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Lo dio a conocer Gerardo Martínez  líder de la UOCRA en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra. “El Gobierno no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”, afirmó

Mientras se acentuaron las divisiones sindicales por la estrategia que se seguirán contra las políticas de Javier Milei, la CGT efectuó este martes duras críticas contra el gobierno argentino en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que delibera desde ayer en Ginebra, Suiza: el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez, calificó la reforma laboral de “precarizadora y antisindical” y consideró que la Casa Rosada “no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”.

Al hablar durante una reunión plenaria de la Comisión de Normas de la OIT, el líder de la UOCRA advirtió que las políticas que viene desarrollado el gobierno de Milei “colisionan con los conceptos y valores de la justicia social con la idea de transferir al sector privado el rol del Estado”.

“Nosotros reafirmamos que sin Estado no hay Nación”, destacó el directivo de la CGT, luego de lo cual profundizó sus cuestionamientos contra Milei: “El Gobierno, por ejemplo, no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo, se despreocupa de la formación profesional, pretende limitar la negociación colectiva y se ausenta de sus obligaciones de combatir el trabajo no registrado con el adelantamiento de la inspección laboral”.

Ese cuadro, dijo, “representa claramente la contracara de las conclusiones de los expertos de OIT, donde el diálogo social es de vital importancia para abordar las cuestiones relacionadas con el trabajo”.

Luego consideró que “el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin consulta con los actores sociales y la sociedad civil, sin acudir al Poder Legislativo, pretendió introducir la reforma laboral más regresiva desde que recuperamos la democracia”.

El titular del gremio de la construcción, que será reelegido como miembro del Comité Ejecutivo de la OIT, detalló que la propuesta laboral del gobierno argentino es “una reforma precarizadora y antisindical con la finalidad de imponer un conjunto de políticas económicas y reformas estructurales que dañan las condiciones de vida y restrigen el ejercicio de la libertad sindical”.

“La respuesta del movimiento obrero fue a través de la Justicia y con masivas movilizaciones, con una consigna: Ni un paso atrás -agregó Martínez en su discurso-. La reducción del rol del Estado eliminando a ministerios, organismos autárquicos, despidiendo masivamente a trabajadores del sector público ocasionó, como consecuencia de la fuerte recesión, que se produjeran despidos en el sector privado, producto de la parálisis de la actividad económica”.

Gerardo Martínez y el director de la OIT, Gilbert Houngbo

En ese sentido, el jefe de la UOCRA hizo hincapié en “el sector de la construcción, motor del desarrollo económico sostenible de cualquier país, que se ha visto golpeado con la paralización injustificada de obras públicas y de infraestructura, generando la pérdida de miles de puestos de trabajo, además de comprometer las inversiones con el desarrollo productivo del país”.

Según el sindicalista de la CGT, “es fundamental tener una administración del trabajo virtuosa para garantizar el paseo del paso de la informalidad a la formalidad y para dar respuesta a ese 60% de trabajadoras y trabajadores informales que hay en nuestro país”. Y añadió: “Los expertos resaltan el rol fundamental que cumplen los ministerios de trabajo. En Argentina, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno actual fue degradar nuestro ministerio al rol de Secretaría de Trabajo, reduciendo sus funciones, vaciándolo de su finalidad pública”.

“Los trabajadores de mi país apelamos al diálogo social como llave maestra de democracia para la construcción de una Argentina con desarrollo, producción y trabajo”, señaló Martínez, quien finalmente se pronunció en favor de “un nuevo contrato social que responda a los desafíos del mundo del trabajo, pero fundamentalmente que atienda a la demanda de nuestro pueblo”.

El titular de la UOCRA está en Ginebra junto con el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad); Cristian Jerónimo (empleados de la Industria del Vidrio y la abogada de la UOCRA Marta Pujadas, entre otros. También concurrieron miembros de la CTA Autónoma como su titular, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, como Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Marín (Foetra).

Baradel también criticó al Gobierno al hablar ante la OIT: dijo que “implementó su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución Argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo” y que “se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas que, analizadas en conjunto, constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a sectores concentrados y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional”.

Además, sostuvo que “el Poder Ejecutivo Nacional ha destruido el empleo público con más de 20.000 despidos, cifra que sigue en aumento, desmantelando la administración del trabajo, especialmente en un mundo laboral en transformación, como establece el documento en estudio”. Y resaltó que “ha recortado los salarios de los docentes, suprimiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que había sido parte de su salario durante más de 25 años, eliminado el presupuesto destinado a ello”.

Por Ricardo Carpena

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Conflicto docente en San juan: entre las restricciones presupuestarias y la presión gremial

La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

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La CGT ratificó la protesta gremial de 36 horas en rechazo a las políticas del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su jornada de acción gremial por 36 horas, que incluirá una movilización al Congreso el 9 de abril y un paro general de 24 horas el día 10, en rechazo a la política económica del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que busca defender el salario y los derechos de los jubilados, contará con la participación de 79 delegaciones regionales. El pasado jueves, la central obrera realizó un plenario en la sede de Azopardo, con el objetivo de garantizar la contundencia del paro en el interior del país.

La movilización del 9 de abril comenzará a las 12 horas, con una concentración frente al Congreso de la Nación. El mensaje para el gobierno será claro: rechazo a las políticas económicas y exigencia de mejoras en las condiciones laborales y previsionales. El paro general del 10 de abril será de 24 horas, y contará con la adhesión de todos los sectores gremiales, sociales y políticos.

La CGT también anunció que el plan de lucha tendrá continuidad el 1 de mayo con una masiva movilización por el Día del Trabajador. La central obrera busca mostrar de manera unificada todos los reclamos y demandas sectoriales, reflejando el malestar social ante el ajuste económico, los despidos y las políticas de desregulación laboral.

La jornada de acción gremial por 36 horas es un llamado a la movilización y la unidad de los trabajadores y los jubilados en defensa de sus derechos. La CGT ratifica su compromiso con la lucha por una política económica más justa y equitativa, y convoca a todos los sectores a sumarse a la protesta.

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La Mesa de Enlace y su estrategia de congelamiento salarial

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del sector agropecuario, busca congelar los salarios de los peones rurales, mientras presiona para conseguir una devaluación que beneficiaría sus ingresos.

La discusión por los salarios de los peones rurales está frenada. La oferta de las entidades agropecuarias es del 0% de aumento para el mes de marzo, seguido de un 1,7% en abril y mayo. Sin embargo, el gremio Unión Argentina Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) rechazó esta propuesta y solicitó un aumento acumulativo del 9% en tres tramos.

La situación es crítica, considerando que los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza. Según el INDEC, en febrero, la canasta básica total de pobreza (CBT) subió un 2,3%, y una familia tipo necesitó tener ingresos por encima de $ 1.057.923,42 para no ser considerado un hogar pobre.

Mientras tanto, la Mesa de Enlace presiona para que el Gobierno Nacional encare una devaluación del tipo de cambio, lo que les permitiría aumentar sus márgenes de ganancias. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía y la sociedad en general.

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