La inflación de marzo escaló a 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superando las expectativas de los consultores y generando preocupación en el Gobierno y la población en general. Este aumento significativo se produce en un contexto de especulación sobre una posible devaluación del peso argentino.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró una variación de 3,7% en marzo, más de un punto por encima del 2,4% registrado en febrero. Este dato llega en un momento clave, cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará el acuerdo con Argentina para enviar $20.000 millones, posiblemente atado a un nuevo régimen cambiario.

La inflación de marzo se disparó con fuerza, marcando su nivel más alto desde agosto pasado cuando había llegado al 4,2%. Según el Indec, el nivel general del IPC representativo del total de hogares del país registró una variación de 3,7% con relación al mes anterior. En los primeros tres meses del año, la inflación alcanzó 8,6%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 55,9%.Este aumento significativo genera preocupación en el Gobierno, que esperaba una suba de los precios, pero no tan alta.

El acuerdo con el FMI y la posible devaluación del peso argentino agregan incertidumbre al panorama económico. La devaluación podría generar un nuevo incremento de la inflación, afectando negativamente el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

La inflación es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos. En este caso, la posible devaluación del peso podría generar el encarecimiento de los bienes y servicios importados, lo que a su vez podría impulsar la inflación.

Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para controlar aumentos desmedidos y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La central obrera sostuvo una jornada de protesta de 36 horas con amplia adhesión nacional, en una señal de rechazo frontal a las políticas de ajuste económico del Gobierno nacional. sectores clave de la producción se detuvieron, y la legitimidad del reclamo retumba en un clima social cada vez más complejo.

En una postal que recuerda los momentos más álgidos de la historia sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una contundente protesta contra el Gobierno de Javier Milei, describiéndola sin ambages como “un éxito rotundo”. La medida, que incluyó una movilización y un paro general de 36 horas, logró una paralización notable en áreas neurálgicas de la economía, desde la industria hasta el transporte, pasando por la energía y los servicios públicos. El epicentro simbólico de esta jornada fue Vaca Muerta, eje estratégico de la política energética, donde las actividades se vieron interrumpidas.

“Hoy paramos el país”, sentenció Héctor Daer, uno de los triunviros que conducen la CGT, en una conferencia de prensa en la que, acompañado por Carlos Acuña y Octavio Arguello, reafirmó la voluntad del movimiento obrero de ejercer presión contra lo que califican como una política de empobrecimiento sistemático.

La medida de fuerza, en su tercera edición desde el inicio de la gestión libertaria, encuentra su justificación en un deterioro veloz del poder adquisitivo, una inflación persistente que devora los ingresos y una retracción del consumo que golpea a los sectores más vulnerables. Andrés Rodríguez, también dirigente de peso en la central obrera, sintetizó el hartazgo: “La gente no llega a fin de mes. Es un grito de angustia”.

Lejos de ser un episodio aislado, el paro se inscribe en una dinámica creciente de confrontación entre el Gobierno y el tejido sindical. El Ejecutivo nacional no solo desoyó las advertencias de los gremios, sino que respondió con una campaña mediática hostil, que incluyó la utilización de altoparlantes en la vía pública para desincentivar la protesta. Daer no dudó en equiparar esa estrategia con prácticas de gobiernos autoritarios, afirmando que “fue un mecanismo oscuro que se usó cuando la democracia se había perdido”.

En paralelo, el paro impactó en la vida cotidiana: bancos cerrados, recolección de residuos suspendida en la Capital, transporte reducido y escuelas con asistencia dispar. Aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió debido a la conciliación obligatoria, la visibilidad del paro fue irrefutable en los centros urbanos y zonas industriales.

En el trasfondo de esta jornada subyace una disputa ideológica de gran envergadura. El Gobierno de Milei avanza con una agenda económica de tinte ortodoxo, basada en la reducción drástica del gasto público y la desregulación del mercado laboral, mientras que el movimiento sindical defiende un modelo que garantice derechos adquiridos y frene lo que perciben como un proceso de demolición del Estado social.

El paro general encabezado por la CGT no solo constituyó un hecho sindical relevante, sino que se erigió como un termómetro político del clima social. Más allá de la contundencia de la adhesión, lo que está en juego es una disputa de fondo: la concepción misma de país. Mientras Milei apuesta por un cambio radical de paradigma, la CGT se planta como dique de contención, convocando a la memoria colectiva de un pueblo que conoce los costos del ajuste extremo. La incógnita es cuánto margen queda para el diálogo y si alguna de las partes está dispuesta a retroceder un paso antes de que la calle hable aún más fuerte.

La tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia una provincia partida entre sectores que acataron masivamente y otros que mantuvieron su operatividad casi intacta. Educación, bancos y vuelos fueron los más golpeados; transporte y oficinas públicas, los menos afectados. La protesta interpela al rumbo económico nacional y expone tensiones sociales en ascenso.

Este jueves 10 de abril, San Juan vivió una jornada marcada por la tercera medida de fuerza nacional encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldada por las dos CTA y una franja heterogénea de gremios estratégicos. La convocatoria, que surgió como respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, encontró en la provincia una adhesión parcial, con impacto desigual según el sector involucrado.

Educación y bancos, los pilares con mayor acatamiento

En el ámbito educativo, el paro encontró eco significativo. Las aulas de las escuelas públicas quedaron mayormente vacías, no sólo por la adhesión formal de gremios como UDAP y UDA, sino también por el acompañamiento tácito del cuerpo docente. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios, la quietud académica fue casi total. El vacío no solo fue físico: fue también simbólico, un signo del desgaste que atraviesa al sistema educativo ante la falta de diálogo estructural con el gobierno central.

Los bancos, por su parte, ofrecieron el rostro más visible del acatamiento. Las entidades financieras permanecieron cerradas de punta a punta, sin atención al público. Apenas funcionaron los cajeros automáticos y las plataformas digitales. La imagen de las sucursales desiertas, con carteles gremiales pegados en sus accesos, contrastó con la actividad de algunos empleados jerárquicos que, puertas adentro, cumplieron funciones sin atención al cliente.

A diferencia de otras provincias donde el transporte se vio paralizado, en San Juan los colectivos circularon con normalidad. La conciliación obligatoria vigente para la seccional local de la UTA garantizó la continuidad del servicio, tanto urbano como interurbano. Las paradas colmadas y el ritmo habitual del tránsito urbano resultaron ser una postal atípica en días de paro general.

Una situación similar se verificó en la atención de organismos nacionales como ANSES. Con personal presente desde las primeras horas del día, la sede central ubicada sobre calle Tucumán operó sin contratiempos, favorecida por un esquema de turnos previamente asignados y una logística que incluyó presencia policial preventiva. Este funcionamiento normal fue valorado por muchos sanjuaninos, especialmente jubilados y beneficiarios de asignaciones que aguardaban fechas clave en el cronograma de pagos.

El Centro Cívico, núcleo de la administración provincial, también mostró signos de continuidad operativa. La circulación de empleados públicos y ciudadanos en busca de trámites resultó fluida, sin mayores alteraciones. Ni siquiera una tentativa de autoconvocatoria logró alterar el curso de la jornada.

En las estaciones de servicio, la decisión empresarial de continuar con la actividad más allá de la adhesión gremial permitió que el abastecimiento de combustible se mantuviera estable. Recolección de residuos y el sistema ECO también operaron sin sobresaltos.

El paro nacional en San Juan reveló un escenario de fisura funcional, donde la contundencia de ciertos sectores contrastó con la normalidad de otros. Esta dualidad no sólo habla de la capacidad organizativa de los gremios, sino también de un tejido social que oscila entre la necesidad de expresar su descontento y la urgencia de sostener la actividad cotidiana.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una tensión creciente entre su proyecto de reformas estructurales y el rechazo que despiertan sus políticas de ajuste. La protesta, más allá de su impacto inmediato, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede sostenerse un modelo que avanza sobre derechos adquiridos sin consensuar con los actores sociales que lo integran?

San Juan, en su espejo provincial, no respondió con una sola voz, pero dejó un mensaje claro: la fragmentación no anula la inquietud, y la calma aparente no silencia el malestar que se gesta por debajo.