Los trabajadores del Correo Argentino anunciaron un plan de lucha por salarios, sumando otro foco de conflictividad en organismos y empresas estatales.

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la decisión unilateral de las autoridades de la empresa de fijar un porcentaje de incremento salarial «insuficiente» frente a la inflación. El gremio decretó el estado de alerta, con realización de asambleas en puestos de trabajo, y resolvió la convocatoria a un paro de actividades por 24 horas para el próximo martes 8 de abril.

La medida de fuerza se suma a las acciones gremiales impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), que incluyen una asamblea y movilización el miércoles 9 y un paro general el jueves 10. La organización que conduce Alberto Cejas consideró «inaceptable» el método de reemplazo de paritarias libres por una disposición caprichosa y mezquina.

Los trabajadores del Correo Argentino cerraron el 2024 con un 80% de devaluación de su salario producto de la inflación acumulada, mientras que se les ofrece un 2,7% siendo que se estima en 7% la inflación del primer trimestre del año. La paciencia de los trabajadores «tiene un límite y ese límite llegó hasta hoy», señaló el gremio.

El conflicto en el Correo Argentino se suma a la tensión en el sector estatal, con disputas en auge en distintas áreas y organismos frente al ajuste salarial y en materia de puestos de trabajo. En las últimas horas se concretaron medidas gremiales en la ex AFIP y se tensó la relación con los gremios viales ante la intervención de Corredores Viales SA.

La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su jornada de acción gremial por 36 horas, que incluirá una movilización al Congreso el 9 de abril y un paro general de 24 horas el día 10, en rechazo a la política económica del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que busca defender el salario y los derechos de los jubilados, contará con la participación de 79 delegaciones regionales. El pasado jueves, la central obrera realizó un plenario en la sede de Azopardo, con el objetivo de garantizar la contundencia del paro en el interior del país.

La movilización del 9 de abril comenzará a las 12 horas, con una concentración frente al Congreso de la Nación. El mensaje para el gobierno será claro: rechazo a las políticas económicas y exigencia de mejoras en las condiciones laborales y previsionales. El paro general del 10 de abril será de 24 horas, y contará con la adhesión de todos los sectores gremiales, sociales y políticos.

La CGT también anunció que el plan de lucha tendrá continuidad el 1 de mayo con una masiva movilización por el Día del Trabajador. La central obrera busca mostrar de manera unificada todos los reclamos y demandas sectoriales, reflejando el malestar social ante el ajuste económico, los despidos y las políticas de desregulación laboral.

La jornada de acción gremial por 36 horas es un llamado a la movilización y la unidad de los trabajadores y los jubilados en defensa de sus derechos. La CGT ratifica su compromiso con la lucha por una política económica más justa y equitativa, y convoca a todos los sectores a sumarse a la protesta.