La decisión fue oficializada hoy por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Gobierno creó lo que denominó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Se trata de una fuerza especial para “proteger” a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales.

En sintonía con la intención del Gobierno libertario de limitar el derecho de huelga y de habilitar los despidos con causa contra aquellos trabajadores que encaren protestas sindicales, la gestión de Javier Milei crea una fuerza especial para “enfrentarlos”.

Se trata de el Comando Unificado de Seguridad Productiva que se oficializó en la jornada de hoy en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Las creación de las nuevas milicias, que específicamente se enfocarán en la “protección” de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, se fundamentan en la supuesta necesidad de “protección especial” que requieren.

Entre los fundamentos de la decisión, se lee: “Que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.

El Comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrrich y buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.

La creación de una milicia es un nuevo paso en la escalada contra el derecho a la protesta, cuyos alcances legislativos todavía desconocemos. De hecho se espera la reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases para saber la profundidad de las normas que buscan cercenarlo por la vía legislativa.

Fuente: Infogremiales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727.

«Reafirmando su compromiso con el bienestar y prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores rurales, la UATRE acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727», anunció la entidad gremial.

El acuerdo obtenido en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) entre UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional fijó un mínimo de $640.136,05 para el salario mensual de agosto, para septiembre el salario básico pasa a $659.340,13, mientras que para octubre quedó establecido en $675.823,63.

Replican este porcentaje de aumento las siguientes actividades: Porcina en criadero (272/2024), Aplicación de Productos Fitosanitarios (273/2024), Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y Agrícola (271/2024) y Olivícola (268/2024).

El Gobierno nacional redobló su avance en la seguridad social, y confirmó medidas similares en dos entidades nuevas. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), que a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente fueron intervenidas.

Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial. Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez. De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades “será determinado por el Poder Ejecutivo” y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Gabriel Oriolo, titular de la SSS. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.

Argumentos

El Gobierno apuntó a las prestadoras por adeudar la documentación requerida por ley. En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa “no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos”. Asimismo, indicaron que “no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas”.

“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86 por ciento de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.