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El sindicalismo iniciará una ofensiva judicial contra la Ley Bases y el paquete fiscal: los abogados de la CGT y de varios gremios importantes analizan, ahora con los textos de las leyes aprobadas en el Congreso, la presentación de amparos para impugnar algunos artículos por inconstitucionales.

Hasta ahora, la idea es que las denuncias no sean impulsadas desde la CGT sino desde los sindicatos: “Respetaremos las acciones soberanas que tiene cada organización sindical en su actividad para defender sus derechos, más allá de lo que pueda hacer la CGT como tal”, afirmó a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien también advirtió: “Todo está habilitado y lo sabremos usar, como lo hicimos cuando debimos actuar como CGT”.

El sindicalista aludía así a la impugnación de la CGT contra el DNU 70 ante la Justicia, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, que determinó que la Justicia del Trabajo declarara la invalidez constitucional de 6 artículos del decreto de necesidad y urgencia al considerar que “afectaban de modo directo los intereses y los derechos” de la CGT y los otros correspondían al derecho individual.

“Mantenemos nuestra soberanía y nadie nos ata las manos para hablar y actuar en defensa de los intereses de nuestros trabajadores; por eso la consigna que tenemos en la CGT es ni un paso atrás”, agregó Martínez, tras lo cual señaló: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Por su parte, el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria, ya adelantó que el sindicato que conduce impugnará ante la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias porque “hay un hecho que es muy grave: están generando un tributo con el voto de una sola cámara”. Y añadió: “Está claro que hay un proceso que es inconstitucional”.

Se descuenta que otros sindicatos cuyos afiliados sufrirán más descuentos salariales si se restituye el Impuesto a las Ganancias también seguirán el mismo camino judicial que la Asociación Bancaria, mientras los abogados de distintos gremios ya están en contacto para evaluar otros artículos del capítulo laboral de la Ley Bases que, aseguran, “dañan los derechos de los trabajadores”.

Cuando la Ley Bases fue aprobada en Diputados a fines de marzo, los abogados cegetistas ya consideraban “inaceptable” el artículo que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 3 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, pero, a juicio de los asesores legales de los sindicatos, consagra la “deslaboralización”, es decir, la desprotección laboral.

En ese punto existen amplias coincidencias entre la CGT y la CTA Autónoma, cuyo Instituto de Estudios y Formación (IEF) advirtió que esos trabajadores “dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales; carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo”. “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”, enfatizaron en esa central obrera.

En la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, trataron de contener en su momento los reclamos sindicales contra la figura del “trabajador independiente” que los eventuales problemas que pudiera generar se podían resolver mediante el decreto reglamentario de la Ley Bases.

Los expertos jurídicos de la CGT también objetan, entre otros, el artículo que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero, según advierten, no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.

También está en la mira el artículo agregado por el Senado que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerar que esas protestas, a las que suele recurrir el Sindicato de Camioneros, representa una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado.

Sobre ese tema en particular hay un antecedente judicial al que podrían apelar los abogados sindicales: uno de los artículos del DNU 70 considerados inválidos por la Cámara Nacional del Trabajo consideraba como infracción muy grave bloquear o tomar un establecimiento durante una medida de fuerza y afectar la libertad de quienes quieran trabajar durante un paro.

¿La CGT no piloteará la ofensiva judicial porque está satisfecha con la reforma laboral? El sector moderado, más allá de que no le preocupa el artículo “anti-bloqueos” porque no apela a esa modalidad de protesta, está conforme porque en sus negociaciones con el Gobierno y la oposición dialoguista consiguió que se eliminaran 42 artículos de la Ley Bases en sintonía con sus reclamos.

Las diferencias en la CGT fueron más evidentes en los últimos días: mientras Pablo Moyano batallaba contra la Ley Bases, un dialoguista como Gerardo Martínez dio un guiño a la sanción de la iniciativa al sostener en una entrevista con el diario Perfil: “Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan”. Otro miembro del ala dialoguista como Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, precisó que el contenido de la Ley Bases y del paquete fiscal “lo fuimos negociando hasta atemperar bastante sus efectos, tanto con legisladores como con el propio Gobierno”.

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Conflicto docente en San juan: entre las restricciones presupuestarias y la presión gremial

La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

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La CGT ratificó la protesta gremial de 36 horas en rechazo a las políticas del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su jornada de acción gremial por 36 horas, que incluirá una movilización al Congreso el 9 de abril y un paro general de 24 horas el día 10, en rechazo a la política económica del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que busca defender el salario y los derechos de los jubilados, contará con la participación de 79 delegaciones regionales. El pasado jueves, la central obrera realizó un plenario en la sede de Azopardo, con el objetivo de garantizar la contundencia del paro en el interior del país.

La movilización del 9 de abril comenzará a las 12 horas, con una concentración frente al Congreso de la Nación. El mensaje para el gobierno será claro: rechazo a las políticas económicas y exigencia de mejoras en las condiciones laborales y previsionales. El paro general del 10 de abril será de 24 horas, y contará con la adhesión de todos los sectores gremiales, sociales y políticos.

La CGT también anunció que el plan de lucha tendrá continuidad el 1 de mayo con una masiva movilización por el Día del Trabajador. La central obrera busca mostrar de manera unificada todos los reclamos y demandas sectoriales, reflejando el malestar social ante el ajuste económico, los despidos y las políticas de desregulación laboral.

La jornada de acción gremial por 36 horas es un llamado a la movilización y la unidad de los trabajadores y los jubilados en defensa de sus derechos. La CGT ratifica su compromiso con la lucha por una política económica más justa y equitativa, y convoca a todos los sectores a sumarse a la protesta.

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La Mesa de Enlace y su estrategia de congelamiento salarial

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del sector agropecuario, busca congelar los salarios de los peones rurales, mientras presiona para conseguir una devaluación que beneficiaría sus ingresos.

La discusión por los salarios de los peones rurales está frenada. La oferta de las entidades agropecuarias es del 0% de aumento para el mes de marzo, seguido de un 1,7% en abril y mayo. Sin embargo, el gremio Unión Argentina Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) rechazó esta propuesta y solicitó un aumento acumulativo del 9% en tres tramos.

La situación es crítica, considerando que los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza. Según el INDEC, en febrero, la canasta básica total de pobreza (CBT) subió un 2,3%, y una familia tipo necesitó tener ingresos por encima de $ 1.057.923,42 para no ser considerado un hogar pobre.

Mientras tanto, la Mesa de Enlace presiona para que el Gobierno Nacional encare una devaluación del tipo de cambio, lo que les permitiría aumentar sus márgenes de ganancias. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía y la sociedad en general.

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