CONÉCTATE CON NOSOTROS

Luego del anuncio de los 282 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por parte del gobierno de Javier Milei, y de la represión a la asamblea en las puertas del organismo científico, ayer se firmó la reincoporación de 153 de esos trabajadores que fueron notificados de la renovación de sus contratos. Para el gremio estatal se trata de “un triunfo parcial”.

Así se lo confirmaron desde ATE-INTI, al portal especializado Periferia, donde expresaron que “seguimos el reclamo por los compañeros y compañeras que faltan porque la política de vaciamiento del gobierno sigue en marcha a través de los retiros voluntarios, de los cierres de las sedes del interior del país, de una política de falta de financiamiento”.

Giselle Santana, trabajadora del INTI e integrante de la Agrupación Granate de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), ofreció su lectura sobre los motivos por los que el Gobierno, finalmente, dio marcha atrás con la decisión de despedir a los 288 trabajadores: “Es una combinación de varios motivos, según entiendo, el nivel de conflicto en el INTI no es el mismo que en otros organismos, nostros venimos dando la pelea de antes que se dieran los despidos, cuando se conoció las intenciones del Gobierno de recortar la planta en un 30%, y se conoció el contenido de la ley Bases nosotros ya empezamos a dar la pelea y eso nos dio una ventaja de ir organizando un conflicto de mayor envergadura.”

“Por otro lado, en las regiones la inmensa mayoría de los directores y gerentes de los centros de investigación y desarrollo se opusieron a los despidos, explicando por qué eran imprescindibles los compañeros y compañeras que se buscaba despedir, haciendo una presión porque se desmantelaban programas de investigación y líneas de trabajo enteras, vaciando laboratorios que no iban a poder funcionar; y ahora asumió una nueva vicepresidenta y un nuevo gerente general más alineados con la Secretaría de Industria que busca reducir el INTI a su mínima expresión, por lo que si bien esto es una renovación de contratos, en 3 meses vamos a un nuevo conflicto seguramente, y a un ataque mayor en el intento de más despidos”.

Hoy por hoy, el funcionamiento del organismo está afectado ya porque 300 trabajadores y trabajadoras se acogieron al retiro voluntario, más allá de los 288 despidos. Unos que habían sido despedidos a fines de junio fueron notificados de la renovación de sus contratos. Así lo confirmaron desde la Asociación Trabajadores del Estado y explicaron que se trata de una parte de los 288 contratos que la dirección del organismo había informado que no renovaría.

“Si bien aún quedan 130 trabajadores y trabajadoras a la espera de una respuesta favorable, para ATE se trata de una victoria parcial ya que no se descontinuó el mes”, agregaron. También destacaron que quienes fueron reincorporados recibirán una recomposición salarial del 68%.

La medida se conoce a semanas de la represión que sufrieron los trabajadores en la puerta del organismo, cuando intentaban realizar una asamblea, justamente, en rechazo a los despidos y el vaciamiento.

Al respecto se expresó Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional. “Recordemos que en este mismo organismo un funcionario no quiso recibir a los trabajadores y trabajadoras del INTI, y prefirió romper un mosquitero y escapar por la ventana antes que dar la cara. Se trata de un triunfo parcial pero la verdad que no está mal celebrarlo entre tanta desidia”, afirmó la dirigente.

TEMAS RELACIONADOS:
Continúe Leyendo

Destacadas

Milei creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva, una tropa para reprimir protestas sindicales

La decisión fue oficializada hoy por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Gobierno creó lo que denominó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Se trata de una fuerza especial para “proteger” a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales.

En sintonía con la intención del Gobierno libertario de limitar el derecho de huelga y de habilitar los despidos con causa contra aquellos trabajadores que encaren protestas sindicales, la gestión de Javier Milei crea una fuerza especial para “enfrentarlos”.

Se trata de el Comando Unificado de Seguridad Productiva que se oficializó en la jornada de hoy en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Las creación de las nuevas milicias, que específicamente se enfocarán en la “protección” de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, se fundamentan en la supuesta necesidad de “protección especial” que requieren.

Entre los fundamentos de la decisión, se lee: “Que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.

El Comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrrich y buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.

La creación de una milicia es un nuevo paso en la escalada contra el derecho a la protesta, cuyos alcances legislativos todavía desconocemos. De hecho se espera la reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases para saber la profundidad de las normas que buscan cercenarlo por la vía legislativa.

Fuente: Infogremiales

Continúe Leyendo

Destacadas

UATRE consigue un nuevo aumento trimestral

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727.

«Reafirmando su compromiso con el bienestar y prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores rurales, la UATRE acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727», anunció la entidad gremial.

El acuerdo obtenido en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) entre UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional fijó un mínimo de $640.136,05 para el salario mensual de agosto, para septiembre el salario básico pasa a $659.340,13, mientras que para octubre quedó establecido en $675.823,63.

Replican este porcentaje de aumento las siguientes actividades: Porcina en criadero (272/2024), Aplicación de Productos Fitosanitarios (273/2024), Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y Agrícola (271/2024) y Olivícola (268/2024).

Continúe Leyendo

destacada

Confirman la intervención de dos obras sociales sindicales

El Gobierno nacional redobló su avance en la seguridad social, y confirmó medidas similares en dos entidades nuevas. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), que a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente fueron intervenidas.

Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial. Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez. De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades “será determinado por el Poder Ejecutivo” y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Gabriel Oriolo, titular de la SSS. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.

Argumentos

El Gobierno apuntó a las prestadoras por adeudar la documentación requerida por ley. En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa “no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos”. Asimismo, indicaron que “no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas”.

“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86 por ciento de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.

Continúe Leyendo

Tendencias