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La Secretaría de Trabajo ha designado a Vanesa Analía Benavidez como nueva delegada normalizadora del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME), con el objetivo de avanzar en la regularización institucional de la organización sindical.

Esta medida se enmarca en el proceso de normalización del SOEME, que actualmente se encuentra intervenido judicialmente tras la destitución de Marcelo Balcedo y su comisión directiva.

Según la Resolución 317/2024 del secretario de Trabajo, Julio Cordero, Benavidez asume con facultades ejecutivas sobre los órganos de conducción del sindicato, limitadas a las acciones necesarias para la regularización institucional. Su tarea principal será la convocatoria a elecciones de nuevas autoridades sindicales en un plazo de cuarenta días a partir de su nombramiento.

Benavidez deberá presentar un cronograma electoral ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, en cumplimiento de la Ley N° 23.551 y su Decreto Reglamentario N° 467/88. Esta designación es parte de las acciones para cumplir con la orden judicial emanada del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 31, ratificada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El proceso de normalización del SOEME ha sido reforzado por un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación que confirma la necesidad de regularizar el sindicato, intervenido desde enero de 2018 tras la detención de Marcelo Balcedo en Uruguay por malversación de fondos y otros delitos graves.

El interventor actual, Dr. Julio César Simón, continuará a cargo de la administración y la representación legal del SOEME, mientras que Benavidez actuará como veedora electoral en el proceso de convocatoria y realización de las elecciones sindicales.

Esta designación marca un paso importante hacia la restauración de la legalidad y la representatividad democrática en el SOEME, tras años de crisis y irregularidades bajo la gestión anterior.

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Aeronavegantes destacaron el total acatamiento al paro

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) concluyó el paro parcial desarrollado desde las 5.am a las 14 horas de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, en reclamo por el estancamiento de las paritarias en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

La medida de fuerza fue realizada en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), tras el fracaso de las negociaciones paritarias con la gerencia de la empresa. Las últimas semanas el conflicto salarial profundizó el clima de tensión en el sector, con asambleas informativas escalonadas en distintos aeropuertos durante dos semanas por parte de los trabajadores, y sanciones y denuncias como respuesta de la firma estatal.

El secretario general del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, realizó un balance de la medida de fuerza y destacó que “se cumplió con total acatamiento de los trabajadores” y recordó que el paro está enmarcado en el plan de lucha de los gremios aeronáuticos contra el ajuste en la empresa línea de bandera, “los tripulantes hemos sufrido un 72% de pérdida de nuestro poder adquisitivo desde que asumió el nuevo gobierno”, subrayó.

Brey resaltó además que, “esta es una lucha de los cuatro gremios aeronáuticos de nuestro país donde tenemos compañeros de distintos sectores con sueldos que rozan la línea de pobreza” y agregó que, “estamos reclamando un 25% para seguir dialogando y poder destrabar esta situación, pero sin dudas no hay voluntad de parte de la empresa ni del gobierno” indicó.

El sindicalista aseguró que “de parte del gobierno no nos ha llamado nadie en los meses que llevamos de negociación, incluso cuando nos dictaron la conciliación obligatoria no nos ha citado nadie de la Secretaría de Trabajo”, por lo que desde el gremio, “entendemos que la voluntad de ellos es nula para destrabar esta situación”, afirmó.

Finalmente el dirigente gremial adelantó que los gremios del sector no descartan llevar adelante nuevas protestas durante el mes de septiembre y manifestó que, “necesitamos una propuesta seria y acorde a nuestras demandas de recomposición salarial”, concluyó.

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Aceiteros logró acuerdo salarial y superó el 1.5M de básico

La Federación de Aceiteros y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo cerraron un acuerdo con las cámaras empresariales CIARA, CIAVEC y CARBIO que eleva el salario básico inicial a $1.562.655. Este aumento beneficia a las y los obreros aceiteros de ambos convenios colectivos y constituye la destrucción de un nuevo techo salarial con una mejora sustancial en los trabajadores del sector.

En términos porcentuales, el acuerdo representa un incremento del 26% sobre el salario actual, que, sumado al 76,25% acordado en enero y abril, alcanza una suba total del 122% para lo que va del 2024. Las partes anunciaron un neuvo encuentro en diciembre para discutir el próximo convenio anual.

El acuerdo se logra luego de que todo el conjunto de organizaciones gremiales aceiteras, la federación y la base de San Lorenzo, llevaran adelante una huelga nacional de 7 días, en la que participaron de manera eficaz los trabajadores que, finalmente, acordaron condiciones. La unidad entre ambas organizaciones, lograda después de muchos años de lejanía, fue clave para alcanzar este resultado en un contexto de tensión con el gobierno nacional y la presión sobre los derechos laborales y sindicales.

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UATRE repudió el atentado al titular de la Sociedad Rural

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) expresó hoy su más enérgico repudio al atentado ocurrido esta mañana en Palermo, sede de la Sociedad Rural Argentina.

Momentos después de que se conocieran los hechos el gremio que nuclea a los peones rurales condenó «este acto de violencia que atenta contra la paz, la seguridad y la convivencia en nuestra sociedad».

«Nos solidarizamos profundamente con su presidente, Nicolás Pino, su vicepresidente Marcos Pereda y las víctimas que sufrieron lesiones por este repugnante hecho», añadieron.

E hicieron un llamado a las autoridades «para que se investigue a fondo lo sucedido, se identifique a los responsables y se los someta con todo el peso de la ley».

«Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en forma pacífica y civilizada, convencidos de que la violencia nunca puede ser el camino para resolver ningún tipo de diferencias. Es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad construir un país basado en el respeto mutuo, la justicia y la paz», concluyeron.

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