense United Steelworkers, y contó con la presencia de representantes de 22 países con fuerte vinculación a la actividad.

Durante la convención, se conformó un espacio de cooperación internacional entre sindicatos de Argentina, México, Perú, Canadá y Australia, entre otros. El objetivo: construir una red solidaria y de defensa frente a prácticas empresariales globales que, según Mena, afectan de manera directa tanto a los trabajadores como a las comunidades donde operan las compañías extractivas.

En su intervención, el dirigente sindical expuso con claridad la delicada situación que atraviesan los trabajadores mineros en nuestro país, haciendo hincapié en el impacto de las políticas del actual gobierno nacional. Denunció la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación y la devaluación, y alertó sobre la necesidad urgente de reabrir espacios de discusión salarial con las empresas.

“La minería no puede ser un negocio unilateral. Queremos que le vaya bien a las compañías, pero también a las comunidades y a los trabajadores”, afirmó Mena, dejando en claro que el crecimiento del sector debe tener correlato en empleo genuino, sueldos justos y desarrollo regional.

El rol de las inversiones y la defensa del trabajo local

El secretario general de ASIJEMIN remarcó que si bien el nuevo esquema cambiario puede alentar la llegada de inversiones, es imprescindible que estas estén enfocadas en el desarrollo nacional. «Las condiciones actuales permiten que las empresas giren divisas con mayor libertad. Pero eso no alcanza. Necesitamos que esas inversiones promuevan la contratación de mano de obra local, la participación de proveedores nacionales y el impulso de pymes vinculadas a la actividad minera», sostuvo.

En ese sentido, explicó que desde ASIJEMIN están en diálogo permanente con las compañías para exigir que el crecimiento de la industria sea acompañado por condiciones laborales dignas y sostenibles.

Un modelo de minería con innovación, inclusión y futuro

El mensaje que dejó Mena en este foro internacional fue claro: la única salida para Argentina es a través de la industrialización. Reivindicó el valor estratégico de la minería, pero advirtió que no basta con extraer recursos si no se promueve una cadena de valor que genere conocimiento, tecnología y empleo de calidad.

“La minería debe estar al servicio del desarrollo de las comunidades, de la producción nacional y de una economía más equitativa. No queremos repetir modelos extractivistas que enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos”, cerró.

La participación de ASIJEMIN en este tipo de encuentros no solo refuerza la presencia argentina en debates globales, sino que también evidencia la importancia de pensar una minería con compromiso social, visión de largo plazo y responsabilidad compartida. En tiempos donde los modelos productivos están en disputa, voces como la de Marcelo Mena se vuelven imprescindibles para construir una industria que mire más allá del mineral: hacia el bienestar de quienes la hacen posible.

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.