CONÉCTATE CON NOSOTROS

El Gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 85% de la planta de lo que pertenecía al ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el marco de la baja de contratos estatales que se realiza de forma trimestral. 

Así lo comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó la rápida reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores. 

“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó el funcionario nacional a través de su cuenta de X.

De inmediato, desde ATE hicieron público un comunicado en el que cuestionan la decisión de la administración libertaria y hablan de un vaciamiento del programa para combatir la violencia por motivos de género. 

“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos», se expresaron al respecto. 

Para las ex empleadas, «el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.

«Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de
comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo», denunciaron respecto a los dichos de Cúneo Libarona

Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reco nocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.

Según precisaron, resulta imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres que contaba con equipos interdisciplinarios especializados. «En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley», agregaron.

Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.

«Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar», detallaron las especialista, y agregaron: “Los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%».

El Programa Acercar Derechos también fue desmantelado en algunas provincias y en otras cuenta con guardia mínima. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.

“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon al tiempo que revelaron que avanzarán por la vía judicial.

TEMAS RELACIONADOS:
Continúe Leyendo

Destacadas

Trabajadores de comercio adhieren al paro nacional de la CGT

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato con mayor cantidad de afiliados en América Latina, confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Con más de dos millones de afiliados en todo el país, esta decisión marca un punto clave en la magnitud que alcanzará la medida de fuerza.

En un comunicado difundido por la FAECyS califica el paro como una «respuesta legítima» y un llamado a la unidad, conciencia y organización de la clase trabajadora. La federación advierte que el actual rumbo económico pone en riesgo pilares fundamentales del Estado, como:

  • El sistema solidario de salud: La salud como derecho fundamental está siendo amenazada por la falta de inversión y la precarización de los servicios.
  • La seguridad social: La protección social y los beneficios para los trabajadores y jubilados están siendo cuestionados y reducidos.
  • La educación pública: La educación como derecho fundamental está siendo desfinanciada y privatizada.
  • La justicia social: La desigualdad y la injusticia social están aumentando debido a las políticas económicas y sociales implementadas.

«Si se destruye el Estado, nos quedamos sin justicia social; sin sistema solidario de salud; sin educación; sin seguridad social y sin desarrollo», advierte el texto de los mercantiles.

La entidad sindical también reivindica el paro como una acción en defensa de los jubilados y jubiladas, quienes serán protagonistas de una movilización frente al Congreso el miércoles 9, un día antes de la huelga general. «Por la defensa de nuestros/as jubilados/as, de la existencia del Estado y de los derechos de los/as trabajadores/as. ¡PARAMOS!», concluye el comunicado.

Con esta decisión, la Federación de Comercio se suma a una larga lista de gremios que ya confirmaron su participación, entre ellos:

  • Sindicatos del transporte: Los trabajadores del transporte están luchando por sus derechos y condiciones laborales.
  • Docentes: Los docentes están defendiendo la educación pública y sus derechos laborales.
  • Sanidad: Los trabajadores de la salud están luchando por la defensa del sistema solidario de salud.
  • Alimentación: Los trabajadores de la alimentación están defendiendo sus derechos laborales y condiciones de trabajo.

La FAECyS reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la protección del Estado.

Continúe Leyendo

Destacadas

Arranca una semana cargada de lucha gremial con 36 horas de protesta

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, sumado a una movilización en defensa de los derechos previsionales de los jubilados el miércoles 9 de abril. Ambas jornadas reflejan el malestar frente a la postura del gobierno nacional y las medidas adoptadas en las últimas semanas.

La Movilización del 9 de Abril: Un Clamor por la Justicia Previsional

Organizaciones sindicales de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y espacios políticos se reunirán en una marcha para exigir una recomposición urgente de los haberes y la actualización del bono para los jubilados.

El Paro General del 10 de Abril: Un Día de Protesta Nacional

Respeto a las libertades democráticas y los derechos sociales conquistados

  • Paritarias libres y homologadas
  • Aumento de emergencia y actualización del bono
  • Rechazo a la represión de la protesta social
  • Defensa de la industria nacional
  • Retorno de la obra pública
  • Ejecución de un plan nacional de empleo
  • Mayor presupuesto para educación y salud
  • Equilibrio económico y justicia social

El paro general tendrá un impacto significativo en la economía, ya que se espera una paralización total de las actividades en diversos sectores. La CGT busca garantizar que los trabajadores reciban un aumento de emergencia y una actualización del bono para hacer frente a la creciente inflación que afecta a casi todos los sectores.

Respaldo de la CATT: Un Paso Importante

El respaldo de la CATT garantiza la paralización de trenes, vuelos y operaciones portuarias, lo que agrega un componente clave al impacto de la medida. La UTA evalúa su adhesión, supeditada a una conciliación obligatoria vigente en el marco de las paritarias.

Continúe Leyendo

Destacadas

Trump declara la guerra a los sindicatos: más de un millón de trabajadores en la mira

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.

La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.

Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.

La reacción de los líderes sindicales

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».

La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.

El precedente de Ronald Reagan

La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.

La reacción de los diputados demócratas

Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.

Continúe Leyendo

Tendencias