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Palazzo ratificó que irá a la Justicia por la restitución de Ganancias
Así lo confirmó Sergio Palazzo, el titular de los bancarios, sector que se vería alcanzado casi en su totalidad por la cuarta categoría del tributo. «Tenemos la denuncia preparada porque es confiscatorio y es una rebaja salarial encubierta», sostuvo. Además plantea que no se aprobó por las dos cámaras en el Congreso.
El titular del sindicato bancario y diputado nacional, Sergio Palazzo, adelantó que judicializará la vuelta de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que fue reglamentada en la jornada de ayer. Por el nivel salarial de sus trabajadores el gremio está entre los más afectados por la quita de esa categoría.
“Ya tenemos la denuncia preparada porque es confiscatorio y es una rebaja salarial encubierta”, dijo y aseguró que el 95% de los empleados bancarios estará alcanzado por Ganancias, luego de las modificaciones incluidas en el paquete fiscal. “A más tardar mañana”(por hoy) se presentarán ante la Justicia, prometió el dirigente gremial.
“Imagínese una persona que, como tantas otras en la Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria y de (salario) neto le quedó 1.200.000 pesos. Tiene que pagar una cuota alimentaria de 300.000 o 400.000 pesos, con lo cual pagara impuestos sobre 800.000, esto es menos de la canasta para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”, sostuvo en diálogo con el Destape Radio.
De acuerdo a la normativa, reglamentada mediante el decreto 652/2024, los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Así, se estima que alrededor de 800.000 trabajadores comenzarán a pagar el tributo.
También, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente, a partir de 2025, en los meses de enero y julio por la variación del IPC del Indec.
Además, Palazzo afirmó que “hay categorías de acuerdo al ingreso que le va a absorber hasta el 16% y supera largamente el 20% que se puede retener de un salario por todo concepto, tanto legales como no legales, así que vamos a ir a la justicia como lo habíamos anunciado”.
La denuncia está preparada desde la semana pasada pero “estábamos esperando que ratificaran los números sobre lo que es el piso para no pagar, y a partir de ahí, están todos hechos los estudios del universo que abarca”, señaló.
Y añadió: “Estamos pidiendo la legitimación, es decir que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”.
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Milei creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva, una tropa para reprimir protestas sindicales
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La decisión fue oficializada hoy por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Gobierno creó lo que denominó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Se trata de una fuerza especial para “proteger” a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales.
En sintonía con la intención del Gobierno libertario de limitar el derecho de huelga y de habilitar los despidos con causa contra aquellos trabajadores que encaren protestas sindicales, la gestión de Javier Milei crea una fuerza especial para “enfrentarlos”.
Se trata de el Comando Unificado de Seguridad Productiva que se oficializó en la jornada de hoy en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Las creación de las nuevas milicias, que específicamente se enfocarán en la “protección” de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, se fundamentan en la supuesta necesidad de “protección especial” que requieren.
Entre los fundamentos de la decisión, se lee: “Que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.
El Comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrrich y buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.
La creación de una milicia es un nuevo paso en la escalada contra el derecho a la protesta, cuyos alcances legislativos todavía desconocemos. De hecho se espera la reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases para saber la profundidad de las normas que buscan cercenarlo por la vía legislativa.
Fuente: Infogremiales
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UATRE consigue un nuevo aumento trimestral
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727.
«Reafirmando su compromiso con el bienestar y prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores rurales, la UATRE acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727», anunció la entidad gremial.
El acuerdo obtenido en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) entre UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional fijó un mínimo de $640.136,05 para el salario mensual de agosto, para septiembre el salario básico pasa a $659.340,13, mientras que para octubre quedó establecido en $675.823,63.
Replican este porcentaje de aumento las siguientes actividades: Porcina en criadero (272/2024), Aplicación de Productos Fitosanitarios (273/2024), Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y Agrícola (271/2024) y Olivícola (268/2024).
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Confirman la intervención de dos obras sociales sindicales
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El Gobierno nacional redobló su avance en la seguridad social, y confirmó medidas similares en dos entidades nuevas. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), que a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente fueron intervenidas.
Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial. Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez. De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades “será determinado por el Poder Ejecutivo” y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Gabriel Oriolo, titular de la SSS. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.
Argumentos
El Gobierno apuntó a las prestadoras por adeudar la documentación requerida por ley. En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa “no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos”. Asimismo, indicaron que “no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas”.
“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86 por ciento de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.
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