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Gremios y organizaciones movilizarán por los detenidos en el Congreso
Organizaciones gremiales, sociales y políticas se suman a la marcha convocada a Plaza de Mayo por familiares y amigos de las 16 personas que continúan privadas de su libertad desde la represión del miércoles en el Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) no participará, pero hay sindicatos que convocaron a movilizar para exigir la liberación de las y los detenidos durante la protesta contra la Ley Bases.
La convocatoria es para este martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí está previsto que familiares detenidos lean un petitorio con los nombres de los detenidos. De acuerdo a lo que informaron a El Destape desde la organización, los ejes del acto serán «Libertad a los detenidos», «desprocesamiento y anulación de las causas» y «protestar no es delito”. La decisión de movilizar se definió este lunes en una reunión en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) a la que asistieron organismos de Derechos Humanos, abogados, familiares de detenidos, detenidos liberados, asambleas, organizaciones sociales políticas y diputados.
La presencia de figuras y organizaciones le darán peso al reclamo. Sin embargo, la CGT confirmó a este portal que no convocará a marchar, aunque se espera que algunos sindicalistas que integran la confederación marchen, como es el caso de Pablo Moyano (Camioneros). Los gremios que ya confirmaron su presencia son: los metrodelegados, los trabajadores estatales de ATE, los docentes de CTERA y La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y organismos de derechos humanos también reclamaron la inmediata libertad de los detenidos en Congreso. “Acá estamos con las distintas organizaciones por la liberación de los detenido”, expresó Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de la CTA durante la asamblea, y apuntó contra la ministra de seguridad, Patricia Bullrich: “Ocurrió por decisión de la ministra Bullrich que ordenó una represión indiscriminada, inventando causas penales contra manifestantes, con la complicidad del fiscal Stornelli”.
Peidro también advirtió que frente a la violencia del ajuste y las consecuencias de la aplicación de la ley Bases, “la movilización va a ir en aumento y es de esperar que la actitud violenta del gobierno también se profundice. Necesitan las cárceles llenas de compañeros y compañeras porque este ajuste cada vez va a provocar el levantamiento de otros compañeros en todo el país
En este marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también convocó a la marcha y apuntó que «el gobierno muestra un autoritarismo creciente que no es compatible con la democracia” y “en este momento todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”. El dirigente afirmó que «hay un proceso de disciplinamiento y persecución en marcha que cuenta con la complicidad del Poder Judicial”. Y agregó: “La división de poderes casi no existe. Cuesta mucho encontrar jueces y fiscales independientes. La mayoría recibe órdenes desde la Casa Rosada”.
Durante la represión fueron detenidas 33 personas por su supuesta participación en disturbios, entre ellas trabajadores estatales. Hasta el momento, sólo 17 fueron liberados y quedan aún 16 encarcelados. En tanto, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, es decir volver a detener a los liberados, y a su vez, decidió imputarlos por los delitos de «terrorismo» y «sedición». «No podemos aceptar que en la Argentina se vuelvan a suspender derechos y suprimir garantías constitucionales. Ese es un horror y una época trágica que ya vivimos como sociedad. Todos los manifestantes fueron detenidos de manera ilegal y se están violando todas las leyes para mantenerlos encerrados. Exigimos su inmediata libertad”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) formó parte de la asamblea en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) y también convoca a la movilización de este martes. «La brutal represión y las arbitrarias detenciones ordenadas por la Ministra de Seguridad Nacional Patiricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei, son una clara demostración de impedir la libertad de protestar y de criminalizar la protesta social», apuntaron.
«Estas detenciones y la gravedad de las imputaciones son acciones que contradicen la Constitución y el derecho a peticionar en democracia, tienen por objetivo aterrorizar a la población para que no se manifieste», denunciaron y llamaron a movilizarse este martes.
En esta línea, metrodelegados del Subte apoyaron la convocatoria y llamaron a movilizarse este martes por las y los detenidos. «Ninguna persona debe estar presa por manifestarse. Libertad ya para los detenidos.Democracia para todxs!!!», apuntaron y convocaron a movilizarse a partir de las 16.30 a Plaza de Mayo.
Familiares y amigos de los detenidos denunciaron las condiciones inhumanas en las que se encuentran: duermen esposados en los patios de las comisarías, fueron recluidos en penales comunes y sufren todo tipo de hostigamiento de parte de la Policía. Según corroboró El Destape, continúan detenidos David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.
Fuente: Linea Sindical
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Milei creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva, una tropa para reprimir protestas sindicales
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La decisión fue oficializada hoy por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Gobierno creó lo que denominó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Se trata de una fuerza especial para “proteger” a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales.
En sintonía con la intención del Gobierno libertario de limitar el derecho de huelga y de habilitar los despidos con causa contra aquellos trabajadores que encaren protestas sindicales, la gestión de Javier Milei crea una fuerza especial para “enfrentarlos”.
Se trata de el Comando Unificado de Seguridad Productiva que se oficializó en la jornada de hoy en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Las creación de las nuevas milicias, que específicamente se enfocarán en la “protección” de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, se fundamentan en la supuesta necesidad de “protección especial” que requieren.
Entre los fundamentos de la decisión, se lee: “Que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.
El Comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrrich y buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.
La creación de una milicia es un nuevo paso en la escalada contra el derecho a la protesta, cuyos alcances legislativos todavía desconocemos. De hecho se espera la reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases para saber la profundidad de las normas que buscan cercenarlo por la vía legislativa.
Fuente: Infogremiales
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UATRE consigue un nuevo aumento trimestral
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727.
«Reafirmando su compromiso con el bienestar y prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores rurales, la UATRE acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727», anunció la entidad gremial.
El acuerdo obtenido en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) entre UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional fijó un mínimo de $640.136,05 para el salario mensual de agosto, para septiembre el salario básico pasa a $659.340,13, mientras que para octubre quedó establecido en $675.823,63.
Replican este porcentaje de aumento las siguientes actividades: Porcina en criadero (272/2024), Aplicación de Productos Fitosanitarios (273/2024), Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y Agrícola (271/2024) y Olivícola (268/2024).
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Confirman la intervención de dos obras sociales sindicales
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El Gobierno nacional redobló su avance en la seguridad social, y confirmó medidas similares en dos entidades nuevas. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), que a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente fueron intervenidas.
Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial. Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez. De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades “será determinado por el Poder Ejecutivo” y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Gabriel Oriolo, titular de la SSS. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.
Argumentos
El Gobierno apuntó a las prestadoras por adeudar la documentación requerida por ley. En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa “no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos”. Asimismo, indicaron que “no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas”.
“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86 por ciento de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.
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