La CGT prepara ofensiva judicial contra la reforma laboral y la restitución de Ganancias
El sindicalismo iniciará una ofensiva judicial contra la Ley Bases y el paquete fiscal: los abogados de la CGT y de varios gremios importantes analizan, ahora con los textos de las leyes aprobadas en el Congreso, la presentación de amparos para impugnar algunos artículos por inconstitucionales.
Hasta ahora, la idea es que las denuncias no sean impulsadas desde la CGT sino desde los sindicatos: “Respetaremos las acciones soberanas que tiene cada organización sindical en su actividad para defender sus derechos, más allá de lo que pueda hacer la CGT como tal”, afirmó a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien también advirtió: “Todo está habilitado y lo sabremos usar, como lo hicimos cuando debimos actuar como CGT”.
El sindicalista aludía así a la impugnación de la CGT contra el DNU 70 ante la Justicia, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, que determinó que la Justicia del Trabajo declarara la invalidez constitucional de 6 artículos del decreto de necesidad y urgencia al considerar que “afectaban de modo directo los intereses y los derechos” de la CGT y los otros correspondían al derecho individual.
“Mantenemos nuestra soberanía y nadie nos ata las manos para hablar y actuar en defensa de los intereses de nuestros trabajadores; por eso la consigna que tenemos en la CGT es ni un paso atrás”, agregó Martínez, tras lo cual señaló: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
Por su parte, el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria, ya adelantó que el sindicato que conduce impugnará ante la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias porque “hay un hecho que es muy grave: están generando un tributo con el voto de una sola cámara”. Y añadió: “Está claro que hay un proceso que es inconstitucional”.
Se descuenta que otros sindicatos cuyos afiliados sufrirán más descuentos salariales si se restituye el Impuesto a las Ganancias también seguirán el mismo camino judicial que la Asociación Bancaria, mientras los abogados de distintos gremios ya están en contacto para evaluar otros artículos del capítulo laboral de la Ley Bases que, aseguran, “dañan los derechos de los trabajadores”.
Cuando la Ley Bases fue aprobada en Diputados a fines de marzo, los abogados cegetistas ya consideraban “inaceptable” el artículo que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 3 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, pero, a juicio de los asesores legales de los sindicatos, consagra la “deslaboralización”, es decir, la desprotección laboral.
En ese punto existen amplias coincidencias entre la CGT y la CTA Autónoma, cuyo Instituto de Estudios y Formación (IEF) advirtió que esos trabajadores “dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales; carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo”. “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”, enfatizaron en esa central obrera.
En la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, trataron de contener en su momento los reclamos sindicales contra la figura del “trabajador independiente” que los eventuales problemas que pudiera generar se podían resolver mediante el decreto reglamentario de la Ley Bases.
Los expertos jurídicos de la CGT también objetan, entre otros, el artículo que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero, según advierten, no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.
También está en la mira el artículo agregado por el Senado que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerar que esas protestas, a las que suele recurrir el Sindicato de Camioneros, representa una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado.
Sobre ese tema en particular hay un antecedente judicial al que podrían apelar los abogados sindicales: uno de los artículos del DNU 70 considerados inválidos por la Cámara Nacional del Trabajo consideraba como infracción muy grave bloquear o tomar un establecimiento durante una medida de fuerza y afectar la libertad de quienes quieran trabajar durante un paro.
¿La CGT no piloteará la ofensiva judicial porque está satisfecha con la reforma laboral? El sector moderado, más allá de que no le preocupa el artículo “anti-bloqueos” porque no apela a esa modalidad de protesta, está conforme porque en sus negociaciones con el Gobierno y la oposición dialoguista consiguió que se eliminaran 42 artículos de la Ley Bases en sintonía con sus reclamos.
Las diferencias en la CGT fueron más evidentes en los últimos días: mientras Pablo Moyano batallaba contra la Ley Bases, un dialoguista como Gerardo Martínez dio un guiño a la sanción de la iniciativa al sostener en una entrevista con el diario Perfil: “Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan”. Otro miembro del ala dialoguista como Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, precisó que el contenido de la Ley Bases y del paquete fiscal “lo fuimos negociando hasta atemperar bastante sus efectos, tanto con legisladores como con el propio Gobierno”.
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«Nuevas reglas para los feriados puente: flexibilidad para las empresas, incertidumbre para los trabajadores»
El Poder Ejecutivo estableció tres días no laborables con fines turísticos, pero las empresas decidirán si dan el día libre a sus empleados.»
El gobierno de Javier Milei estableció que los días 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre serán considerados «días no laborables» en lugar de feriados. Esto significa que las empresas tendrán la libertad de decidir si darán el día libre a sus empleados o no.
En estos días, los trabajadores que presten servicio recibirán el salario simple, sin adicionales. Si el empleador considera la jornada como no laborable, pagará la remuneración habitual a todos sus empleados. Esto es diferente a los feriados, donde los empleadores están obligados a darles el día libre a sus trabajadores y abonar un pago doble a quienes trabajen ese día.
La ley 27.399 faculta al gobierno a fijar hasta tres días feriados o no laborables con fines turísticos. El objetivo es promover la actividad turística y crear fines de semana largos «extra-largos». Por ejemplo, en mayo de 2025, habrá un lapso de cuatro días no laborables entre el jueves 1° y el domingo 4.
¿Qué implica para los trabajadores?
- Los empleadores tienen la facultad de decidir si dar el día libre o no a sus trabajadores.
- Los trabajadores que presten servicio en estos días percibirán el salario simple, sin adicionales.
- Si el empleador considera la jornada como no laborable, pagará la remuneración habitual a todos sus empleados.
Diferencia clave entre días no laborables y feriados
- En los feriados, los empleadores están obligados a darles el día libre a sus trabajadores.
- Los trabajadores que presten servicios durante un feriado tienen derecho a un pago doble.
feriados puente para 2025
- Viernes 2 de mayo
- Viernes 15 de agosto
- Viernes 21 de noviembre
El cambio en los puentes turísticos para 2025 genera incertidumbre entre los trabajadores, ya que dependerá de cada empresa decidir si dará el día libre o no. Esto puede afectar los planes de viaje y descanso de muchos argentinos.
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Reforma Laboral: JxC avanza para limitar indemnizaciones y facilitar despidos
La Coalición Juntos por el Cambio (JxC) impulsa una reforma a la Ley de Contrato de Trabajo que busca limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales por inflación. Este proyecto, apoyado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica, responde a las demandas de las cámaras empresariales para frenar lo que denominan «la industria del juicio» ¹.
¿Qué implica la reforma?
La propuesta establece una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con una tasa de interés anual del 3%. Esto significa que las indemnizaciones laborales no podrán superar los límites del IPC más el 3% anual. La reforma afectará tanto los juicios pendientes como los concluidos sin pago.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Tetaz, aprobó tres dictámenes sobre la reforma. Sin embargo, aún debe pasar por la Comisión de Finanzas, liderada por Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), antes de llegar al recinto.
Las cámaras empresarias celebran el avance, argumentando que la litigiosidad laboral es un obstáculo para el desarrollo de empleos de calidad. Sin embargo, los críticos advierten que esta limitación podría perjudicar a los trabajadores en un contexto de alta inflación. Las ART sugieren que un cambio estructural requiere la implementación de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias.
¿Qué sigue?
El proyecto podría demorarse hasta 2025 si no se incluye en sesiones extraordinarias. Mientras tanto, la UART reporta un aumento del 7,6% en los juicios por riesgos del trabajo en los primeros diez meses de 2024, con 105.960 casos registrados.
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UOCRA logra aumento Salarial del 12,48% más bono de $150.000
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) consiguió un importante acuerdo salarial con las cámaras empresarias, beneficiando a miles de trabajadores del sector.
La UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, anunció un aumento para el trimestre octubre-diciembre, además de un bono no remunerativo de $150.000.
El entendimiento establece un incremento salarial del 4% en octubre, un 4% en noviembre y un 4% en diciembre, con carácter acumulativo, que determina una suba total del 12,48% en el trimestre.
El acuerdo incluye la creación de una comisión bipartita para revisar los convenios vigentes, integrada por tres representantes de cada sector. El pacto deberá ser refrendado por la Secretaría de Trabajo mediante la homologación correspondiente.
Este logro es un importante paso hacia la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector de la construcción en Argentina.
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